Si de algún modo pretende reivindicarse el PRI ante la ciudadanía y busca entrar en la competencia por la Presidencia de la República, deberá continuar con la limpia de personajes con la sombra de corrupción sobre de ellos.

Uno de los principales argumentos que esgrime Andrés Manuel López Obrador y que le ha permitido permear entre la población en general, es su lucha contra la corrupción, tema quela sociedad trae a flor de piel, ante los continuos abusos de los gobernantes.

Es cierto que la corrupción no es privativa de los priistas, sino que se disemina entre los gobernantes de todo tipo de ideología y se debe actuar al parejo contra unos y otros, pero también es correcto decir que se ve más en los priistas, por el hecho de que son mayoría.

Los electores están conscientes de que los principales retos de los gobernantes es la lucha contra la corrupción, la violencia y la inseguridad, como temas principales.

Por eso si son los propios gobernantes los principales responsables de los desvíos de recursos y de la protección a delincuentes, la estrategia del PRI tendería a someter a juicios a los más posibles de esos malos gobernantes, especialmente a los que actuaron de manera obvia, esperando evadir la acción de la justicia.

La lista es amplia y lo único que se requiere es de la voluntad política para ejecutar las órdenes, ya que se debe actuar con absoluta responsabilidad y tener pruebas fehacientes de su responsabilidad, para evitar acciones fallidas.

El pueblo está ávido de que se muestra esa voluntad para actuar en contra de esos gobernantes que han cumulado grandes fortunas y que jamás se preocuparon por responder a la confianza ciudadana depositada en las urnas.
Ellos son, en gran parte, los culpables de que los electores se alejen de las urnas y que cueste más trabajo el que cumplan con su deber cívico de emitir su sufragio.

Y es que el gobierno federal y el Congreso de la Unión no han respondido en los momentos adecuados para actuar en contra de esos malos gobernantes.
Se deja pasar demasiado tiempo, lo que da oportunidad a que los corruptos intenten tapar sus faltas o, simplemente, huyan, para intentar ponerse a salvo de la justicia.

En la actualidad son varios los ex gobernantes que han sido señalados una y otra vez de corruptelas durante sus administraciones y por lo mismo no hay órdenes de aprehensión en su contra.

Sin duda que sus gobiernos fueron desastrosos, dejando grandes déficits, aunque en muchos de los casos, los actuales gobernantes no se deciden a presentar denuncia contra sus antecesores, tal vez, curándose en salud, de futuras acciones en su contra.

Existe una lista de ex gobernadores priistas que ha sido señalados por presuntos actos de corrupción y algunos de ellos, como en el caso de Rodrigo Medina de la Cruz, ex mandatario de Nuevo León, ya pisaron la cárcel, aunque por un lapso de 19 horas.

Otros como César Duarte Jáquez, ex de Chihuahua, se encuentra prófugo de la justicia mexicana, por lo que fue emitida la ficha roja de la Interpol.
Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, es señalado una y otra vez por los favores otorgados a familiares y amigos para la compra de terrenos y el otorgamiento de contratos en su administración, sin que hasta el momento se le finque responsabilidad alguna.

Fausto Vallejo Figueroa, quien gobernó de manera intermitente Michoacán ha logrado evadir todo tipo de responsabilidad, aunque uno de sus hijos, Rodrigo Vallejo Mora, (conocido como el Gerber) tuvo que responder por su relación con uno de los principales capos de la delincuencia en la entidad, Servando Gómez “La Tuta” y hasta el gobernador interino, Jesús Reyna García se encuentra detenido, por sus lazos con el crimen organizado.

Miguel Alonso Reyes, hoy director de FONATUR y ex gobernador de Zacatecas fue señalado por el presunto desvío de mil 540 millones de pesos, según la ex candidata de MORENA a la alcaldía de la capital, María Soledad Luévano. Antes de eso, la misma Luévano presentó otra denuncia por 340 millones de pesos en transacciones con empresas fantasmas.

Jorge Herrera Caldera, ex gobernador de Durango, se encuentra en la mira de su sucesor, José Rosas Aispuro Torres, quien reúne pruebas en su contra para mostrar las desviaciones ocurridas durante su desastrosa administración.

Carlos Lozano de la Torre es otro de los ex gobernantes (Aguascalientes) que pronto podría enfrentar una responsabilidad judicial. Unen esfuerzos el actual gobernador Martín Orozco, quien perdió ante Lozano en las urnas en 2010 y ganó seis años después a la priista Lorena Martínez y Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador que fue enviado a la cárcel por Lozano de la Torre y se encuentra libre enfrentando proceso.
Fernando Eutimio Ortega goza de la protección diplomática como Embajador de México en Paraguay, aunque varios de sus colaboradores como gobernador de Campeche se encuentran en prisión.

Recientemente diputados del Partido Verde anunciaron que solicitarán al pleno de la Cámara de Diputados la separación del cargo del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, por un presunto desvío de 400 millones de pesos del fondo de pensiones para trabajadores del magisterio.
Egidio Torre Cantú, ex gobernador de Tamaulipas, sospechoso de proteger a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

Rubén Moreira Valdez, actual gobernador de Coahuila es señalado por diversas faltas, aunque no se presenta todavía denuncia alguna en su contra.
Estos son algunos de los ex gobernantes y actuales que son sometidos al escrutinio de los electores y de los que el PRI tendría que deslindarlos o deslindarse si quiere competir con posibilidades en los comicios de 2018.

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