Con su promulgación este martes por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa, en un vergonzoso acto en que los jerarcas religiosos mostraron su músculo ante un mandatario débil, concluyó el penoso periplo de la reforma al artículo 4° Constitucional que remite al repudio social, a la penalización delictiva y a los riesgos sanitarios por su práctica clandestina, a las mujeres que opten por el aborto.
Bajo un eslogan curioso que resume la supuesta intención de proteger la vida desde la concepción, Duarte, acompañado de su familia y de Hipólito Reyes Larios, el arzobispo orizabeño que dirige a la grey xalapeña con mentalidad medieval (contra los propios postulados del Papa Francisco), además de jerarcas de otras iglesias, se hizo realidad una ley perversa y retrógrada que condena a las mujeres a mantener obligadamente el producto de un coito, sin importar si este fue contra su voluntad, producto de una violación.
Llama la atención que, mientras mantiene en el cajón la Ley de Transparencia que tanto le afecta, Javier Duarte haya mandado señales que agravian la separación del Estado y la Iglesia, consagrada en la Constitución Política de México, al realizar el evento en el Instituto Rougier, una escuela confesional fundada en 1961 por la Congregación de las Hijas del Espíritu Santo, a petición del entonces Arzobispo de Xalapa, Manuel Pío López.
Y en el colmo del cinismo señale que si bien en la Constitución se instituye con toda claridad dicha separación, “esto no impide que iglesias y Estado coincidan en iniciativas que tienen como sentido fundamental la búsqueda de una mejor sociedad, más justa e igualitaria ante la Ley”.
Con un gobierno que no ha podido contener la violencia criminal y, por tanto, no ha tenido entre sus más altos propósitos preservar la vida de los veracruzanos, la mascarada religiosa protagonizada por Duarte en el Puerto de Veracruz, en presencia del alcalde Ramón Poo y de los diputados cómplices que, junto con 137 ayuntamientos, aprobaron la reforma, muestra la cúspide de un gobierno fallido y lesivo para los veracruzanos, aunque se llene la boca diciendo que “hoy atestiguan con entusiasmo y esperanza la incorporación a nuestra legislación del derecho a la vida”.
Y es que el texto enviado a la Legislatura, y defendido hasta con las uñas por Duarte y sus cómplices en el Congreso local, fue redactado en los mismísimos claustros ecleasiásticos. No sirvieron las protestas, los llamados a la civilidad y la denuncia sobre el carácter negativo que criminaliza a la mujer, de parte de organizaciones civiles, de mujeres y organismos de derechos humanos, incluso de instituciones estatales como el de las mujeres.
Los prelados hicieron hasta marchas públicas para presionar a los diputados; se plantaron religiosos y organizaciones confesionales en la sede del Congreso animando un discurso beligerante contra las organizaciones que se opusieron a su aprobación por segundo periodo ordinario de sesiones; tampoco valió para que las comunas, presionadas o con el mismo sello, aprobaran la iniciativa de reforma constitucional.
Este martes, Javier Duarte dijo que la promulgación de este atentado legislativo era histórico. Y sí, es histórico, como histórica es la vergüenza colectiva de los veracruzanos que cada día que pasa es manchado por los escándalos, la corrupción, la impunidad, el autoritarismo y el carácter cretino de su gobernador.

Iglesia y Estado criminalizan a la mujer

La reacción de los coectivos feministas y de derechos humano no se hizo esperar. Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista de Xalapa, dijo que con la promulgación de la reforma al artículo 4° de la Constitución local, las causales que permiten el aborto en casos específicos (violación, riesgo de vida para la madre, malformación del producto y la inseminación artificial no consentida) pueden ser vulneradas, pues se intenta sancionar incluso a aquellas que por causas naturales sufran un aborto espontáneo.
Este mismo martes externaron que esta reforma constitucional es una muestra de que la Iglesia católica, principalmente, tiene el poder y está dispuesta a usarlo, pasando por encima del Estado laico, como se ha venido demostrando desde el momento en que se presentó la iniciativa y hasta su promulgación.
En contrapartida con el público regocijo duartista por esta reforma, en los dos últimos años se han registrado 1 mil 738 casos de veracruzanas víctimas de violencia de género, mientras que 481 mujeres de nuestra entidad han sido asesinadas en el periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Contra estos casos de violencia contra la mujer, ni los curas capones encabezados por el arzobispo Hipólito Reyes Larios, ni la complaciente administración estatal, han hecho algo por denunciarla o atacarla e, incluso, en el caso del gobierno duartista, se ha negado a que se decrete la alerta de género, maquillando las cifras oficiales sobre violencia específica contra mujeres por cuestiones de violencia de género.
Tan preocupados están por abatir la violencia contra mujeres, que el actual Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras ha logrado reducir el número de casos de violación… en las estadísticas.
En efecto, al hacer un análisis del número de delitos del orden común reportados por la FGE al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa una sospechosa disminución en las estadísticas de incidencia delictiva.
En Hora Libre anterior me permití publicar la siguiente observación:
“En el caso de violaciones denunciadas, cuyo número pasa [de 2013 a 2014] de 327 a 142, estamos hablando de un hecho inexplicable pues se abatió, siempre según los datos de la Fiscalía General del Estado, en más del 56.5 por ciento.
“La situación es más sorprendente de 2013 a 2016 (en sus primeros semestre), pues de 327 casos de violación, este año solo se denunciaron 46, ¡una baja del 86 por ciento! que no se explica si nos atenemos a las denuncias presentadas por organizaciones feministas y organismos no gubernamentales que han solicitado que se instaure en la entidad la alerta de género, tanto por el creciente número de feminicidios como de violaciones”.
Sin embargo, tanto el gobierno estatal como la Iglesia católica encabezada por Hipólito Reyes Larios han mostrado una actitud recriminatoria contra las mujeres.
Baste recordar aquellas torpes palabras de Reyes Larios en su homilía del domingo 21 de junio de 2015, en la Catedral de Xalapa, cuando se refirió a las madres solteras como una plaga. Aunque luego del escándalo generado por la publicación en medios de sus afirmaciones, la oficina de prensa del Arzobispado negó el dicho e, incluso, señaló a los periodistas de tergiversar de mala fe al prelado, lo cierto es que mostró el discurso más crudo, en machismo y discriminación contra las mujeres.
El tono empleado por el líder religioso fue despectivo: “México tiene un montón de mamás solteras y unas dicen ‘somos padre y madre’; pues en los hechos, sí, pero no pueden hacer el papel de padre. Y eso se hace una epidemia porque la que es hija de madre soltera, al rato no tiene otro modelo que ese, aunque sea inconscientemente”.
Esas generalizaciones ofensivas y discriminatorias describen al mismo prelado que encabezó marchas de curas, monjas y fieles engañados para presionar a los diputados locales a que aprobaran la reforma al artículo 4° Constitucional.
El mismo que no ha querido reconocer que la existencia de madres solteras tiene, entre otras razones, la virulenta oposición de la Iglesia católica a la educación sexual de la infancia desde la infancia, a la prohibición del uso de métodos anticonceptivos y al aborto, además de la falta de valores en la educación de los varones que han sido padres pero que han dejado en el limbo a las mujeres embarazadas.

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