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El secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado, luego de conocer el contenido del informe preliminar presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),aseguró que “el gobierno de Veracruz comparte plenamente las observaciones realizadas” por la misma,como resultado de la visita in loco que hizo a la entidad, pero nunca dice que las van a acatar y que se hará lo necesario para subsanarlas.
Flavino Río sólo menciona una recomendación como aceptada “en sus términos”, la relativa a “fortalecer el mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.
¿Y qué ocurrirá con todas las demás?.
Probablemente las situaciones seguirán igual que hasta ahora.
En un boletín de prensa, el gobierno del estado quiso dejar la imagen de que la CIDH sólo había hecho una observación al gobierno del estado, la valoración positiva al crear la Comisión Especial para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), y la afirmación de que este mecanismo ha otorgado medidas a un número importante de periodistas.
Solo que eludieron mencionar que la misma CIDH apunta que la CEAPP afronta el reto de ganar la confianza de una parte importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno en el largo plazo”.
Ese es únicamente una observación hecha por la CIDH.
Y la muestra de que la CEAPP es controlada por el gobierno del estado es que a la audiencia con la CIDH nada más acudió la secretaria ejecutiva del organismo, Namiko Matzumoto; ¿por qué no fueron los consejeros?. Si es porque no quisieron ir, no están cumpliendo con su encomienda y de nada sirven; si Namiko se apropió de la situación hay una apropiación de representatividad inadecuada. Esa es una de las razones por las que los periodistas no confiamos en la CEAPP.
¿Qué van a hacer en la CEAPP para ganar la confianza de los periodistas?. Que Namiko salga a dar la cara, definitivamente no es el camino.
Pero no fue la única observación realizada. Hubo muchas, muchas más.
Y estas, como dijo Flavino Río, las “comparte plenamente” el gobierno del estado; el asunto es ¿se atenderán para resolverlas?.
Porque atenderlas implicaría una modificación sustancial de todo el aparato de seguridad pública y de procuración de justicia.
¿Está dispuesto el gobierno de Javier Duarte a hacer siquiera una parte de esto?
Algunas de las observaciones hechas por la CIDH, además de la CEAPP, son:
1. Veracruz es un corredor migratorio hacia Estados Unidos, y resiente la violencia relacionada al tráfico de drogas y armas, y a la trata de personas.
2. No hay respuesta a los reclamos de las madres de los desaparecidos. En Veracruz, la CIDH recibió el testimonio de una madre cuyo hijo desapareció a fines de 2013: “Ya acudí a todos los lugares, nadie nos ayuda a recuperar a nuestros hijos. No hay respuesta ni del gobierno de Veracruz ni del gobierno federal”.
3. Amenazas de los delincuentes a los familiares de las víctimas. También se recibieron testimonios de muchos familiares sobre las amenazas y el hostigamiento que sufren para que dejen de buscar verdad y justicia. “Las amenazas son reales. Estamos en riesgo, pero también convencidos de que callar no es opción. O hablamos con el riesgo que me maten; o si no hablamos, de todos modos, pueden matarnos”, fue el testimonio recibido por la CIDH en Veracruz.
4. Hostigamiento de la policía a los familiares de las víctimas. En Veracruz, la CIDH escuchó a un familiar: “Recientemente nos han ofrecido medidas de protección en Veracruz. Nos dicen que los policías nos van a cuidar. El problema es que son ellos mismos los que nos hostigan”.
5. Peligro de muerte para los policías y autoridades que no aceptan venderse a los criminales.
6. Veracruz, donde desde 2010 a la fecha se han registrado 15 asesinatos de periodistas y múltiples agresiones por parte de actores estatales y privados, de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad.
7. Durante la visita se constató que en Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios hacia los periodistas.
8. Vulnerabilidad del ejercicio periodístico. “En México desde que células del crimen organizado vieron que era rentable meter miedo a los periodistas, se volvió el modus operandi”, dijo uno de los periodistas que asistió a la audiencia de la Comisión en Veracruz. “Es contradictorio y genera zozobra que supuestamente haya muchos operativos de inteligencia e investigaciones abiertas y sin embargo no se puede encontrar a los responsables que ordenaron los crímenes”, añadió.
9. Ataques a medios de comunicación durante el proceso electoral de 2015, algunos de ellos contra la infraestructura, robo de equipos, amenazas y ataques cibernéticos. En el 2016 habrá elecciones, “lo que aumentará los factores de riesgo para esta profesión”.
10. Graves hechos de violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas que habrían afectado a decenas de manifestantes y periodistas.
11. Falta de una acción decidida por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes, provocando un estado de impunidad respecto de las agresiones de las que son víctimas los periodistas y comunicadores
12. Grandes desafíos políticos y jurisdiccionales que debe sortear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y los organismos de procuración de justicia locales para reducir los altos índices de impunidad. La falta de resultados completos en las investigaciones, la reticencia de la FEADLE a atraer a su jurisdicción los crímenes más graves, sumado al aumento de agresiones, hace que la autocensura se convierta en la alternativa para que los periodistas salvaguarden su integridad personal y su vida, con el consiguiente deterioro del derecho a la información de las comunidades en su conjunto.
13. El combate a la impunidad en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado concreta y decidida, es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.

DESAFORAR AL ALCALDE DE BOCA DEL RÍO. El gobierno del estado de Veracruz emprendió una acción persecutoria en contra del presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez con base en una denuncia colectiva de los diputados del PRI y del PVEM en el estado, los cuales ninguna prueba sólida presentaron, solo lo que consideran es la suma de sus salarios contrastados contra lo que presumen es el valor de su casa.
La Fiscalía General del Estado en este caso fue rápida para actuar, como nunca lo es, y el viernes 2 de octubre por la noche entregaron un citatorio al edil.
La intención, como dice el mismo edil, es hacer un montaje para desaforarlo.
Y obviamente esto busca una repercusión hacia las elecciones del 2016, cuando el padre del alcalde puede ser candidato a la gubernatura del estado.
Yunes Márquez apunta:
A diferencia del gobierno de Duarte no debemos ni un peso, seguimos haciendo obra pública y obra social, mantenemos contacto diario con los ciudadanos, los escuchamos y atendemos.
Pero también, después de mencionar que los otros aspirantes a la gubernatura del estado ya establecieron su compromiso de “proceder legalmente contra quienes –encabezados por él- saquearon a nuestro Estado y quieren irse con las bolsas llenas y vacíos de responsabilidad”, lanza un grito de batalla.
¡A los Yunes, Duarte no nos va a doblegar!”

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