Una vez más la crisis económica del estado se hace evidente, el más reciente esfuerzo académico y de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV), a través del Observatorio de las Finanzas Públicas (OFP) exhibe el total desaseo y el pésimo manejo del recurso financiero desarrollado por los responsables de ello a nivel estatal.
Según afirma el doctor en Economía, Hilario Barcelata Chávez, el daño patrimonial que el gobierno del estado causó a 107 ayuntamientos durante los últimos tres años por un monto de 2,943 millones de pesos, representó restarles en conjunto 42 por ciento de sus ingresos totales.
Barcelata sostiene que esta situación cuenta con el agravante de que entre estos municipios se encuentran los 95 más pobres del estado, en los que en promedio 80 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza. Población que en conjunto suma un millón 831 mil veracruzanos pobres para quienes iba dirigido ese recurso adicional que no les fue repartido por haberse aplicado una fórmula de distribución del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) que no correspondía y que precisamente había sido modificada para beneficiar a los más pobres, cosa que en Veracruz no se está cumpliendo.
Según se advierte en el más reciente boletín del OFP al verificar de manera más desagregada la situación de estos municipios es posible detectar que de manera individual el daño económico es mayor ya que en 14 municipios los recursos no entregados equivalen a más del 100 por ciento. Es decir, si estos recursos hubieran sido entregados, estos municipios hubieran tenido, al menos, el doble de sus recursos actuales para invertir en su desarrollo. En otros 22 el daño es por un monto entre el 50 y el 99 por ciento de sus ingresos, en otros 48 ese monto se ubica entre el 10 y el 49 por ciento y sólo en 23 el daño es de 10 por ciento.
Es de destacar que entre los municipios en los que el monto no entregado equivale a más del 100 por ciento de sus ingresos se encuentran los municipios más pobres del estado destacándose Soteapan, donde el monto no entregado equivale a más de 3 veces sus ingresos anuales (348 por ciento); Uxpanapa en donde equivale al 226 por ciento; Filomeno Mata 181 por ciento y Tehuipango 143 por ciento.
Asimismo entre los municipios en los que el daño patrimonial presenta entre el 50 y el 99 por ciento de sus ingresos totales destacan por su pobreza: Tatahuicapan donde el daño equivale al 99 por ciento, Soledad Atzompa 95 por ciento y Mixtla de Altamirano 58 por ciento.
Para dimensionar con mayor precisión el nivel de pobreza en que se encuentran estos municipios afectados obsérvese que en 24 de ellos la población en pobreza equivale a más de 90 por ciento de su población total, en 46 de ellos el porcentaje de pobres es de entre el 80 y el 89 por ciento, en 25 de ellos se ubica entre 50 y 69 por ciento y sólo en 3 es menor de 50 por ciento.
Lo anterior significa que al menos los 40 municipios más afectados por el daño patrimonial a sus finanzas públicas tienen más del 70 por ciento de su población en situación de pobreza.
En conclusión, no aplicar la fórmula señalada en la Ley de Coordinación Fiscal para el reparto del FISM no sólo es un acto de ilegalidad, también representa un atentado a los más pobres de Veracruz. Es un acto que está anulando las posibilidades de desarrollo de estos municipios y de su población.
Hay que recordar que la formula fue modificada para otorgar recursos a los municipios más pobres y que al no aplicarla son los pobres los más perjudicados. Es así como resulta lapidario el comentario del OFP, que señala, que el gobierno del estado de Veracruz ha aplicado una política pública de reparto de recursos que promueve la pobreza en lugar de combatirla.

Al tiempo.

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