"Por los defectos de los demás el sabio
corrige los propios” - Publio Siro

Los señalamientos provocados a la salida del anterior titular de la Secretaría de Salud, Juan Antonio Nemi, han generado una serie de suspicacias entre la clase política, pero especialmente entre la sociedad, que demanda esclarecer las circunstancias.
Desde el pasado mes de abril, los señalamientos con respecto al manejo discrecional del presupuesto de la dependencia provocaron el enojo y el malestar del gobernador Javier Duarte.
Y cómo no estarlo, si hasta a la tribuna del Senado habría llegado el tema de la mano del senador Fernando Yunes Márquez, quizá el más cerebral del linaje yunista dentro del PAN.
El señalado malestar del gobernador Duarte tenía motivos, el pésimo manejo financiero de su antiguo responsable en el sector estaba provocando que el principal enemigo de su gobierno tuviera armas para quemarle el estado en infiernitos.
El senador opositor conseguiría por unanimidad la aprobación de un punto de acuerdo para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigara el presunto desvió de recursos públicos en el Seguro Popular en el estado de Veracruz en los años 2012 y 2013 por cerca de 350 millones de pesos.
El legislador afirmaba que la Auditoría Superior de la Federación habría determinado que en el ejercicio fiscal de 2011, el gobierno de Veracruz desvió más de 300 millones de pesos que debían haberse destinado al Seguro Popular, causando no sólo un daño patrimonial, sino afectando los servicios de salud de por sí deficientes que reciben los veracruzanos.
El responsable del pésimo desaseo financiero tenía nombre y apellido, era el ex alcalde y ex diputado por Poza Rica, Pablo Anaya.
Evidentemente era responsabilidad de Nemi enmendarle el entuerto al mandatario estatal, pero en su afán protagónico se enfrascó en turbio debate contra la empresa Finamed, para distraer la atención de dicho hecho.
El responsable del sector tendría que explicar por qué el gobierno del estado de Veracruz indebidamente pagó con recursos del Seguro Popular aportaciones al ISSSTE y Fovissste por más de 100 millones de pesos.
¿Dónde quedarían las aportaciones? ¿Por qué tomar recursos de un área vital como el Seguro Popular para hacer frente a dicho pasivo? ¿Por qué si existían más de 90 denuncias penales, sólo hasta el final las dio a conocer?
Nadie hasta el momento da la cara, o cuando menos esclarece el asunto; la Contraloría General que encabeza Ricardo García Guzmán vacila, titubea, hace mutis; pareciera que si le entran al toro las astas provocarán que la polución brote terminando de pudrir al aparato de gobierno que cual cáncer se colapsa a pedazos.
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo