En su edición de este jueves, el diario Reforma destacó en su portada una nota con nuevos datos sobre el caso de Ayotzinapa extraídos de un expediente judicial que el gobierno de Estados Unidos compartió con las autoridades mexicanas, el cual contiene conversaciones a través de mensajes de Blackberry que agencias estadounidenses, con autorización de un juez, interceptaron en Chicago a ocho operadores del cártel “Guerreros Unidos” que actualmente están detenidos en una cárcel de Illinois por tráfico de droga pero que hasta ahora no han sido interrogados sobre la desaparición de los 43 normalistas guerrerenses.

De acuerdo con esta versión periodística, la noche del 26 de septiembre de 2014 habrían sido desaparecidos en Iguala los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y por lo menos seis personas más. También se evidenció que policías de ese municipio, de Cocula y Huitzuco participaron en auxilio de sicarios de “Guerreros Unidos”, pues jefes de esa organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a elementos policiacos en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del Gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado.

Según el periódico capitalino, lo anterior está documentado en conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de “Guerreros Unidos” con sicarios en Iguala.

Pero esta no es la única mala noticia que proviene del sistema judicial del imperio norteamericano, sino que también trascendió otra negativa que posiblemente tenga gran repercusión en Veracruz.

Y es que Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, difundió el pasado miércoles que los fiscales del caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán presentaron ante la Corte de Nueva York un amplio recuento de la evidencia que podrían utilizar en el juicio y que describe “guerras” que implicaban a cientos de sicarios en disputa por el control de ciudades.

En un documento de 91 páginas presentado este martes, la Fiscalía pidió al juez Brian Cogan que acepte una serie de pruebas que respaldarían los 17 cargos por importar y distribuir cocaína en Estados Unidos que enfrenta Guzmán Loera en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Según Notimex, la evidencia, contenida en 300 mil páginas de documentos y que no necesariamente está relacionada de manera directa con los cargos, serviría para respaldar las acusaciones contra El Chapo.

Pero lo que ha llamado la atención es que la Fiscalía, además de presentar pruebas de “actos de violencia” –asesinatos, torturas y secuestros de rivales cometidos por el propio capo sinaloense, pese a que no existen cargos en su contra por estos delitos– incluiría también su escape de la cárcel así como información obtenida mediante grabaciones ocultas e interceptadas, y hasta su entrevista con los actores Sean Penn y Kate del Castillo.

El juicio contra El Chapo comenzará el 5 de septiembre próximo. ¿Saldrán a relucir los nombres de algunos funcionarios del gobierno panista de Veracruz, implicados en su increíble fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001?

YUNES EN LA SEGOB

Por cierto, este jueves, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue llamado a la Secretaría de Gobernación.

Fue convocado por el titular de la SEGOB, Alfonso Navarrete Prida, junto con los gobernadores panistas de los estados de Baja California, Durango, Guanajuato, Puebla Quintana Roo y Tamaulipas, donde al igual que en Veracruz los índices de inseguridad se han disparado.
En dicha reunión, Navarrete Prida remarcó que en materia de seguridad es indispensable continuar con un esquema de trabajo coordinado entre las distintas autoridades del Gobierno de la República con los estados y municipios, a fin de generar condiciones de bienestar para la ciudadanía y el desarrollo de la contienda electoral.
Navarrete Prida hizo énfasis en la voluntad del Gobierno de la República para fortalecer los mecanismos que permitan asegurar condiciones de desarrollo económico y social en sus entidades.
Estuvieron presentes el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora; el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Alberto Bazbaz Sacal; el comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, y el comisario General de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Víctor Manuel Torres Moreno.
El mensaje al parecer fue bastante claro: darle prioridad a la seguridad pública en sus estados y no distraerse en la operación electoral para favorecer a sus candidatos.




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