El camino más corto para arruinar un país es darlo a los demagogos. (Dionisio de Halicarnaso)

Hoy me topo con un México profundamente descompuesto y crispado hasta los límites.
El país de las reformas y un futuro promisorio en la punta de los dedos desplazado por la irrupción de un México que apesta a sangre y carne podrida.
Trato de entender acudiendo a la prensa, pero me doy cuenta de que no es fácil obtener los hechos básicos de lo ocurrido en Iguala.
Tampoco es fácil encontrar interpretaciones que hagan comprensibles los hechos, uno más siniestro que el otro. Me ayudan a empezar a entender los reportajes de Denise Maerker y el artículo de Jesús Silva-Herzog Márquez. Este último me ayuda porque pone el dedo en la llaga: la gobernabilidad entendida como el tejido de acuerdos montados sobre la complicidad impune.
Coincido con Jesús. Mucho de este desbordamiento de las alcantarillas tiene su origen en una clase política que, para construir acuerdos y mantenerse en el poder, se perdona todo recíprocamente y utiliza el "carpetazo" y el mirar hacia otro lado como su mecanismo básico para operar impunidad para todos, "gobernabilidad" a costa de lo que sea, complicidades inconfesables, debilidades institucionales que buscan ser subsanadas no fortaleciendo las instituciones, sino saltándose lo que queda de ellas.
Pero la irresponsabilidad y la impunidad no son privativas de nuestra clase política. De ellas participan muchos más. Los medios de comunicación, por ejemplo, no se quedan muy atrás. Pocos datos ciertos, poquísima investigación seria y prácticamente nulo seguimiento.
Desde luego, el poder no es intrínsecamente malo, pero sí puede serlo su ejercicio.
La violencia es una forma de cobardía, y lo es doblemente si se ejerce desde una posición de poder.
Si, además, el abuso del poder es solapado desde las más altas cumbres del poder, la indefensión ciudadana es casi absoluta.
No hay a quién recurrir. Es la soledad de la vulnerabilidad.
Muchos son los gobernantes que usufructúan los halagos, las comodidades, las sensaciones del poder. Llegan a sentirse, mitología llevada al absurdo.
Estados que son ínsulas. Estados dentro del estado que defienden su soberanía para encapsular el abuso.
Enorme es el desafío para el gobierno federal.
Para todos.
Cómo restañar el entramado social, cómo rescatar la tranquilidad, la paz pública, la confianza en las instituciones.
Los sucesos recientes en Iguala y en muchas otras partes del país sugieren que el precio de la impunidad concedida por el gobierno a las atrocidades sin nombre y sin límite de la administración de Calderón, fue gigantesco.
Echarle un tapete encima a tantos muertos, terminó, en los hechos, refrendándole a muchos la licencia para matar, que aquella administración puso a disposición de todos.
Urge volver a construir el pacto de civilidad básico que se rompió entre 2007 y 2012. Nos urge salir de la barbarie en la que estamos inmersos. No es momento de destruir las pocas instituciones que nos quedan, particularmente en materia de seguridad y justicia, como reclaman algunos. Sí es momento de exigir explicaciones y resultados, pero también de darle a esas instituciones y sus responsables un tiempo razonable para hacer su trabajo.
También sería momento de hacernos cargo cada quien de nuestra parte.
No es fácil, desde luego, ni puede hacerse en un día. Pero sí puede hacerse algo cada día.
El primer paso es acabar con la impunidad: que la arbitrariedad tenga un costo, que se sepa que no se puede abusar del poder, que quede claro que quien lo haga será castigado. Que el poder de ningún funcionario le da derecho a cometer delitos. Que no se va a permitir que se lastime, insulte, agreda o se prive de la libertad al más modesto ciudadano.
La podredumbre no es sólo responsabilidad de políticos y autoridades, ellos no operan en un vacío social. No sigamos destruyendo; no dejemos que, otra vez, se nos vaya una oportunidad para construir un país civilizado y pujante.
Hay muchos otros caminos, como la legislación, la aplicación de políticas públicas asertivas, la prevención, la educación, la promoción de los derechos humanos, y hay que avanzar en todos ellos. Pero lo que es urgente hoy, ya, es combatir la impunidad.
Vaya ritmo el del senador “Pepe” Yunes Zorrilla, en su quehacer legislativo, con la firme idea de contribuir en su desarrollo de México y Veracruz. Demuestra con hechos su compromiso a través del trabajo legislativo que desempeña, pues la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la cual encabeza en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos, presentó el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el fin de sistematizar más eficientemente su actuación y que los recursos que éstas manejan sean transparentados y ajustados a la legalidad. Igualmente y junto con el coordinador de la bancada senatorial del PRI, Emilio Gambo Patrón, el legislador veracruzano presentó la iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 73, fracción VIII y 117 fracción VIII, y se adiciona el artículo 73 con la fracción VI de la Constitución, en los que se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal. El trabajo de “Pepe” Yunes en sus primeros dos años en la Cámara alta del Congreso de la Unión se ha dirigido a la transparencia y el manejo eficiente de los recursos públicos, siendo su principal tarea como senador representar los intereses no sólo de los veracruzanos, sino también de todos los mexicanos, cimentar las bases legales que forjen un mejor futuro. Comisión que da resultados. Sin duda es el as que puede definir la partida. ¡Bien por el senador “Pepe” Yunes!