DESPUES de haber surgido la noticia en el sentido de que los diputados locales, le sacaron la vuelta al asunto de la desaparición del fuero constitucional, sistema político que los protege mientras se encuentran en funciones, de cualquier acción que los pudiera perjudicar, principalmente, para responder ante las autoridades judiciales por la comisión de algún delito que merezca prisión, todo mundo se pregunta a que o a quienes obedecieron los legisladores que prefirieron callar ante una demanda que ya viene siendo constante en el ámbito político de Veracruz, y del propio país.

Pues nada, antes que otra cosa, podríamos decir que la comparecencia del auditor general del ORFIS, de plano los espantó, luego de que declarara a los medios de comunicación que tenía en su carpeta, por lo menos, ciento treinta y nueve denuncias por malos manejos presupuestales en algunas dependencias del Gobierno pasado y de los municipios, que conjuntamente habrían desviado más de treinta mil millones de pesos.

Eso les dio a entender a la mayoría de los diputados, que si aprobaban la desaparición del fuero constitucional, se presentaba la ocasión para que fueran a parar a la cárcel, una buena parte de ellos, aún cuando saben perfectamente bien que el fuero no es para toda la vida, sino que en algún momento esta protección se extingue, de tal manera, que estarían a disposición de las autoridades, principalmente de la Fiscalía General del Estado, que en estos tiempos, aparece con la espada desenvainada para dar cumplimiento, según se sabe, a los compromisos contraídos por el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de llevar ante el banquillo de los acusados a todos aquellos ex funcionarios gubernamentales que se fueron al agua con buena parte del presupuesto general del Estado.

La mayoría de los diputados locales, aún sin haber sido ex funcionarios o ex colaboradores del pasado gobierno, saben bien que en su largo o corto trayecto político, tienen en su haber ciertos pecadillos que los llevarían a ser procesados en determinado momento, por lo que prefirieron callar y dejar que el fuero constitucional continúe vigente y que en el tiempo que les quede como representantes populares, no tengan mayor problema con la justicia veracruzana.

Pero más aquellos que buscan, de alguna manera, reelegirse, no sería conveniente en este momento que el fuero desapareciera, pues si llegan a concretar sus aspiraciones políticas, estarían sin esta protección que tanto les ha beneficiado a lo largo de sus respectivas funciones.

Es cierto que el Auditor Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, tiene algunos expedientes en espera de ser sacados a la luz, así como muchas acusaciones que ya se están formulando en contra de quienes hicieron mal uso de los recursos públicos de los veracruzanos, no todos estarían en la posibilidad de ir a la cárcel, pues también hay que reconocer que muchos ex colaboradores de Javier Duarte, como lo fue el mismo Portilla Vázquez, que sigue siendo el titular del ORFIS, tienen una función específica y en la cual han hecho un buen trabajo, tanto que a la fecha no hay ninguna investigación que los ponga en la duda acerca de la transparencia con la cual actuaron.

Ya decíamos ayer, que el ORFIS, tiene bien guardados los documentos que estarían comprometiendo a mucha gente que ahora goza de plena tranquilidad económica, debido a que sustrajeron de las arcas estatales, buena cantidad de recursos económicos que ahora les esta produciendo una buena vida. No todos están siendo llamados, cuando menos hasta estos tiempos en que se desenvuelve el presente gobierno, pues parece haber, desde ahora, cierto perdón, estrategia muy parecida a la de López Obrador, que de plano no quiere a más gente en los penales, tal vez, para no seguir manteniéndolos de manera permanente.

En fin, que el fuero constitucional, seguirá vigente y protegiendo a todos aquellos que saben bien que han actuado en contra de la ley y que resultan, por lo tanto, susceptibles de ser perseguidos por la fiscalía general del Estado.

El fuero, ya resulta, desde hace tiempo, una de las peores consideraciones constitucionales que protege a quienes se han aprovechado de su cargo para cometeré acciones o delitos que merezcan un castigo ejemplar.

De estos quedan muchos todavía en el Congreso del Estado, que desde luego, fueron de los que no estuvieron de acuerdo y prefirieron callar ante este compromiso con el pueblo veracruzano, al que, supuestamente, representan en la Legislatura del Estado. Mala señal, desde luego, para nuestros tiempos en que se quiere avanzar, pero que siguen existiendo obstáculos para mantener intacta a la impunidad.

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DESDE EL MISMO MOMENTO en que se comenzó a promover el programa del periodista Joaquín López Dóriga, sobre el tema de las democracias monárquicas, indudablemente que tan solo con el puro nombre ya se estaba tocando al caso de Veracruz, donde compite por la gubernatura del Estado, nada menos que el hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

De antemano se sabía que durante el desarrollo del programa se tendría que hablar sobre este hecho político en la entidad veracruzana. De ahí que la respuesta del gobernador, tendría forzosamente que sobrevenir de manera posterior, aunque pudo ser, incluso, en el mismo momento de la trasmisión del programa, pues dio tiempo para que los que se sintieran afectados, reclamaran lo que a sus intereses políticos conviniera.

Pero lo grave del asunto, es que se habla de una amenaza en contra del periodista que dirigió esta trasmisión, lo que sí puede significar un hecho de mayor trascendencia, ya que entran, al parecer, también los propios empresarios que se han ido fuerte en contra del titular del poder ejecutivo de Veracruz.

Para la tranquilidad del propio periodista, como de la empresa que lo sostiene, así mismo, para el gobernador, lo mejor sería que se mostraran las pruebas contundentes de todo lo que sucedió para saber con exactitud lo que realmente pasó.

No deja de ser, sin embargo, bastante preocupante, que se haya generado una amenaza por el trabajo periodístico desempeñado en el programa en cuestión, lo que, desde luego, no debería permitirse más, luego de que varios casos en el Estado y el país, se han dado con cierta recurrencia.

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TENIENDO EN CUENTA el interés del Órgano de Fiscalización superior, ORFIS, por mantener la transparencia en todos los entes fiscalizables, resulta importante la pregunta acerca de cuantos ex alcaldes de la entidad veracruzana, que apenas terminaron con sus funciones el pasado treinta y uno de diciembre, ya se encuentran en capilla para ser acusados de malversación de fondos públicos, como es el caso de Rosendo Pelayo, ex presidente municipal de San Andrés Tuxtla, al cual se le acusa de haber dispuesto de varios millones de pesos, quizá más de cien, para su particular provecho, porque dinero que no aparece y que debiera estar justificado en obras, es seguro que fue a parar, en su mayor parte, a los bolsillos del Ex alcalde.

Así, Rosendo Pelayo, no será el único que se encuentre en estas condiciones, pues poco a poco, conforme avancen las administraciones municipales que apenas se están estrenando, es posible que aparezcan evidencias de que otros municipios, se encuentran padeciendo del mismo mal.

Más trabajo para el ORFIS, pues apenas esta terminando de auditar la cuenta pública del gobierno pasado, así como de algunos municipios en donde se encontraron anomalías administrativas, cuando ya estará integrando los nuevos expedientes de otro tanto de ex alcaldes, que no tuvieron reparo alguno en tomar lo que no es suyo.

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.

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