Tanto Lorenzo Antonio Portilla, titular del ORFIS como Ricardo García Guzmán, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, acusan y denuncian pero no castigan, sólo inhabilitan a los infractores que robaron dinero al pueblo, por diez o veinte años para que no ejerzan ningún puesto público.

¿De qué sirve, pues, revolver ese estercolero? Las cosas no han salido como siempre se ha esperado. Siguen presentándose de la misma manera. Nunca se ha actuado en contra de nadie del régimen pasado y antepasado, cuando existen omisiones y excesos, e incontables desviaciones. Aquí una mala aplicación del presupuesto, allá una equivocación mayúscula provocada por un pésimo manejo de la información. Errores de interpretación y culpas de demagogia.

Para confirmar la generalizada opinión de que más de un funcionario público encubrió con los propósitos gubernamentales su ineptitud o su codicia. Su irresponsabilidad o sus debilidades. Pero sin que las denuncias públicas desemboquen en consignaciones, los cargos en sentencias y los errores se han señalado con propósitos de corrección. Sin que revelen sentido los señalamientos de las omisiones o la denuncia de los abusos. Simplemente para dar a conocer los yerros y dejar testimonio de los desaciertos. Para respaldar las condenaciones a la corrupción y validar la reprobación de la exuberancia retórica. Exclusivamente para capitalizar los errores ajenos, sin tener que ofrecer muestras de la propia aptitud.

El ciudadano común, aquel que sólo cuenta con la información que le ofrecen los periódicos y los noticieros radiofónicos o de la televisión, no encuentra sentido a la acumulación de las denuncias y señalamientos, significación a la enumeración de los desatinos. ¿Dónde están las medidas para enmendar esos errores y las disposiciones para corregir las desviaciones, contener los abusos o superar, repito, las omisiones?

A nivel nacional, los propósitos, por ejemplo, de Peña Nieto de dar congruencia al decir y al hacer no resultarán satisfechos con las insinuaciones del nuevo funcionario Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública. Y la intención de las revelaciones acusadoras no se harán patente, permanecerán en el misterio.

Volviendo al estado, el menos perspicaz de los ciudadanos encuentra que el procedimiento es demasiado sutil, extremadamente complicado. ¿Se ha intentado tratar de enjuiciar al régimen anterior, de destacar los desaciertos políticos y subrayar los desatinos administrativos? Pues lo primero que se debió haber hecho en el ORFIS y la CONTRALORÍA GENERAL fue la formulación de los objetivos, el replanteamiento de los problemas con base en principios generales que explicaran las medidas específicas, los planes concretos y los proyectos particulares. En el saqueo de los dineros del Instituto de Pensiones del Estado, de la Secretaría de Educación, en el FONDEN, el préstamo de 10 mil millones de pesos, un mes antes de concluir el sexenio y en la cuestión fiscal. Los errores quedaron, por sí solos, al descubierto. Y las omisiones y los excesos en evidencia.

Hasta ahora, las acusaciones y las denuncias, el señalamiento de los errores y el descubrimiento de las desviaciones, sólo han servido para conformar y fortalecer la opinión de que los denunciantes y acusadores se propusieron justificar a quienes los precedieron en el desempeño de las responsabilidades públicas como es el caso de municipios pequeños y principalmente de la oposición, o de algún edil de menor rango.

Las denuncias, ayunas de sanción, las acusaciones imprecisas y el señalamiento de errores y desviaciones sin propósitos notorios de enmienda, si no fueron anticipadas demandas de absolución, estuvieron, por lo menos, muy lejos de configurar un juicio político a un régimen.

La política tiene que ser algo más, muchos más, que un juego de condenaciones al pasado y la absolución al presente. Mucho más que un juego de prejuicios sobre los reales o supuestos errores del pasado cercano y los dudosos, improbables aciertos del futuro.

En fin…

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