No sin una cuota de sorna, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Fidel Robles Guadarrama, señaló con su peculiar filo que el Congreso local se había convertido en un salón de festejos y que lo mejor que sabía hacer era llenar sus paredes con letras de oro, como recientemente ocurrió en honor a la Fuerza Aérea Mexicana. Una prueba irrefutable ha sido ignorar la discusión y aprobación o rechazo de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera.
Con una deuda que representa el 128 por ciento de las participaciones federales que recibe, con una situación crítica en sus finanzas que se arrastra desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (cuya contratación de deuda alcanzó techos históricos) y con una dinámica continuada de endeudamiento en el actual gobierno, Veracruz le dio la espalda a la reforma financiera aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre del año pasado y por el Senado el 17 de febrero del presente, pese a exhortos específicos del Congreso de la Unión.
La mesa directiva del Congreso local se hizo de oídos sordos ante una reforma constitucional cuyos principales destinatarios han sido los estados que han hecho del endeudamiento público la forma de sufragar su gasto corriente y permitir el enriquecimiento inexplicable de sus funcionarios.
Los casos más patéticos son Coahuila (cuya deuda representa 279 por ciento de los recursos federales que recibe), Chihuahua (270 por ciento), Quintana Roo (263 por ciento), Nuevo León (214 por ciento) y Veracruz (128 por ciento). Todos ellos, por cierto, de extracción priista.
Y aunque su negativa a someterlo al pleno legislativo no impidió que este fin de semana reuniera los votos de 19 congresos locales (dos más de los necesarios para que fuera ratificada y se pusiera en la antesala de su promulgación), lo cierto es que la inacción de los diputados locales veracruzanos evidencia ni más ni menos que el rechazo a controles federales por parte del gobierno duartista ha pesado en su indiferencia.
Tan renuentes estaban varios gobiernos estatales y sus congresos a debatir esta reforma, que el 7 de abril pasado la Cámara de Diputados tuvo que exhortar a 17 estados para que sus cuerpos legislativos locales la discutieran, sin importar si la aprobaban o la rechazaban. Simplemente que la pusieran en la orden del día en alguna sesión plenaria de su periodo ordinario.
Los estados morosos eran de diferente sello partiditas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y… sí, adivinó: Veracruz. Y es que en ese momento solo 14 congresos lo habían aprobado y faltaban dos para su ratificación.

Los candados de la reforma financiera

¿Qué tiene la reforma financiera (que modifica los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de México) que el gobierno de Veracruz y el Congreso a él sometido ven en sus preceptos la personificación del mismo demonio?
Pues nada menos que, gracias a ella, en adelante, tanto gobiernos estatales como municipales tendrán candados que impedirán que contraten alegremente más endeudamiento, salvo que sea destinado a inversión pública.
En efecto, ante el grave endeudamiento de los gobiernos locales o subnacionales (estados y municipios), que se calcula en 510 mil millones de pesos (más de dos tercios destinados a gasto corriente), la mayoría de los partidos políticos metieron mano para detener una situación financiera que amenaza con ahogar toda posibilidad de desarrollo, dado que la mayoría de los recursos fiscales deben ser destinados al servicio de la deuda. Un ejemplo que vivimos claramente es el de Veracruz.

Entre otras medidas, la reforma permite:

•Acotar y reglamentar las deudas de estados y municipios.
•Prohibir que estados y municipios contraten deuda poniendo en garantía los recursos federales que reciben.
•Obligar a los órdenes de gobierno a inscribir y publicar, de manera oportuna y transparente, la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único.
•Facultar al Congreso de la Unión en materia de deuda pública.
•Establecer una comisión bicameral legislativa que analice las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.
En adelante, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos; las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado.
Ricardo Anaya Cortés, diputado federal panista, dijo que esperaba que con la aprobación de la reforma constitucional en materia financiera para los estados y municipios se ponga fin al abuso y al desorden en la contratación de deuda pública por parte de gobernadores y alcaldes.
A la espera de que se emita la declaratoria de validez constitucional, que marque la entrada en vigor de esta reforma, los mexicanos contemos con reglas claras, criterios sólidos, controles eficaces y elevados estándares de transparencia, de modo que se cumpla con el objetivo de acabar con la discrecionalidad y la opacidad en los procesos de contratación de deuda, en todos los estados y municipios del país.
Será interesante ver en qué medida cumplirá el gobierno veracruzano en cuanto a transparencia en este rubro; de entrada, la reforma constitucional obliga a los gobernadores y alcaldes a hacer públicos los montos de endeudamiento, las tasas de interés y los plazos establecidos para cubrir la totalidad de los pagos, un tema que ha sido permanentemente evadido tanto por el gobernador Javier Duarte como por sus seis sucesivos secretarios de Finanzas y Planeación.

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