De mil formas se ha pedido al gobernador Javier Duarte que se vaya y nos deje en paz. En la misma proporción se ha clamado al centro de poder federal su intervención o que alguien, por amor de Dios, pare ésta masacre, ésta barbarie que sin exagerar vive Veracruz.
Nadie nos escucha.
El presidente Enrique Peña Nieto ha venido mil veces a nuestro estado a la nada. Es autista. No ve ni oye. Se niega al reclamo veracruzano y más le interesa una estúpida selfie o presumir su avión de 9 mil millones de pesos que parar la ola criminal y de saqueo de las arcas públicas.
Hoy a los periodistas nos toca llevar a enterrar a la periodista orizabeña Anabel Flores Salazar, secuestrada este lunes por un comando armado que irrumpió en su casa para que un día después, este martes 9 de febrero, fuera encontrada con el rostro cubierto, violentada y ejecutada.
Y aun cuando al momento de escribir esta nota no hay información oficial sobre la identificación de la víctima, los familiares de Anabel ya dieron fe.
Y eso duele, duele mucho… ¡Nos duele, Veracruz!
Anabel es la periodista número 16 sacrificada durante el gobierno de Javier Duarte. Anabel, al igual que el resto de los colegas asesinados, fueron criminalizados por el duartismo.
Todos, según el gobierno, tuvieron liga con el crimen organizado, por tanto -en esa dialéctica- merecían morir.
Y Anabel con más culpa ya que los sabuesos de la Fiscalía que encabeza Luis Ángel Bravo Contreras siempre supieron los vínculos de la reportera masacrada, quien el 30 de agosto de 2014 en Acultzingo, fue encontrada en compañía de Víctor Osorio Santacruz ‘El Pantera’, que fue detenido en aquel momento “por sus probables nexos con un grupo de la delincuencia organizada”.
Por la afirmación oficial se entendería que en aquel momento no intervinieron las autoridades ministeriales seguramente por “estrategia”, por “inteligencia” y porque ya no les dio tiempo para matarla para después revivirla como sucedió con el protuberante delincuente el “Chichi”.
Hoy todos los periodistas a la vista de la secretaría de Seguridad Pública, que encabeza nuestro ángel de la guarda Arturo Bermúdez y el pulcro Fiscal General, Luis “Ángel” Bravo estamos ligados a criminales y como ya nos descubrieron están firmemente determinados a exterminarnos.
Así evocamos al primer periodista asesinado Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan, a quien se le vinculó a criminales, por ello cayó a manos de un sicario.
Milo Vela, de Notiver, también fue masacrado con su esposa e hijo por escribir de criminales.
La periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, también reportera de Notiver, fue levantada el 24 de julio de 2011. Su cuerpo, decapitado, fue encontrado dos días después. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato.
Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso fue estrangulada en su casa el 28 de abril de 2012. Las autoridades locales concluyeron que fue víctima de un crimen pasional. El gobierno local nunca investigó si su muerte estuvo relacionada con su trabajo.
Notiver es quien más ha puesto muertos periodistas.
Guillermo Luna Varela, 21 años, fotógrafo para Notiver; Gabriel Huge Córdova, fotógrafo para Notiver, de 37 años de edad; Esteban Rodríguez, reportero del periódico AZ, de 30 años de edad y Ana Irasema Becerra Jiménez, de 33 años de edad, empleada administrativa de “El Dictamen”, fueron encontrados el 3 de mayo de 2012, el “Día mundial de la Libertad de Prensa”, en bolsas de basura. Las autoridades culparon a supuestos narcotraficantes de los cuatro homicidios y cerraron el caso.
Víctor Manuel Báez Chino, 46 años de edad. Reportero del sitio “reporterospoliciacos.com” fue despedazado por criminales a los cuales, según la Procuraduría de Justicia del estado, estaba vinculado. El al igual que los periodistas Miguel Morales y Sergio Landa, también asesinados y despedazados.
Y qué decir de los sonados casos de Gregorio Jiménez de la Cruz, Octavio Rojas Hernández y Armando Saldaña, todos –según la autoridad- ligados a organizaciones criminales, salvo el caso de Moisés Sánchez Cerezo presuntamente ultimado por encargo del presidente de Medellín, Omar Bravo.
Le siguen el periodista Juan Mendoza y el foto-reportero Rubén Espinoza, quien denuncia amenazas del gobierno de Duarte, migra de Veracruz y es asesinado en el DF ligado a narcotraficantes.
Pero si para el gobierno el tema es del crimen organizado, sean periodistas asesinados o chavos como los de Tierra Blanca masacrados, para la mayoría del pueblos veracruzano es un asunto de ingobernabilidad y ausencia de una estado de derecho.
Es ese estado de indefensión que el ciudadano y su sociedad perciben de cara a la supuesta defensa que la norma jurídica que les debería proporcionar el gobierno de Duarte ante el embate y la agresión de factores externos a sus propias personas: sobre ellas y sobre sus propiedades y bienes.
Mucho peor cuando el procedimiento es tergiversado por actitudes, conductas y decisiones infectadas de tendencidad y complicidad con el delito, la corrupción y maltrato público premeditado, como son los casos de la Fiscalía y la SSP.
El gobierno de Duarte no acaba de entender que estado de Indefensión Jurídica no es de ninguna manera una sensación individual o colectiva, sino que es una realidad fuera de todo cuestionamiento.
Veracruz nunca había vivido una pesadilla como la que hoy en el día a día padecemos tanto en lo social, como lo político y económico. Javier Duarte parece inamovible, indestructible, el de la razón, el que nos gobierna con sabiduría y patriotismo.
Es el de la verdad única aunque ocho millones de veracruzanos opinemos lo contrario.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo