Aunque todavía falta más de un año para que el PRI elija a su candidato a la gubernatura de Veracruz, habrá que ver, para entonces, qué tanto impacta entre los aspirantes del partido tricolor la triste lección que está dejando el trágico caso de Iguala, cuya crisis política, que tiende a agudizarse todavía más, podría rebasar a la administración del presidente Enrique Peña Nieto ante la incapacidad mostrada hasta ahora por su gobierno para encontrar vivos o muertos a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de un mes.
Y es que, como consecuencia de los dolorosos hechos de Guerrero, que han representado un alto costo político y de imagen para Peña Nieto ante la sociedad mexicana y la comunidad internacional, en Los Pinos, en la Secretaría de Gobernación y en el Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor, seguramente van a tener que calibrar mejor sus filtros ante la urgente necesidad de detectar y frenar a tiempo a todos aquellos precandidatos que pudieran tener vínculos con cualquier tipo de grupo delincuencial.
Por lo mientras habrá que estar atentos a lo que ocurra el año próximo en algunas entidades donde a la par de la elección de diputados federales también se votará por gobernadores. En Sonora, por ejemplo, de los tres aspirantes que puntean, el que trae nervioso a más de uno es el senador Ernesto Gándara, precisamente por sus incómodas “amistades”. Según ha trascendido, Rafael Humberto Celaya, ex colaborador y amigo personal de Gándara, acaba de ser declarado culpable en Estados Unidos de traficar cocaína, heroína y anfetaminas para el Cártel del Golfo. Celaya fue capturado en Madrid en agosto de 2012 junto con otros tres integrantes de la banda, entre ellos un sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y actualmente está en espera de ser sentenciado, cuya condena podría ser de 10 años hasta cadena perpetua.
Ello, obviamente, ha alentado las aspiraciones de los otros priistas punteros: el diputado federal Antonio Astiazarán y la senadora Claudia Pavlovich.
Mientras tanto, en Veracruz está por verse cuántos de los priistas que suspiran por una curul en el Congreso de la Unión logran pasar la prueba del polígrafo el año entrante.
Que nadie se sorprenda si dentro de un par de meses algunos secretarios de despacho declinan en sus aspiraciones por el fuero federal y deciden quedarse en el gabinete estatal para acompañar al gobernador Javier Duarte de Ochoa hasta el cierre de su administración.

ESTADO, IMPOTENTE

Aprovechándose del dolor, la indignación y el enardecimiento social por los lamentables hechos de Guerrero, en varias ciudades del país –entre ellas Xalapa– grupúsculos de provocadores se han infiltrado en las movilizaciones populares de protesta por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, motivando con sus acciones violentas y de vandalismo, el rechazo natural de la sociedad.
El politólogo José Woldenberg apuntaba muy certeramente ayer en su artículo periodístico, que “las manifestaciones violentas, sin embargo, amparadas en esa misma ola de indignación, pueden coadyuvar a descomponer aún más el escenario. No sólo porque suponen –y ya es mucho decir– destrucción y desasosiego, sino porque erosionan el gran consenso que existe con relación a los temas centrales: aparición de los estudiantes, castigo a los culpables y búsqueda de una convivencia asentada en el respeto absoluto a los derechos humanos”.
El ex presidente del IFE apuntaba que “el estado ya no es lo que era o lo que imaginábamos que era: una entidad todopoderosa capaz de imponer el orden en el momento en que lo quisiera. Si algo ilustra la crisis actual son las limitaciones, carencias, contrahechuras y porosidades de las instituciones estatales. Gobiernos municipales más que penetrados por el crimen organizado; estatales, omisos o impotentes; e incluso el gobierno federal aparece, en un primer momento, rebasado. Da la impresión de que no es que no quiera, sino que no puede aclarar con rapidez y suficiencia lo que aconteció (no aparecen los secuestrados, se han desvanecido presuntos culpables –destacadamente el alcalde de Iguala y su mujer– y la red delincuencial no se sabe hasta dónde se extiende). Ello por sí mismo subraya las tintas de la gravedad del asunto. No se trata de entidades que pueden y no quieren, sino que quieren y no pueden”.
“Esa incapacidad –así sea transitoria– multiplica el dramatismo del momento. Y si a ello sumamos la proliferación de pequeños ajustes de cuentas entre adversarios, compañeros y ex compañeros de la política, el mundo de las representaciones y especulaciones se vuelve más denso e indescifrable, más confuso e irritable. De donde debería provenir alguna luz, alguna certeza, emanan cantaletas cansinas, acusaciones mutuas y mezquindades al por mayor.
“Al final de la ruta (si es que algo así existe), si lo que deseamos es justicia y lograr que sean sancionados los responsables con nombres y apellidos, debemos tener claro que la única justicia hoy por hoy es la que las propias instituciones del estado, diseñadas para ello, pueden ofrecer. No hay atajos. Ni espacio para simplezas”.