“Cometer un error y no corregirlo es otro error.” – Confucio.

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La democracia mexicana ha tenido una suerte de monstruo a la Frankenstein.

Cuando el tema fue ciudadanizar el proceso electoral y los partidos, el país avanzó en la materia, con las limitantes que la legislación imponía, después, los partidos políticos observaron que abrirse tanto, les resultaría contra producente y comenzaron vía Congreso a realizar las modificaciones a la legislación, de tal suerte de llegar al empantanado tema que hoy enfrentamos.

Y es que lo que este viernes se juega el INE, no es menor, a través del dictamen que habrá de emitir la Unidad Técnica de Fiscalización para ser votado por el pleno del Consejo General del Instituto, respecto a los posibles procesos de anulación electoral por rebase de topes de campaña.

Y es que todo apuntaría, a que la elección de Coahuila cargada como muchas otras de artimañas y cochupos, resultó ser la más sancionable y endeble, abriendo la posibilidad a anularla para con ello presionar a los partidos políticos en lo que será el futuro electoral del 2018 y la intentona de contener al gigante con pies de barro, representado en Andrés Manuel López Obrador y su Morena.

Así que las dirigencias del PAN y el PRI estarán haciendo hasta lo imposible para utilizar esta elección como una especie de terreno que garantice una coalición de facto entre ambos grupos políticos, en donde habrán de sumar al PRD en el afán de atajar la inminente llegada del tabasqueño a Los Pinos.

Así pues, en la negociación, los dirigentes habrán de poner también sobre la mesa la elección de Veracruz, como un contrapeso que permita que en el acuerdo todos ganen, en lo cupular, pero pasándose a traer a todos los ciudadanos.

El caso de Veracruz es especial, pues al tener 212 ayuntamientos el universo de posibles anulaciones se amplía convirtiendo el tema en un asunto de relevancia nacional.

De acuerdo al dictamen consolidado realizado por los mismos integrantes del INE, los partidos que rebasaron topes de gastos de campaña habiendo ganado o perdido la elección fueron Coalición PAN-PRD: 37; Coalición PRI-PVEM: 2; Movimiento Ciudadano: 1 y Morena: 17

Lo interesante de este análisis es que el mismo se determinó con base en el artículo 41 fracción VI de la Carta Magna, misma que dispone de dos condiciones para anular por rebase de tope:

1. Que se rebase en 5% (o más) el tope de gasto; y

2. Que la diferencia entre 1 y 2 lugar sea menor a 5% de la votación total emitida.

De ese modo por ejemplo solo serían tres los casos en donde pudiera procederse a una nulidad de elección para la Coalición PAN-PRD en los casos de Fortín de las Flores, en donde su candidato Antonio Mansur Oviedo, ganó la elección, la misma se impugnó, se confirmó un rebase de tope de campaña por un 8.22% y la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 2.81% de la votación, haciendo viable su nulidad.

El mismo caso aplicaría para Tuxpan en donde el también candidato de la Coalición PAN-PRD, Juan Antonio Aguilar Mancha, si ganó la elección, si se impugnó, se confirmó un rebase de tope de campaña por un 31.08% y la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 0.95% de la votación, haciendo viable su nulidad.

El tercer caso donde la Coalición gobernante a nivel estatal también podría perder por nulidad es en Villa Aldama, donde la candidata, Gisela Ramón Contreras, ganó, le impugnaron, se rebaso el tope de campaña por 31.99% y la diferencia entre primero y segundo lugar es de 2.19%, convirtiéndola en candidata a la anulación.

En todos los demás casos se presentan parcialmente los apartados del artículo 41 Constitucional, haciendo más complicado el escenario para alcanzar esa condicionante de nulidad.

Otro caso donde pudiera confirmarse una posible anulación la enfrenta el partido Movimiento Ciudadano (MC), en Jalcomulco donde su candidato José Alfredo Portilla Domínguez, ganó, le fue impugnado el resultado, rebasó por 33.76% el monto base de tope de campaña, y donde la diferencia entre primer y segundo lugar solo fue de 1.13%, siendo el cuarto candidato de los 212 ayuntamientos a ser anulado.

Pero lo que este informe también arroja, es como Morena verdaderamente emplea ese lenguaje quijotesco en donde la austeridad impera en su actividad política, pero al menos en 17 municipios rebasaron los montos de campañas y esos rebases en muchos de los casos fueron por cantidades que triplican el porcentaje permitido.

Casos como el de Nanchital de Lázaro Cárdenas son la muestra perfecta para evidenciar que esa austeridad republicana de la que tanto se jactan, es puro atole con el dedo, pues aun cuando en ese municipio no ganaron la elección con Esmeralda Mora Zamudio, si se pasaron por 80.23% el tope de rebase de campaña.

Otros dos casos los reflejan muy bien Otatitlán y Sochiapa en donde ambos se excedieron por 69.03% 59.90% los rebases de gastos de campaña permisibles.

Ahora bien, está pendiente el dictamen relativo a las quejas de fiscalización, por lo que puede incrementarse en número de casos de rebase de gastos de campaña, evidenciando que en esto de hacer política bajo las reglas simplemente los partidos políticos se lo pasan por el arco del triunfo.

En el dictamen consolidado se da vista al Tribunal Electoral Local, para que actúe en consecuencia, es decir, decreta la nulidad en los casos en que proceda y que desde luego hayan sido impugnados.


Al tiempo.


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