LA PGR SÍ INVESTIGA A JAVIER DUARTE. La PGR sí investiga a Javier Duarte, Vicente Benítez y otros, por delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e incumplimiento del Deber Legal. El anuncio lo hizo José Guadalupe Medina Romero, titular de la SEIDF.
El comunicado 1475/16 contiene el mensaje completo donde se hizo la ratificación del acto.
Lo puede leer en https://goo.gl/CV8IGO

2 NOTARÍAS DE EMERGENCIA E IRREGULARES, PARA BELEM FERNÁNDEZ Y GÓMEZ PELLEGRIN.
Javier Duarte está más que preocupado por dejar dos notarías bien afianzadas antes de irse, las dos de nueva creación. Una para el hoy secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pellegrin, quien pidió la misma como compensación por el trabajo realizado en la dependencia para contener a todos los cobradores, y la otra solicitada por la hoy diputada Belém Fernández del Puerto, como pago por votar a favor de las iniciativas de Javier Duarte de los últimos meses, pero además impulsada con fuerza por una relación muy estrecha con Flavino Ríos, el hoy Secretario de Gobierno.
En juego están 24 notarías, pero 22se encuentran en suspenso, por el juicio de amparo ganado por uno de los concursantes que reclamó que no se respetaron sus derechos.
Ellos estaban etiquetados en las 22 notarías vacantes, por eso el 3 de marzo de este año Flavino Ríos dijo que ya no se crearían más notarías en Veracruz y el 19 de julio lo ratificó, aún cuando el 15 de julio se concedió el amparo contra el otorgamiento de esas 22.
Pero siempre sí, se crearán dos nuevas notarías, porque no se pueden dejar pendientes las deudas con Gómez Pellegrin y Belém Fernández, por todo lo que hay atrás de sus casos.
Pero además Javier Duarte al ordenar la instauración de estas dos nuevas notarias viola la Ley correspondiente, expedida por él mismo.
Todo en el afán de dejar cercado al próximo gobierno.
¿O será porque finalmente no quiere que se aprueben las notarías y pretende que alguien más se ampara e impida la creación de las mismas?
El anuncio es crear una notaría en la demarcación 17, que tiene 14 municipios, con Veracruz como cabecera, y la otra en la 21, con 15 municipios y cabecera en Coatzacoalcos.
Probablemente la de Veracruz la están destinando a Belém, y la de Coatzacoalcos a Gómez Pellegrin.
Y las irregularidades que tienen los “acuerdos” para la creación de las mismas son múltiples.
Primero no se precisa el número de notaria que corresponderá, ni el municipio de residencia.
Y esto es sustancial, porque el Artículo 12 de la Ley del Notariado establece que “La Notaría se ubicará dentro del municipio y demarcación territorial que determine la autoridad, y ostentará en lugar visible la leyenda de ser Notaría, el nombre del Notario y el número que le corresponda”.
Y en consecuencia apunta que “se prohíbe el cambio de domicilio de una Notaría a otro municipio diferente para el que fue creada”.
Después, no hay un soporte de la necesidad de que dicha notarias sean creadas.
El artículo 8, fracción III, establece que el Ejecutivo del Estado ordenará la creación de las Notarías que se requieran en cada demarcación, con base en las cifras del último Censo de Población y Vivienda o del Conteo de Población y Vivienda, y en el 18 se complementa que “En las demarcaciones notariales del Estado habrá un Notario por cada veinticinco mil habitantes”.
¿Cuántos son los habitantes en cada demarcación?, ¿cuántos notarios hay en las mismas?.
Los “acuerdos” de Javier Duarte no mencionan cuales son los datos de población de las demarcaciones, ni el número de notarios existentes en cada una, que muestren la necesidad de crear más notarías; sólo dice en su considerando segundo que “atendiendo a la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total de población del Estado de Veracruz asciende a 8'112,505 habitantes, y que para satisfacer las necesidades y demandas de servicios de la función notarial, se justifica la creación de nuevas Notarías Públicas en el Estado de Veracruz”.
La “encuesta intercensal” a la que alude, es distinta a los objetos susceptibles de usarse, marcados en la ley: el último Censo de Población y Vivienda o el Conteo de Población y Vivienda.
La convocatoria emitida para los exámenes de oposición el 16 de septiembre, establece que estos serán el 5 de noviembre, pero los tiempos no dan.
La inscripción se establece dentro de los 30 días siguientes al 21 de presente mes, esto es al 21 de octubre; luego la referida Ley, donde se anota en el artículo 60 que la Dirección General, en un plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al del vencimiento de la convocatoria, remitirá al secretario del Consejo las solicitudes, esto es que tiene de plazo hasta el 6 de noviembre.
Aquí los tiempos ya quedaron rebasados.
La convocatoria agrega que “una vez recibidas las solicitudes por el secretario del Consejo, dentro del plazo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al de su recepción, remitirá al Ejecutivo,...para que el Ejecutivo dicte el acuerdo procedente”. Esto es, hasta el 11 de noviembre.
El artículo 61 anota que “El Ejecutivo, por sí o por conducto del Secretario (de Gobierno), dentro del plazo de treinta días naturales siguientes al de la recepción del dictamen a que refiere el último párrafo del artículo anterior, dictará el acuerdo relativo a la aprobación o desechamiento de la celebración del examen”; entonces el plazo se vence el 10 de diciembre y para entonces el sexenio ya feneció.
Pero en fin.
A partir de la recepción del acuerdo aprobatorio del Ejecutivo, la Dirección General contará con quince días naturales para fijar el día y hora para la celebración del examen de oposición. El límite sería el 25 de diciembre, para fijar la fecha, la cual tiene que ser cuando menos 11 días naturales después, porque el Director General notificará a los demás miembros del Jurado y a los interesados, por escrito, cuando menos con diez días naturales de anticipación a la fecha del examen. Es decir que siguiendo los plazos al límite, el examen tendría que hacerse por allá del 5 de enero.
La calificación del examen puede hacerse el mismo día y una vez determinados los triunfadores, la Dirección General elaborará y enviará al Ejecutivo la patente de Notario, dentro de los 5 días hábiles, es decir que el limite sería el 12 de enero.
En el artículo 67 se apunta también que “Una vez autorizada por el Ejecutivo, se remitirá la patente de Notario a la Dirección General y se publicará en la Gaceta Oficial del Estado, previo pago de derechos a costa del examinado”. Por muy rápido sería al día siguiente, el 13 de enero.
Y entonces, sólo hasta entonces, la patente de Notario surtirá efecto.
Pero para esa fecha, quién sabe dónde estará Javier Duarte.
Así que, muy probablemente, la intención es hacer un proceso fast-track, en donde los pasos se vayan dando día a día, incluso momento a momento.
Javier Duarte no quiere dejar de cometer irregularidades, ni un solo día de los que le quedan en el gobierno.


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