La salida de Ignacio Reyna García de la Secretaría de Gobierno de Michoacán por presuntos nexos con los Caballeros Templarios y la antigua Familia Michoacana es, en la lucha contra el narcotráfico en la historia reciente de nuestro afectado país, un auténtico parteaguas.
En primera, porque se trata de un poderoso personaje en la historia política de ese estado de la vertiente del Pacífico, en donde se asentaron los reales del narcotráfico y de otros delitos no menos graves, como fueron el secuestro, la extorsión, el pago de cuotas por operar el agro, la industria y los servicios, tala clandestina, venta de minerales, tráfico de armas, el manejo de uno de los puertos estratégicos de la economía nacional como es el de Lázaro Cárdenas, de lo que no desconocía y en una de ésas hasta de ser partícipe como lo señala el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam.
El gobernador Fausto Vallejo le tuvo una confianza ciega, si se comprueba que Reyna García le sustituyó en el cargo por seis meses mientras lo operaban del hígado en Estados Unidos; a su regreso éste le renunció y no le aceptó, lo reintegró a su cargo al frente de la Secretaría de Gobierno, por donde circula toda la información de lo que ocurre de punta a punta en el territorio michoacano.
Muchas veces se ha insistido en que la operación de la mafia no es ajena ni a los cuerpos de seguridad ni a la inteligencia de los gobiernos federal, estatal y municipal. Es muy difícil –aunque no imposible– escurrirse de la mirada gubernamental, sobre todo cuando se habla de actividades ilícitas en las que se mueven muchos millones de pesos y en donde hay constantes desplazamientos.
Como suele suceder en los pueblos, casi todo llega a saberse.
Por eso el surgimiento de los grupos de autodefensas, no exentos tampoco de filtraciones y hasta de acciones irregulares, como la compra de armamento, llama mucho la atención. Eso sí, surgieron como un medio de cuidado y protección porque de plano ya no aguantaban tanto daño y presiones de los grupos delincuenciales organizados en sus ciudades, pueblos y comunidades, aunque está a la vista que hay colados de todas partes y un refugio de no pocos sujetos entrenados y de muy alta peligrosidad.
Las acciones del gobierno federal –incluso por encima de los propios poderes estatales constituidos– comienzan a arrojar frutos positivos, sólo que la lucha aún es larga hacia simplemente lograr el objetivo fundamental en toda democracia: hacer prevalecer el estado de derecho.
Combatir impunidad y corrupción son ejes centrales de esta política emprendida por el presidente Enrique Peña Nieto, lo cual demanda con urgencia gobernadores, alcaldes, jueces, legisladores, en la misma dirección.
Porque se trata de un asunto muy complejo, no por nada el propio gobernador del Estado de México, el cual andaba siempre ocupado en su campaña sexenal, ahora tuvo que volver la vista a la realidad y solicitar el auxilio contra la migración de los narcos a su territorio; su homólogo del Distrito Federal tampoco debe relajarse ni un instante.
Y de ahí en adelante, se insiste, todos los gobernadores. Lo mismo pasa en el corredor de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, es decir, el Golfo.
Así que nos quedamos con las palabras de Peña Nieto: caiga quien caiga. Conviene a la imagen de México en el exterior, y sobre todo al interior.