Desde la polémica elección presidencial de 2006, Andrés Manuel López Obrador ha venido denunciando a una supuesta “mafia del poder” que gobierna a México con mandatarios impuestos no sólo del PRI sino también del PAN.

Y algún sustento deben tener los dichos del ex perredista, pues ahora entre sus aliados políticos figuran ex funcionarios de alto nivel, como el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT –secretario de Gobernación en el régimen priista del presidente Miguel de la Madrid–, que en el pasado operaron o fueron cómplices de triquiñuelas mafiosas para frenar movimientos democráticos como el encabezado en 1988 por Cuauhtémoc Cárdenas, víctima de un burdo fraude electoral que llevó a la Presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari, a quien López Obrador señala como el capo de la “mafia del poder”.

¿O acaso habrá sido mera casualidad que cuatro días antes de la “caída del sistema” el 6 de julio de 1988, los dos estrategas electorales de Cárdenas, Román Gil Heraldez y Francisco Xavier Ovando Hernández, hayan sido ejecutados por sicarios del Cártel del Golfo liderado entonces por Juan García Ábrego; o que en la sucesión presidencial siguiente, en marzo de 1994, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, haya muerto en un atentado fraguado en Tijuana, territorio del cártel de los hermanos Arellano Félix, implicados un año atrás en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, muerto en mayo de 1993 durante un tiroteo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara por gatilleros que supuestamente confundieron al prelado con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el capo del cártel de Sinaloa recién fugado por segunda vez de un reclusorio federal de alta seguridad?

Pero previo a que López Obrador lo dijera, hubo otro personaje, Guillermo González Calderoni, un famoso ex comandante de la Policía Judicial Federal, quien años antes de ser asesinado en febrero de 2003 en Mc Allen, Texas, cuando salía de la oficina de su abogado Robert Izaguirre, había señalado públicamente también a los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari de ser los autores intelectuales de los crímenes de los dos asesores electorales de Cárdenas, de Colosio Murrieta y de José Francisco Ruiz Massieu, ex cuñado del ex Presidente y a la sazón secretario general del CEN del PRI, ultimado el 28 de septiembre de 1994.

González Calderoni había huido a Norteamérica un año antes, en 1993, a raíz de la orden de aprehensión que se libró en su contra por sus vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito, pues se le atribuía una oscura fortuna de 400 millones de dólares. En Estados Unidos se acogió al programa de testigos protegidos y fue uno de los principales informantes de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés).

¿Habrá sido mera casualidad o, por el contrario, se trató de un auténtico tiro de precisión que la fuga del “Chapo” Guzmán haya ocurrido un mes después de la elección federal del 7 de junio pasado y justo el día en que volaban hacia París el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no sólo es el responsable del sistema de seguridad nacional y por lo tanto de las cárceles federales, sino que además es el funcionario que el artículo 84 de la Constitución designa como titular provisional del Poder Ejecutivo en caso de falta absoluta del Presidente, sobre el cual se viene rumorando una seria enfermedad, versión que arreció con su reciente operación quirúrgica?

¿Cuál habría sido el efecto en las urnas para el partido gobernante si el escape de Guzmán Loera se hubiera dado previo a las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas del país? Al parecer, después de la elección federal intermedia, y asegurada la mayoría simple en la Cámara baja del Congreso de la Unión con el voto de los legisladores de otros partidos aliados, los grupos de poder al interior del PRI han iniciado la pugna soterrada por la sucesión presidencial de 2018, aspiración que el titular de la SEGOB ve difuminarse con la fuga del “Chapo”. Pero Osorio Chong está pagando su error de haber dejado inexplicablemente el control del sistema penitenciario federal en los mismos cuadros que lo dirigen desde hace más de 14 años.

Luis Astorga, investigador de la UNAM y autor del libro “¿Qué querían que hiciera?”, en el que analiza la guerra contra el narco emprendida por el ex presidente Felipe Calderón, declaró al diario Reforma que el escape del “Chapo” fue posible por una larga cadena de corrupción y un Estado que, en muchos niveles de gobierno, está subordinado al crimen organizado. Preguntó: ¿De dónde sacaron los cómplices del capo los planos del Penal del Altiplano, como para construir un túnel de 1.5 kilómetros desde afuera que llega exactamente a las regaderas donde él se bañaba? “Los planos de la prisión no están en internet, son datos que no están al alcance de cualquier persona…”, señaló.

En efecto, el 8 de mayo de 2014, dos meses y medio después de que “El Chapo” fuera capturado en Mazatlán, Sinaloa, un particular, vía ley de transparencia, solicitó los planos del Penal del El Altiplano, los cuales le fueron negados. ¿A poco nadie se percató de este indicio desde hace más de un año?

Por lo mientras, el sorpresivo viaje de Manlio Fabio Beltrones ayer a París desató todo tipo de conjeturas, pues el ex gobernador de Sonora –quien en marzo de 1994 entrevistó en privado a Mario Aburto Martínez, el “asesino solitario” de Colosio en Tijuana– es un fuerte aspirante presidencial que primero se le candidateaba para presidir próximamente el CEN del PRI y ahora es mencionado para reemplazar a Osorio Chong en la SEGOB.

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