Luego del sorprendente y espectacular operativo que realizó la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR en el Palacio de Gobierno de Veracruz y en algunas otras dependencias estatales, queda claro que si el gobernador Javier Duarte de Ochoa debe pagar algo ante la ley, será en procesos federales y no en la justicia veracruzana de la administración de Miguel ÁngelYunes Linares.

Dentro de las estridencias políticas que durante más de una año se registran en Veracruz entre Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares se han registraron denuncias formales ante instancias judiciales de ambos lados, pero por primera vez, se observa la acción real de la Procuraduría General de la República para actuar y es contra el gobernador en funciones y es derivado de las denuncias presentadas en la Fiscalía General de Veracruz por el gobernador electo.

Fue de esta manera que esta semana la PGR arrebató las denuncias para dar seguimiento y aunque el gobierno estatal se ha esforzado por aclarar que se trata de un acto sano y que es para no viciar los procesos, para la gran mayoría de los veracruzanos quedó claro que la acción de la justicia va en serio en contra del gobernador y muchos de sus colaborares, ex colaboradores y personas ajenas al gobierno pero que presuntamente hicieron negocios con dinero público.

Es así como se encuadran los presuntos delitos de Peculado, incumplimiento de un deber legal y enriquecimiento ilícito que habrían cometido varios funcionarios de la actual administración estatal que encabeza Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo a la legislación mexicana, el Incumplimiento de un Deber Legal es un delito de acción u omisión realizado por uno o más Funcionarios Públicos, en contra de la Administración Pública o de particulares.

Mientras que el término de Peculado se emplea en el ámbito del derecho para nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. El peculado, por lo tanto, forma parte de lo que se conoce comúnmente como corrupción.

Y el enriquecimiento ilícito, proviene del vocablo latino illicítus, que significa ilícito; es decir, que no está permitido legalmente, es un acto contrario a derecho; el enriquecimiento ilícito es un concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a las normas jurídicas. El tipo penal de enriquecimiento ilícito opera cuando se trata de un funcionario o servidor público al que no se le ha podido probar que haya cometido delito contra la administración pública, pero si se demuestra el incremento patrimonial no justificado significativo que se presume el mismo produjo.

La decisión de la PGR de investigar con carácter de delitos federales estos conceptos se deriva de algunas pruebas contundentes que obligan a una investigación exhaustiva y que obliga a la dependencia a presentar resultados precisos, sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y personajes en cuestión.

Por otro lado, la Fiscalía General de Veracruz también tiene en su haber las denuncias presentadas por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, aunque esas no fueron atraídas por la PGR, lo que no significa que el gobernador electo sea inocente de los delitos que se le imputan de enriquecimiento ilícito. Corresponde a la autoridad estatal indagar esos expedientes.

Pero lo que sí tienen en su cancha la PGR es la denuncia que presentaron los diputados locales en contra de Miguel ÁngelYunes Linares y que se dio acuse de recibo, pero que hasta el momento se desconoce su estatus.

Los conflictos políticos en Veracruz se tradujeron en legales y los veracruzanos esperan con avidez los desenlaces de las investigaciones, mientras transcurren los días para la transición de poderes. El 5 de noviembre se dará el primer ajuste en los poderes del estado, cuando tomen protesta los diputados locales que integrarán la LXIV Legislatura de Veracruz que no tendrá mayoría absoluta ni simple de ninguno de los partidos políticos representados en ese órgano parlamentario.

MOTIVOS DEL VERDE

El Partido Verde en Veracruz busca aprovechar la oportunidad de ser el único de los pequeños que sobrevivió a la elección del pasado 5 de junio y su única competencia ahora es el PRD que por ahora mantiene una alianza con el PAN, pero pende de alfileres y es un hecho que en la elección municipal del 2017 ésta será disuelta.

En ese sentido, el Partido Verde busca ser uno de los cuatro partidos que postularán candidatos a puestos de elección popular en el 2017 ya que el resto de la chiquillada perdió su registro en Veracruz y no podrán participar.

Por eso, la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México inició su campaña nacional de afiliación y credencialización de su militancia en los 212 municipios veracruzanos para el Proceso Electoral Local del 2017 para renovar las presidencias municipales y la diputación local del Distrito 21 de Cosoleacaque en calidad de elección extraordinaria y elevar la votación de más de 160 mil votos de este año.

EL PVEM busca generar una estructura sólida y la definición de perfiles para postular candidatos a las presidencias municipales y regidurías que se postularán en el verano del 2017.

Esta vez, la promoción del Partido Verde se basa en los logros legislativos como la protección de las mascotas, vale para el primer empleo, prohibición de peleas de perros, aplicación de la ley a quienes abusen de los animales en espectáculos públicos como circos, vaquilladas y xiqueñadas.

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