La salud del pueblo está en la supremacía de la ley. (Cicerón)


Hay frases e ideas que te sacuden y se te quedan reverberando en la cabeza. Me pasó hace tiempo leyendo un libro de Bernardo Mabire: Políticas culturales y educativas del Estado mexicano.
Aquí la cita: “…la paradoja central del país se resume en que la organización política que lo salvó de desintegrarse era la misma que inhibía su pleno florecimiento.”
Difícil al ponerlo mejor y más claro. He ahí nuestro dilema medular desde hace más de un siglo: la urdidumbre política que nos permite ser país, es, simultáneamente, lo que no nos deja florecer. Algo así como una soga que te salva de naufragar, pero no te permite nadar con la potencia de la que serías capaz o como un respirador que te mantiene con vida, pero te impide volar.
La cuestión hoy y desde hace ya tiempo es que esa forma de mantenernos juntos, misma que ha sido el soporte de la gobernabilidad del país más allá de cuál partido político nos gobierne, se ha ido volviendo cada vez más limitante y menos posibilitadora.
La crisis que vive México actualmente es producto de la exacerbación acumulada de las tensiones internas de esa fórmula política fundante. Las crisis no nos son especialmente novedosas, pues como bien sugiere la cita de Mabire, son parte constitutiva de nuestra existencia como colectividad. La que enfrentamos hoy, sin embargo, es distinta y probablemente más profunda que otras pues revela el resquebrajamiento de un modo de organizarnos, ejercer el poder y repartírnoslo, con todo y su imaginario moral, que ha operado como argamasa centralísima de esa colectividad que hemos sido y somos.
En el corazón de aquella argamasa se ubica la corrupción en sentido amplio.
Primero, como el conjunto complejo de prácticas políticas que, como bien apuntaba Fernando Escalante en su libro Ciudadanos Imaginarios, han permitido salvar la distancia entre el país formal y el real y, con ello apuntalar la gobernabilidad en un contexto marcado por un Estado incapaz históricamente para hacer valer las normas legales de forma pareja, así como por una sociedad profundamente desigual.
Lo que hoy está en crisis, en suma es un orden moral y político dentro del cual la corrupción ha fungido como ligamento práctico y concreto del colectivo denominado “México”.
De ese colectivo, vale la pena insistir, dos de cuyos rasgos más perdurables y, fuertemente vinculados entre sí han sido y siguen siendo: la desigualdad social extrema y la debilidad estatal.
La erosión de ese ligamento es evidente. Menos claro, sin embargo, es a dónde nos va a llevar.
Un escenario posible es que la revolución moral que pareciera estar gestándose entre algunos segmentos de la sociedad mexicana abra el camino para ir construyendo una organización política menos esquizofrénica, injusta y excluyente.
No pueden descartarse, sin embargo escenarios menos promisorios. Entre ellos, el tránsito hacia un orden político más dependiente de la coacción estatal, directa e indirecta y aún más excluyente en términos sociales.
Un arreglo así, no puede soslayarse como posibilidad, pues le ofrecería a una parte importante de nuestras élites una opción muy atractiva para reconciliar la perpetuación del privilegio con la recuperación de la gobernabilidad.
En otro tema, entrados ya en plena campaña algunos candidatos conjuntamente con sus partidos se muerden una y otra no se la alcanzan.
Las posibilidades de que este junio se anulen elecciones en varias partes del país es más que posible. Yo diría que casi inevitable.
Anular elecciones es relativamente fácil. Sólo basta con que no se instale el 20 por ciento o más de las casillas de una demarcación (distrito, municipio o entidad) o si el INE declara la incapacidad de capacitar en tiempo y forma a funcionarios y voluntarios de casillas.
También hay que considerar la incapacidad o necesidad que tendrán muchos candidatos de gastar indebidamente o usar fondos mal habidos durante el proceso electoral. Corrupción, chapuza, compra de votos son una realidad en todas las elecciones.
La pregunta es quién será el chivo expiatorio y si las autoridades electorales ahora sí tendrán el estómago para anular una elección.
Sólo se requiere que el candidato sobrepase el 5 por ciento del monto establecido y que la diferencia (de votos entre el primero y segundo lugar en la elección), sea menor a ese 5 por ciento.
Con esto no quiero decir que será un golpe a la transición democrática en el país y que seguramente será el gobierno federal al que acusarán de incapaz o de blandengue, a pesar de que los verdaderos responsables serían candidatos corruptos los culpables de que se anulen las elecciones.
Y el precedente sería terrible para todas las elecciones venideras porque las autoridades electorales, el gobierno federal y los estados serían rehenes ante las necesidades políticas de que las elecciones se lleven a cabo.
Por eso reafirmo, ante las consecuencias de insistir que se lleven a cabo elecciones en áreas del país donde no hay la mínima seguridad para todos los involucrados, el que se anule, pospongan o cancelen elecciones en ese municipio o ese estado. No es una mala opción. Siempre y cuando todos tengamos claridad de porqué no se llevaron a cabo las elecciones. La ley es clara de qué
debe suceder en estos casos. Simple y llanamente respetando la Constitución y la ley electoral, se agendarán las elecciones para otro momento.
Los contenidos, estructura y redacción de las columnas se publican tal cual nos las hacen llegar sus autores.