Lo más piadoso sería otorgarles el beneficio de la duda, pero lo cierto es que varios de los funcionarios reincorporados por el gobernador Javier Duarte a su gabinete no gozan de mucho prestigio ni de la credibilidad suficiente para apuntalar a los candidatos del PRI a la diputación federal, los cuales deberán encarar a una sociedad irritada y convencer a un electorado hastiado de tanta corrupción, impunidad y abusos del poder.

Eso sí: todos tienen fama de talacheros y operadores electorales, aunque su reputación está más devaluada que la mezcla mexicana de petróleo crudo. Desde el caso de Pedro Montalvo Gómez, el desacreditado ex director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que en diciembre pasado sustituyó a Xóchitl Tress en el Instituto de Espacios Educativos, hasta Ranulfo Márquez Hernández, quien acaba de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social del estado pese a que en pleno proceso electoral local de 2013 fue destituido e inhabilitado como delegado de la Sedesol federal por el escándalo del “Boca-gate”. Otro nombramiento polémico también fue el del ex subsecretario de Administración y Finanzas, Gabriel Deantes Ramos, quien reemplazó al cordobés Marco Antonio Aguilar Yunes en la Secretaría de Trabajo, no obstante que en 2014 fue “cesado” de manera fulminante por el gobernador Duarte de la Sefiplan.

Sin embargo, las designaciones más absurdas se dieron con el ascenso del doctor Fernando Benítez Obeso como secretario de Salud en octubre del año pasado, tras la abrupta salida de Juan Antonio Nemi Dib.

Ricardo Sandoval Aguilar y Jesús Villegas Ríos, a quienes sus detractores les adjudicaron el más grande desfalco en la historia de la Secretaría de Salud de Veracruz, regresaron a esa misma dependencia estatal en la que en marzo de 2013 dejaron un boquete de más de 204 millones de pesos tan sólo por adeudos a proveedores.

Ahora, su medida inicial fue despedir en forma ruin a más de 735 trabajadores, sin cumplir la ley, sin pagarles prestaciones y provocando un caos operativo al interior de los servicios de Salud, independientemente de que tendrán que pagar las indemnizaciones a más de 300 trabajadores que ya interpusieron demandas laborales. Por supuesto esas indemnizaciones las pagarán con dinero de los veracruzanos.

Este par de individuos es el mismo que durante su primer periodo en SESVER, también desde la Dirección de Administración, fue señalado de tramar varias compras que sumaron 18 millones de pesos en agua pintada de colores que hicieron pasar como medicamento para quimioterapia para los pacientes pediátricos del Hospital de Oncología. Parte de los fármacos que lograron identificarse están en poder del Ministerio Público. Muchos niños, en cambio, pudieron haber muerto porque recibieron agua inyectada en lugar de medicina.

Sandoval y Villegas son los mismos que compraron ¡dos veces! un lote de pruebas rápidas falsas para detectar VIH-SIDA por importe de 8 millones de pesos, sin importarles la vida de más de 250 mil personas que pudieron contagiarse debido a su voracidad.

Se dice que ambos fueron denunciados, pero su jefe Benítez Obeso no ha dicho nada al respecto. Presuntamente los expedientes siguen abiertos, tanto en la PGR como en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Llegarán a pisar la cárcel? Este, como muchos otros casos más, dependerá del gobernador que resulte electo para la administración 2016-2018.

Por ahora, algunos proveedores se quejan de que el señor Villegas, ¡ex director de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado!, y sus asistentes Humberto Peña y Antonio Pineda, les piden supuestamente “moches” del 20 por ciento para agilizarles el pago de sus adeudos y hasta de 28% por conseguirles contratos nuevos. Varios de esos proveedores ya enviaron escritos a la Oficina del Gobernador y a la Contraloría estatal. Pronto podrían trascender nombres y apellidos. Sin embargo se duda, ya que en el pasado varios de esos proveedores denunciaron a Villegas ante la Contraloría y no pasó absolutamente nada. Es evidente que alguien muy poderoso lo protege, pues incluso cuentan que Villegas habría amenazado al titular del ORFIS, Antonio Portilla, para que suspendiera las auditorías en proceso contra sus raterías. Presuntamente existen grabaciones de todo eso.

Ahora, de la noche a la mañana, Villegas y Sandoval incrementaron ficticiamente la deuda del Sector Salud de Veracruz con mil 800 millones de pesos que nadie se explica de dónde salieron, lo que ha hecho sospechar que estarían preparando la cama para un nuevo desfalco. No les importa contradecir al propio secretario de Finanzas y Planeación del estado, Mauricio Audirac Murillo, quien al comparecer ante los diputados locales el 18 de noviembre pasado dijo que la deuda de Salud ascendía a 3 mil millones de pesos.

En cambio, Benítez Obeso, en su comparecencia ante la Comisión de Salud al día siguiente de la presentación del titular de la Sefiplan, se sacó de la chistera otra cifra al reconocer que la deuda de Salud “o los compromisos” –como él prefirió decirle– es de 4 mil 566 millones de pesos.

¿Quién miente? ¿A quién creerle? ¿Acaso al secretario de Salud por aquella conseja popular de que “los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”?

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