Y luego del gran mitote que armó el Congreso del Estado de Veracruz para descalificar, desacreditar y noquear al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, la propia Legislatura se desiste de un amparo previamente interpuesto ante el Poder Judicial Federal, hecho con el que, sin duda, está reconociendo que la huelga planteada por los trabajadores es perfectamente legal.
En efecto, la cosa comenzó cuando la parte sindical advirtió que, ante la falta de cumplimiento de la patronal para mejorar las percepciones de los trabajadores, se iría a huelga allá por mediados de diciembre. Ni tardo ni perezoso, el Congreso veracruzano recurrió a una de sus armas favoritas para resolver los diferendos que sostiene con sus acreedores: enderezó una campaña mediática de calumnias hacia el Sindicato y su dirigente, José de Jesús Rodríguez Hernández.
Lo menos que le achacaron al líder Rodríguez Hernández era que ganaba 150 mil pesos mensuales y que además vendía las plazas en 250 mil pesos, razón por la que pretendía la asignación de 70 nuevas plazas. Eso, además de quejarse de que el sindicato recibía un elevado subsidio de 100 mil pesos mensuales, pero que, en el colmo del desaseo sindical, había falsificado las firmas de 127 trabajadores, por lo que sólo 81 de las 208 que deberían ser dentro del emplazamiento, eran verdaderas.
Como la rama jurídica del Poder Legislativo veracruzano no se anda por las ramas en esto de la legalidad, de inmediato el licenciado Vito Lozano interpuso denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que las huestes sagradas de procuración de justicia arremetieran contra el deshonesto y avorazado dirigente.
Naturalmente, de la huelga ni hablar. Esa era ilegal desde el momento en que las firmas estaban alteradas y por ello no se acreditaba la existencia de 127 trabajadores. Falsificación de firmas y falsedad de declaraciones eran los temibles delitos que debían ser sustentados por la Procu.
El asunto ha aterrizado últimamente en que, impuesto de la demanda de amparo el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, finalmente recibió la solicitud del director de Servicios Jurídicos del Congreso para desistirse en dicha demanda, por lo cual, mediante proveído de 30 de diciembre de 2014, dentro del Juicio 1823/2014, se sobresee el juicio y se deja sin efecto la fecha y hora en que se desarrollaría la audiencia constitucional.
Pero (siempre el horrible pero) el asunto tiene más fondo que una simple rabieta y pichicatería del jefe Callejas.
El asunto tiene otra perspectiva. En realidad se inició en el mes de marzo de 2014, que es la fecha en que normalmente se realiza la revisión salarial de los trabajadores y que habitualmente siempre se resuelve en ese mismo mes. Pero este año el Congreso fue posponiendo inexplicablemente el compromiso de aumentar las percepciones, por lo que, ante el inminente cierre fiscal, los sindicalistas no tuvieron de otra que apretar tuercas. Y esto implicó amagar con el estallamiento de la huelga, allá por los días guadalupanos.
Cabe señalar, como mera exquisitez histórica, que jamás en la historia de Veracruz había ocurrido un emplazamiento a huelga en el Poder Legislativo, y que los anales del laboralismo nacional registran que jamás un Congreso estatal ha sido puesto en huelga en la República.
Bueno, el caso es que el amparo del que se acaba de desistir el licenciado Vito fue contra la resolución del Tribunal de Conciliación de declarar legal el movimiento de huelga, y porque la demandante de garantías tenía la pretensión de que el Poder Judicial Federal se pronunciara contra el ejercicio de la garantía social de huelga, aunque se llevó el primer frentazo cuando el Juzgado negó la suspensión provisional.
¿Habrá otras cuestiones de fondo, aparte de estarles escamoteando sus derechos durante todo el año a los trabajadores?
Los enterados dicen que sí. Es más, afirman que el verdadero fondo del asunto es que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no le entregó completo al Legislativo su presupuesto 2014, que ascendía a 577 millones 300 mil pesos, y que, aunque la contabilidad fue arreglada para los efectos correspondientes, le fueron birlados al Congreso de la Entidad, alrededor de 100 millones de pesos.
Si esto es cierto, saque usted sus propias conclusiones. Con diputados que ni siquiera defienden el dinero que ellos gastan ¿cómo van a proteger a las dependencias, entidades, institutos, jubilados, profesores y demás trabajadores que no reciben sus percepciones de ley?