La Seguridad, una tragedia de los bienes comunes.
La justicia en adolescentes y prevención de la violencia y la delincuencia siguen siendo desgraciadamente tareas pendientesa pesar de la existencia del Programa Nacional de la Violencia y la Delincuencia 2012 impulsado por el Gobierno de la República, ha sido el resultado de la corrupción e incapacidad de los gobiernos locales que han ignorado esas problemáticas. Ignorar los problemas; no significa que no existan.
Desafortunadamente en Veracruz lo único que destaca en materia de juventud son desapariciones forzadas, impunidad, delincuencia, corrupción, jóvenes violadores y secuestrados; del tamaño de esos problemas, es la ineficacia del gobierno, de sus instituciones de prevención e impartición de justicia.
Hay diversos paradigmas desde los cuales se aborda la temática de la política criminal. Durante los últimos tiempos, la prevención del delito y la protección a los derechos humanos parece tener contradicciones muy fuertes como producto de una lacerante corrupción. Sin embargo, los gobiernos <>tienen pendiente estructurar una política de prevención eficaz a pesar de la existencia de un Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la sociedad tiene pendiente la existencia de mayor transparencia y rendición de cuentas social, la sociedad y las organizaciones de la sociedad no deben ser cómplices de la corrupción, de lo contrario, los costos sociales se agudizarán y todos sin distinción seremos víctimas o victimarios por la omisión e incapacidad de los gobiernos. ¿Por qué fracasan las políticas de prevención del delito? ¿Cómo o en qué se están invirtiendo los recursos públicos destinados a esa áreas?
El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene su origen en la publicación de la Ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia en enero de 2012, empezó a operar en 2013, con un presupuesto asignado de $ 2,500´000,000, dos mil quinientos millones de pesos para 2013 y 2014, respectivamente.
Concentremos esta situación en Veracruz, los recursos asignados son los siguientes:

2013
Veracruz de Ignacio de la Llave 73,662,119
Zona Metropolitana de Veracruz 47,504,736
Xalapa 26,157,383

2014
Veracruz de Ignacio de la Llave 75,015,055.26
Zona Metropolitana de Veracruz 48,790,082.03
Xalapa 26,224,973.23

2015
Veracruz de Ignacio de la Llave
Zona Metropolitana de Veracruz 47,755,557.38
Xalapa 25,645,696.71

2016
Veracruz de Ignacio de la Llave 63,066,229.38
Zona Metropolitana de Veracruz 31,432,840.28
Xalapa 18,148,164.99
Minatitlán 13,485,224.11

De 2013 a 2015 se han destinado 285,144,658, los resultados obtenidos de la aplicación del programa: No existen, al menos no se ha traducido en mejoras para fortalecer la cohesión social, en la siguiente semana, veremoslos índices de violencia y criminalidad en este sector para establecer una correlación entre lo que se “invierte” y los resultados obtenidos, dejamos como hipótesis que, no hay resultados en materia de prevención y que existe duda en cómo se han aplicados los recursos y en qué se han aplicado.
Según el Centro de Análisis de Políticas Pública México Evalúa señala que “la prevención del delito es un componente central en toda estrategia de control del crimen y la violencia. Explicar su relevancia es sencillo: las políticas de prevención atienden factores de riesgo presentes en el individuo, en la familia, en los espacios públicos, en la comunidad, para evitar que se traduzcan en actos criminales (México Evalúa, 2014).
La UNICEF ha precisado que “las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección familiares, comunitarios e institucionales y facilitan que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas o adquieran conductas violentas” (UNICEF, 2009).
El diagnóstico es que “la mayoría de los adolescentes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de quince a diecisiete años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral, y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia. Además suelen vivir en entornos violentos. Se trata, en definitiva, de adolescentes que viven en ambientes de desprotección, en los que por lo general varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados” (UNICEF, 2009).
Las políticas públicas de prevención del delito en la actualidad tienen una gran importancia para fortalecer la cultura de la legalidad y el estado de derecho.
La agenda pública en materia de juventud ha sido menospreciada por los gobiernos y autoridades, se mira con estreches, se reduce a un pago de factura electoral, se margina como una “cuota” sin importancia, un compromiso que el gobierno debe “cumplir”. Por lo regular los órdenes de gobierno estatal y municipal <> asocian los temas de juventud con asuntos recreativos, sin importancia y transitorios. No obstante, en la actualidad la agenda en materia de jóvenes vinculada a la justicia reviste gran trascendencia, sobre todo en momentos en los que discute el consumo de drogas, el incremento en pandillerismo, delincuencia juvenil y adolescentes en conflicto con la ley.

En razón de lo anterior, es fundamental cambiar el paradigma sobre los temas, incorporar una visión que fortalezca la política prevención del delito a través de los programas institucionales dirigidos a la población “juvenil” entre doce años cumplidos y menores de dieciocho (12-18 años) y población de dieciocho años cumplidos y menores de veinticuatro (18-24 años) es fundamental para construir una mejor sociedad.
Incorporar una visión transversal sobre la prevención del delito en programas, implica conocer desde una perspectiva sistémica e integral el conjunto de políticas y programas, causas y consecuencia de adolescentes en conflicto con la ley.
Si partimos del supuesto “que la reinserción social” es una ficción debido a la crisis y debilidad de sistema penitenciarios, entonces, estamos frente a un riesgo, qué los centros de readaptación social se convierten en escuelas del crimen.
Fuentes:
Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, 2013, 2014, 2015, 2016.
El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas UNICEF
Centro de Análisis de Políticas Pública México Evalúa