Todo hace suponer que el próximo año, sobre todo su primer semestre, será de terror para los veracruzanos, con un incremento inusitado en el número de delitos de alto impacto que superará el de por sí terrorífico 2017.
No solo es que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha logrado encontrar la fórmula para controlar la violencia criminal, sino que operarán en contra de ese anhelo de los veracruzanos dos factores que tienen que ver con los comicios del 1 de julio: que la violencia (sobre todo si causa terror) siempre ha sido usada para encauzar a los votantes a la abstención o a la emisión del sufragio en favor de los candidatos del grupo en el poder, lo que indica que no amainará, y por otra, que el gobierno yunista buscará desprenderse del compromiso de la seguridad pública para endilgárselo a los ayuntamientos que tomarán protesta el primer minuto de enero próximo.
Este lunes 4, en Boca del Río, el exdirector municipal de Tránsito y actual secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, puso la primera piedra de un desencuentro con fines electorales entre el gobierno de Yunes Linares y los próximos alcaldes veracruzanos, en particular los de Morena: transferirles la tarea que el gobierno estatal no ha logrado (ni logrará) cumplir de brindar seguridad a los veracruzanos.
Pero dijo cosas más estúpidas, por supuesto, por órdenes del Gobernador, porque estos funcionarios tienen prohibido abrir su bocota si no tienen permiso y no se les ha instruido de sus contenidos. Cuando se refirió a la queja de los próximos alcaldes de que no tendrán dinero para una policía propia y exigen que el gobierno yunista les transfiera recursos en la proporción en que éste se deshará de las funciones de vigilancia en los municipios señalados, entre ellos Xalapa, Téllez Marié dijo, con su arrogancia de cadenero de antro, que los recursos para la operación de las corporaciones debe salir de sus propias arcas.
“De manera muy especial pretendían que nosotros les diéramos dinero para su policía municipal; es como si nosotros le dijéramos a la Federación “oye, dame dinero para pagar mi policía estatal”. Eso no puede ser, por eso nuestro régimen jurídico y nuestro régimen orgánico establece tres niveles de gobierno y tienen su presupuesto”, dijo según la nota de Juan Jsé García de la agencia AVC.
Aunque ya lo sabe, habrá que recordarle a esta nulidad que el gobierno de Veracruz financia a la policía estatal principalmente con dinero proveniente de la Federación y, en menor medida, con recursos propios, de manera que decir tres niveles no quiere decir que cada uno se debe rascar con sus propias uñas.

Una estrategia bien orquestada

Que el sistema estatal de seguridad pública haya quedado cojo con la desaparición de 23 policías municipales en los dos sexenios anteriores, como dijo el titular de la SSP, no justifica que en el ánimo del actual Gobernador esté enquistada la idea de pasar a municipios las obligaciones sin transferirle los recursos y los bártulos. Solo habrá que recordar que el ayuntamiento de Xalapa ha contribuido con su presupuesto al parque vehicular de la SSP, y habría que ver si tiene la decencia de entregarlo al próximo alcalde.
Lo que queda claro es que el gobierno panista busca usar esta nueva responsabilidad de varios ayuntamientos, sin mediar un debido proceso de transición, para tener con qué tirarle a Morena, principalmente, aunque también al PRI.
Con la súbita responsabilidad de crear una policía municipal con elementos formados que no existen en el mercado laboral, sin dinero y con el chantaje de gobernador y secretario, siempre atentos a que los demás inclinen la cerviz ante sus majestades, el gobierno panista tendrá para echarle calabaza a la oposición.
Ya me los imagino en rueda de prensa:
“-Se ha incrementado la delincuencia, ¿qué hace el gobierno estatal, la SSP, para detenerla?
“-Estamos presionando a las autoridades municipales para que cumplan con su obligación de contener la ola delictiva. Desgraciadamente no contamos con la colaboración efectiva de los ayuntamientos de Morena, que seguramente están esperando a que llegue la amnistía prometida por López Obrador y con ello cese la violencia como por arte de magia.”
Y es que ni siquiera son cautos a la hora de echarle montón. Al día siguiente, martes 5, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), la panista Ana Cristina Ledezma, dijo cándidamente que los ayuntamientos pueden pagar los gastos de la seguridad pública municipal con los fondos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun).
Ledezma entró al quite en el CESP como bateadora emergente en lugar del fallecido abogado José Luis Lagunes López, en febrero pasado, sin ninguna experiencia en materia de seguridad. De 33 años, ha sido diputada local, consejera estatal y directora de asuntos electorales del comité estatal de su partido, donde temporalmente ocupó la Secretaría General.
Pero hoy se siente experta y con los arrojos suficientes para dictar cátedra a los próximos alcaldes, sobre todo a los de Morena, a quienes dice que recursos para policía municipal sí hay, que les falta voluntad política y solo esgrimen pretextos. Dijo que ha tratado de brindarles su amplia sabiduría tanto a los alcaldes en funciones como a los electos; “sin embargo, los que pertenecen al partido Morena no han asistido y sólo el 30 de septiembre acudió el alcalde electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero”.
Y apostilla: “Si la Secretaría de Seguridad Pública y el gobernador del estado dan las facilidades para apoyar a municipios, y en coordinación empecemos a trabajar para disminuir la incidencia delictiva estatal, es un trabajo que no puedes evadir, es una responsabilidad constitucional”.

Quieren atornillar a los morenistas

Los alcaldes electos de Morena han expresado su disposición a hacerse cargo de la seguridad de sus municipios pero hasta septiembre, pues carecen de recursos, y en ese tiempo deben convocar, seleccionar y capacitar personal para formar sus policías municipales, así como hacer una evaluación de camionetas, armamento y uniformes que le deberá entregar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Pero el ineficaz secretario de Seguridad Pública de Yunes sólo les da 30 días, una declaración perentoria que debería anunciar el tiempo en que cumplirá con sus obligaciones.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el señor de los lecheros y dirigente estatal de Morena, dijo que la SSP había enviado un oficio a los alcaldes electos en 23 municipios para que el presupuesto de egresos del próximo año contemple una partida presupuestal para seguridad pública, temas ambos (asumir la seguridad pública y destinar presupuesto) que solo compete al cabildo. Ya sabe que Yunes y, por ende, sus achichincles, creen que los alcaldes son empleados del gobierno estatal.
Y es que no sería cualquier cantidad sino el 20 por ciento del presupuesto, como mínimo, para crear la policía municipal, lo que significaría no destinarla a obra pública. Los veracruzanos, por tanto, tendrían un doble problema: no contar con una policía eficaz (aunque este problema ya se vive) y no poder contar con obra pública en general, sea porque el gobierno estatal no la realiza (y se centra en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río) o porque el ayuntamiento está imposibilitado para hacerla pues los recursos debe destinarlos a la policía.
Ante ello, los alcaldes electos de Morena han anunciado que buscarán reunirse con Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que los recursos orientados a seguridad lleguen directamente a los municipios, sin pasar por la Sefiplan.

Ya piden Comisionado de Seguridad en Veracruz

Tan mal están las cosas en materia de seguridad que ya varios dirigentes de partidos se han manifestado porque el gobierno federal envíe a Veracruz un Comisionado de Seguridad. Primero lo planteó el senador priista Héctor Yunes Landa, y ahora han coincidido los diputados federales de la bancada de Morena, quienes han solicitado que intervenga la Segob y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ante los crecientes índices de delincuencia y una mayor presencia de grupos delictivos.
Los diputados Rocío Nahle y Cuitláhuac García, junto con alcaldes electos de Morena expresaron que solicitarán la intervención del gobierno federal en Veracruz para ayudar al gobierno local en el combate a la inseguridad. Rocío Nahle dijo que “necesitamos trabajo de inteligencia, ver dónde hay células, en qué se está fallando, ver qué grupos delictivos están llegando al territorio veracruzano”.
Dejó en claro que no se trata de desplazar al gobierno de Veracruz, “y si no se ha entendido es una pena, hemos solicitado un Comisionado de Seguridad que para que ayude, porque los índices de delincuencia se han desatado, y no es para que desplace”.


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