Vaya oportunidad de oro que tienen las autoridades veracruzanas. El bloqueo que realizaron los miembros de AMOTAC y la enorme molestia que generaron entre los ciudadanos, otorgan a las autoridades, comenzando por el gobernador Javier Duarte, quien tiene vela en el entierro, porque es titular del Ejecutivo, la oportunidad de demostrar si Veracruz se rige por la ley.
Será la Procuraduría del estado, dependencia del Ejecutivo estatal, quien procese las denuncias que se presenten. Será la Dirección de Tránsito del estado la que determine la sanción administrativa que corresponda a las líneas de transporte urbano que bloquearon la ciudad de Córdoba, y será también la instancia que defina si la línea Cafeteros tiene la documentación en regla o cometió algún ilícito al trabajar las rutas que ocasionaron la molestia del resto del oligopolio transportista.
Como ciudadano me indigna que un grupo poderoso e influyente como es el autotransporte, paralice mi ciudad. Ellos, como cualquier otro ciudadano, tienen acceso a las autoridades correspondientes, donde pueden presentar sus denuncias y obtener la justicia que todos requerimos. Sin embargo, el bloqueo implica un chantaje a la autoridad y a los ciudadanos. Al mejor estilo del PRI de los años 70 del siglo pasado, y copiando la actitud de la CNTE, SNTE y demás mafias, deciden dañar a 200 mil habitantes exigiendo lo que ellos consideran que es justicia.
Si este acto de vandalismo gremial permitimos que quede impune, seguiremos en un país, un estado y una ciudad donde las leyes son letra muerta. La convivencia pacífica de los habitantes de este país está en riesgo. Si cada quien hace lo que le da la gana, si cada persona busca hacerse justicia por su propia mano, llegaremos a la total anarquía.
Los logros que ha tenido el Blindaje Córdoba, que fuera de críticas aviesas se percibe una mayor seguridad en la región, se vendrán abajo. Ningún funcionario podrá aplicar la ley si ésta no se aplica pareja a todos los ciudadanos.
Por eso, si los transportistas que bloquearon la ciudad violaron la ley, exijo que se les apliquen las acciones correspondientes de acuerdo con la misma ley. Si los concesionarios de la línea Cafeteros violaron la ley, que también se les aplique con todo su peso y rigor. Ya basta. Ya basta. Ya basta de que la ciudad se convierta en rehén de los intereses de unos cuantos, y que estos pocos, afecten a tantos.
La credibilidad de todo el sistema legal, de procuración y administración de justicia está en entredicho. Si unos cuantos influyentes pueden hacer lo que deseen, eso implica que el resto también tiene derecho a hacer lo que quiera, violar la ley, violentar los derechos de los demás y, sobre todo, chantajear a las autoridades para que fallen a nuestra conveniencia.
En lo personal, sin conocer a fondo el tema, y sin haber visto el mínimo documento, me parece que la reacción de los concesionarios demuestra que no tienen la razón. Si la tuvieran no necesitarían chantajear a nadie, simplemente exigir que la ley se cumpla y sacar de sus rutas a los “cafeteros”. Pero si no lo hicieron así, significa que saben que no tienen la razón, o algo mucho peor, que no confían en la Procuraduría, ni en la Dirección de Tránsito, ni en el propio gobernador del estado, y por ello actúan y actuaron como lo hicieron.
Ningún grupo, ningún ciudadano por encima de la ley. Ésa debiera ser la premisa para responder ante este bloqueo, y ante cualquier otro bloqueo o acto que violente la ley o los derechos del resto de los ciudadanos cordobeses.
No habrá necesidad de calificar en los medios la actuación de la autoridad. Ella misma se calificará al actuar o dejar de actuar. Al aplicar o dejar de aplicar la ley.
Se ha hablado de que quien bloquea una ciudad pierde la concesión. Ésta es una oportunidad de oro para el gobierno del estado. Eliminar todas las concesiones, y posteriormente otorgarlas de nuevo, pero bajo distintas condiciones. Exigir mejores autobuses, más seguros, choferes y personal capacitado, limpieza y eficiencia. Tantas cosas que se podrían mejorar.
Mi razonamiento deviene de que nadie más podría en el corto plazo sustituir a los actuales concesionarios. Entonces se aplica la ley, se mejora la situación de los ciudadanos, la atención y la calidad del servicio, y se reordenan las concesiones. Incluso modificando y cambiando rutas a conveniencia de la ciudadanía. Y si mucho me exigen, propondría que todas las rutas fueran competidas, que no hubiera una sola que fuera monopolio. Así, el ciudadano podrá escoger entre un mejor o peor servicio. Así ganaríamos todos.
Aplicando la ley se ganaría también generar una advertencia para cualquier tipo de grupos que pretendan chantajear a la autoridad dañando al resto de los ciudadanos… El mensaje sería claro: “En Veracruz se aplica la ley, en Veracruz rige el estado de derecho”. Y si deseas violar la ley, te atendrás a las consecuencias, incluso al uso de la fuerza pública. En Veracruz no existe el fantasma del 68. Aquí sí se usa la fuerza pública cuando se requiere, sin dudar; la mano firme guía los destinos del estado… Y si no se hace nada, el mensaje será: “Una mano temblorosa e insegura no se atreve a aplicar la ley y Veracruz es un estado sin ley”.


www.josecobian.blogspot.com
miguelcobian@gmail.com
@jmcmex