PRUEBA DE PRUEBAS

Si algo crece en el estado mexicano, es la desconfianza a toda prisa: instituciones sujetas a observación local y extranjera, calificativos de toda índole, movilizaciones a la vista, duras consecuencias del dejar hacer y dejar pasar, a cambio, claro, de poderes incalculables, de pingües ganancias de pocos sobre muchos, por la incapacidad manifiesta de contener desde hace muchas décadas impunidad y corrupción.
El asesinato de seis personas y 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (de la normal de Ayotzinapa) desde el 26 de septiembre anterior; el hallazgo de fosas con cuerpos calcinados; la descarada fuga del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa; la presencia del gobernador Ángel Aguirre, con su tranquila conciencia; el despertar del PRD de realizar un referéndum de permanencia del gobernante; el fusilamiento de 22 personas a manos de efectivos del Ejército mexicano en Tlatlaya, en el Estado de México, por cierto, región colindante con la sierra guerrerense; el PAN en el Congreso que solicita la desaparición de poderes de Guerrero y la del procurador general de la república, Jesús Murillo Karam (quien con todo hace su trabajo como no se veía hace muchos de sus antecesores); separación del secretario de Salud de esa entidad, Lázaro Mazón Delgado (quien arguye que no sabe nada de nada) por andar presuntamente metido en esos menesteres, son algunos detonantes.
Acompañan estos acontecimientos las ejecuciones en distintos estados de sobra conocidos, a diario; trata de personas; secuestros; extorsiones; prostitución; robos por doquier; asaltos; el auténtico calvario de los migrantes nacionales y extranjeros, deleznables todos que ponen a prueba a los tres órdenes de gobierno.
Más allá de las oscuras ojeras crecientes que se ven de los desencajados rostros de los funcionarios –quienes hasta ahora no ven luz en el horizonte– lo preocupante es el manejo que están dando desde el poder mismo –sus obligaciones y responsabilidades constitucionales incluidas–, a tan severas crisis concurrentes.
Mucho trabajo costaron las reformas constitucionales –energética y educativa, entre las más importantes– al grado que se vio un ejercicio político dedicado y de harto talento, de conjunción de intereses y de fuerzas políticas, crédulos la mayoría de los mexicanos de sus bondades bajo una intensa campaña en los medios masivos que nos deparan, ojalá, los resultados esperados.
El presidente Enrique Peña Nieto ha insistido una y otra vez en que todos estos desaguisados recientes que enfrenta el país, sean resueltos de acuerdo con las leyes; ha deplorado, ha llamado a los gobernadores y presidentes municipales, a los legisladores, al poder judicial, a sumarse como un equipo, a entrarle en serio y con toda razón, más allá de posiciones partidistas y de intereses.
En contraparte, la llamada delincuencia organizada y la desorganizada sientan sus reales, la primera está dentro de la política y los políticos, de ramas de la economía y a saber en dónde más.
No sobra decir que este ominoso periodo que estamos pasando lo han vivido otras naciones, recientemente y de forma despiadada Colombia e Italia, por lo que ahora toca a la ciudadanía exigir y demandar no únicamente eficacia y eficiencia en materia de seguridad, sino explorar formas concretas de aplicar las leyes que nos hemos dado y por las que juramentan los funcionarios, y así evitar la espiral que forman precisamente impunidad y corrupción, propiciadas hasta por muchas buenas conciencias que andan por allí.
Hay quienes dicen que el gobierno de Peña Nieto queda marcado por los hechos arriba descritos, es posible que así sea, pero aún es temprano para saberlo. Lo que sí es cierto, es que se trata de una prueba de pruebas de alto calado. Esclarecer es lo primero y aplicar a como dé lugar las leyes, se traduce en camino viable y único en la construcción diaria del país.

ATRAQUE 1

El 14 de noviembre se inauguran los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Veracruz. Hay planes de seguridad para los más de 10 mil asistentes, entre jugadores, equipos de asistencia y funcionarios de 21 países. El gobierno federal ha puesto, dijo el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, mil 300 millones de pesos.

ATRAQUE 2

Los institutos electorales en los estados tienen a la vista lo que ocurrirá en el Instituto Nacional Electoral, organismo que tiene facultades en la organización de comicios y en intervenciones diversas. Nadie sabe qué ocurrirá. Igual sucede en la empresa pública Petróleos Mexicanos, donde los empleados y trabajadores, nada más mirando.