Es muy probable que después de las elecciones de junio próximo se dé una sacudida de delegados federales en Veracruz.

Estos movimientos, según se sabe, nada tendrán que ver con los resultados adversos que pudiera obtener en los comicios venideros el partido en el poder, ya que los funcionarios federales no son candidatos ni se han entrometido en las campañas de los abanderados priistas precisamente porque han recibido la instrucción de que sean muy cuidadosos y que no provoquen suspicacias de que estuviesen violando la ley electoral.

En cambio, lo que sí les habrían dicho es que la manera más efectiva de ayudarlos es cumpliendo bien su chamba como servidores públicos, con honestidad y transparencia, estando cerca de la ciudadanía y atendiendo con calidez y eficacia sus trámites y demandas.

Lo que en realidad preocupa a los operadores políticos de la Federación es la bajísima aceptación popular que a estas alturas de su mandato mantiene la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo régimen concluirá dentro de tres años. Y por ese motivo es que están convencidos de que por su contacto directo con la población los delegados federales, con mejor trabajo y buenos resultados, pueden ser piezas fundamentales para reivindicar y fortalecer la decaída imagen presidencial.

Por el momento, ha trascendido que entre los representantes del gobierno de la República en Veracruz que se encontrarían “bajo evaluación” estarían Marco Antonio Torres Hernández, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); William David Knigth Bonifacio, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Antonio Benítez Lucho, de la Delegación Veracruz-Norte, y, obviamente, Marcelo Montiel, de la Secretaría de Desarrollo Social, por el escándalo mediático en el que ha sido involucrado por el senador independiente Alejandro Encinas, quien recién denunció públicamente un presunto desvío de 500 millones de pesos en los programas federales de desarrollo social en esta entidad.

A Torres Hernández, de la Sagarpa, le estaría afectando además el prolongado conflicto interno de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC, pues un grupo de choque que recuperó violentamente el edificio cenecista está encabezado por el diputado local Edgar Díaz Fuentes, quien el año pasado fue impuesto como dirigente provisional por la ex lideresa Bertha Hernández Rodríguez, tía del funcionario federal. Pero el legislador de Chicontepec no tuvo la capacidad de conciliar con los diversos grupos de productores afiliados a esa central campesina del PRI, lo que agravó la crisis y obligó a la dirigencia nacional a enviar a un delegado con funciones de presidente, al cual boicoteó.

En cuanto a David Knight le estarían pesando las opiniones adversas de los constructores locales, quienes se quejan de que la mayoría de las obras de rehabilitación de carreteras federales las estaría asignando a empresas foráneas. Knigth Bonifacio carga también la sospecha de enriquecimiento ilícito luego de que en agosto de 2014 el diario Reporte Índigo publicó un amplio reportaje sobre 12 propiedades valuadas en más de 2 millones de dólares que el funcionario adquirió en el estado de Texas, Estados Unidos, entre 2008 y 2013, años en que se desempeñó como subdirector del Centro SCT Veracruz, luego como subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno del estado, y ahora como titular de la delegación federal, cargo por el que percibe 85 mil pesos mensuales.

De David Knight se duda que pudiera ser removido, ya que es protegido por su yerno Roberto Gil Zhuart, actual senador de la República, por el PAN, y ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Otro que estaría “bajo evaluación” sería Benítez Lucho, ex secretario particular del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, en cuya administración fue director del IPE, de la CAEV y diputado federal priista. El delegado del IMSS Veracruz-Norte tendría en contra las recurrentes quejas de los derechohabientes, denuncias de negligencias médicas y el reciente escándalo en las redes sociales por la abortada boda de su hija en la Fortaleza de San Carlos, un monumento histórico de Perote donde tuvo su origen el Ejército Mexicano.

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