Para que nuestros amigos y analistas de la realidad política, social y económica de Veracruz, evalúen la magnitud de la debacle financiera que vive el Gobierno del Estado y las situaciones indescriptibles a las que se está llegando, les vamos a platicar una nueva historia cuyo desarrollo bien hubiera podido servir en su tiempo como guión para las películas de Cantinflas o de Tin Tan.
Me refiero, claro, a los respetables colegas con cuyas aportaciones nos deleitamos, porque en los últimos años han tenido la valentía de abordar distintas facetas que se han venido ventilando sobre la realidad veracruzana, y de los que ya había yo puesto una lista, pero que mejor la borré en previsión de reclamos.
Pues el asunto deriva de cierto trabajador que fue despedido hace unos 7 años de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, quien demandó un obtuvo un laudo favorable por el que se condenó a esa entidad a reinstalarlo y pagarle. Reinstalado que fue, no pudo, sin embargo, cobrar la cantidad que le adeudaban, cercana al millón de pesos.
Ante el incumplimiento de la autoridad demandada para efectuar el pago, se vio precisado a promover un juicio de amparo indirecto en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por su dilación para ejecutar el laudo, y contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa, por su omisión para hacer cumplir el fallo del tribunal y pagar el débito.
El juez segundo de Distrito en el Estado, al resolver el juicio, concedió el amparo y ordenó al Tribunal de Conciliación hacer todo lo legalmente posible a su alcance para ejecutar el laudo y al gobernador disponer que se pague al trabajador.
Y aquí viene lo risible.
En vez de emitir un cheque que cubra la deuda, el Señor Secretario de Gobierno ofrece que se le embarguen bienes y proporciona una lista de 109 artículos usados o de medio pelo que pone a disposición para que sean rematados y se le pueda pagar al actor.
Entre esos objetos se encuentran unidades de CPU, impresoras, monitores, cámaras de video, ventiladores, reproductores de DVD, proyectores de acetatos y de cañón, reguladores de voltaje, máquinas de escribir, teléfonos, equipos escolares de sonido, consolas, amplificadores, videocaseteras VHS, y, al final de la lista, hasta una ¡sirena federal!
O sea, no saben de dónde sacar dinero…
Sin embargo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, forzado por el Poder Judicial Federal, se vio obligado a remitirle oficio al gobernador para que“…en el término improrrogable de tres días hábiles…autorice la erogación de la cantidad de $.........., con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en el plazo conferido… se le impondrá una de las medidas de apremio que señala el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz…”
El citado Artículo es el que dice que las mencionadas medidas de apremio sonMulta hasta de 15 veces el salario mínimo general diario vigente; Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; yArresto hasta por treinta y seis horas.”
Pues váyase usted para atrás también al saber que el Tribunal, usualmente timorato para presionar a los funcionarios, y sobre todo al gobernador, se atreve a decirle al mandatario que, o paga, o lo multará con “hasta de 15 veces el salario mínimo general diario vigente”, o dispondrá su “arresto hasta por treinta y seis horas”. Válgame.
Claro, el asunto fue patrocinado por nuestros amigos del Despacho Jurídico Viades, Llanes y Asociados, especialistas en materia laboral, que no han tenido el menor reparo en representar la justa demanda del trabajador (y que por cierto, uno de sus integrantes, Juan José Llanes Gil del Ángel, será el invitado de este lunes, a las 9 de la noche en el programa La Conjura, que conducen Alfredo Bielma Villanueva, Juan Vergel Pacheco y Carlos Arturo Luna Escudero).
Así que, cómo ven, queridos lectores este asunto.
El Estado teniendo que realizar remates de venta de garaje para saldar sus compromisos. Bien podría el licenciado Flavino instalar en los patios centrales de Palacio de Gobierno su propia exhibición de mercancía usada, aunque claro, haría respingar a los comerciantes del Salón Bazar de la avenida Orizaba, también conocido como Palacio de la Chunchaca, que sentirían una competencia desleal.
(Anexamos la lista de objetos).
Más clara no puede estar la voracidad leonina con que el régimen pretende flagelar a los choferes y transportistas, con esas multas e infracciones de Tránsito estúpidas, insensibles y gravosas para un pueblo que está en crisis porque la propia camarilla de rufianes que lo gobierna, encabezados por el huidizo señor Duarte, se han robado los recursos, los han desviado y los administran peor que sus atavíos interiores.


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