El pasado 13 de febrero, antes de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapara la cloaca con las observaciones que hizo a la cuenta pública 2013 y que dio a conocer cinco días después, escribí en "Prosa aprisa" ("Barbas a remojar"):
"En Veracruz, algunos funcionarios estatales saben bien y otros poseen información de que el Gobierno Federal tiene minuciosamente documentado (un cruce de información entre Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, el CISEN y la PGR) el mal uso que se ha hecho de recursos federales, por programas, por montos, por fechas, todos con nombres, muchos, de los implicados o responsables, y lo ocurrido en Guerrero bien puede ser una respuesta a la pregunta que se hacen de porqué no se ha procedido contra nadie.

En Guerrero el Gobierno Federal acumuló información, pruebas, y cuando ha considerado oportuno ha actuado. Quién sabe si muchos funcionarios y exfuncionarios estatales podrán dormir tranquilos a partir de ahora pensando, los que sepan que no hicieron lo debido, cuándo les echaran el guante. Quién sabe qué escándalo nos espera en el futuro".

Aludía yo a que en Guerrero sorpresivamente la Procuraduría General de la República había dado un severo golpe al gobierno de Ángel Aguirre Rivero al detener a su hermano Carlos Mateo y a su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez hasta sumar nueve detenidos y 18 implicados acusados por lavado de dinero proveniente del desvío de recursos del erario de aquella entidad por al menos 287 millones de pesos de fondos estatales y federales que debieron haberse utilizado para obras públicas.

El 23 de febrero, el columnista Édgar Hernández informó que existen 21 denuncias de la ASF ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios de Veracruz por el desvío de recursos de los años 2011, 2012 y 2013, si bien de este último se está a la espera de que se compruebe el ejercicio de recursos (internamente buscan quién filtró la información, porque muy contados la sabían; Édgar asegura que tiene documentos de la ASF "acompañados de órdenes ministeriales").

Ayer, reporteros le preguntaron al dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, si quienes han cometido actos de corrupción deben poner sus barbas a remojar. Su respuesta en forma contundente fue: "Que cada quien sepa lo que trae y en esto la autoridad no se puede detener o hacer excepciones por razones partidarias o de posición política o social o económica. La ley es pareja para todos".

Cuando los reporteros volvieron a la carga y le preguntaron: "¿Ustedes están dispuestos a que quienes hayan cometido, en el pasado o en el presente, actos de corrupción, sean investigados cuando se concrete esto?", reviró: "La ley no se negocia y más cuando quiere hacer justicia, de suerte que estamos convencidos de que el sistema de integridad va por todo y eventualmente contra todos. No hay en esto un afán persecutorio; en un Estado democrático no caben las consignas, pero sí el hecho de que no haya excepciones en el acatamiento de la ley".

El martes, ante la presión de la opinión pública nacional e internacional por los escándalos de corrupción en que se han visto envueltos sus gobiernos y su caída drástica ante la aceptación popular, por fin el PRI aceptó sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que permitió que su coordinador parlamentario Manlio Fabio Beltrones acordara con sus pares Ricardo Anaya, del PAN, y Miguel Alonso Raya, del PRD, que sea el Senado el que ratifique al titular de la Función Pública y que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los estados.

Ayer, el presidente del CEN tricolor celebró esos acuerdos al hablar con la prensa en un hotel de la ciudad de México al término de la toma de protesta a la diputada Adriana Fuentes como coordinadora nacional de Vinculación Empresarial y Emprendimiento. Ahí hizo esta otra afirmación: "El sometimiento de todos a la ley, empezando por las autoridades y la gente de la política, me parece indispensable, en un tiempo en el que se requiere recuperar la confianza y esta se recupera con hechos, con acciones y no con discursos".

El mismo Camacho Quiroz, en entrevista con el periodista Carlos Puig en Milenio Televisión, el lunes 16 de febrero dijo que su partido hará la invitación a sus candidatos a que hagan pública su declaración de intereses y si ganan, la patrimonial y la fiscal.
"De entrada el que va por delante es el del tema de intereses, hacer públicos los intereses desde ahora; y el compromiso público de compartir la declaración patrimonial y fiscal habiendo ganado", dijo. Dejó claro que "su partido en términos de propuesta lo impulsará, además de que va de la mano con lo hecho por el Presidente de la República; aunque al final es una decisión personal". "Estamos listos para honrar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas más allá de que sea una regla legal, es un asunto de ética política y estamos listos para jalar".

El lunes, El Universal dio a conocer su última encuesta nacional en vivienda EL UNIVERSAL/Buendía & Laredo cuyo resultado arroja que el PRI sólo mantiene cuatro puntos sobre el PAN (casi un empate técnico) cuando sólo faltan tres meses y días para las elecciones. En los últimos tres meses, el PRI cayó 12 puntos. Si las declaraciones de Camacho Quiroz quedan sólo en dichos, la respuesta se la darán los ciudadanos en las urnas.

Pero el que no se midió y barrió parejo ayer fue el Peje Andrés Manuel López Obrador. En el puerto de Veracruz dijo (Agencia AVC): "Veracruz ha tenido muy mala suerte, puro gobernador mediocre y ladrón ha habido en Veracruz, pero mucho ojo, porque la opción no es Yunes, que es igual de corrupto, la opción no es el PAN, son iguales, ya lo dije, la única diferencia entre los panistas de arriba y los priistas de arriba es que los priistas son rateros y los panistas son ladrones". ¡Zas!