Hay personajes que se ostentan, incluso, como abogados, que afirman que Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, con licencia, puede ser detenido inmediatamente, debido a la orden de aprehensión que se ha girado en su contra, porque, sencillamente, ya no goza del fuero constitucional que lo protege como depositario del Poder Ejecutivo de Veracruz.

Estas opiniones se han emitido en razón de que el mandatario decidió solicitar licencia por el tiempo que dure su gobierno.

Sin embargo, dichas voces no fundamentan correctamente sus aseveraciones, ya que no han considerado que Javier Duarte de Ochoa, fue elegido por el pueblo veracruzano, durante un proceso electoral donde resultó ganador de las elecciones y por lo tanto, este puesto no posee el carácter de renunciable, salvo que se le siga un proceso de procedencia en la Legislatura del Estado, la cual esta compuesta por representantes populares, es decir, la voz y la autoridad del pueblo depositada, también, a través del voto, para ejercer las facultades que les corresponden, siendo una de ellas, precisamente, la de revocar el mandato constitucional y por lo tanto, dejándolo sin esta protección.

Esto quiere decir, que si el pueblo decidió a través del voto popular, que sería el gobernador del estado, por el periodo constitucional, para el cual fue electo, se tendrá, entonces que esperar a que concluya su mandato y que deje de ser el Ejecutivo del Estado, para convertirse en un ciudadano veracruzano, como los demás, es decir, sin el poder otorgado, sin el fuero constitucional para su persona, por el solo hecho de encontrarse fuera del tiempo para el cual fue nombrado.

Así es que aún con la orden de aprehensión emitida por juez competente, el mandatario, con licencia, no puede ser detenido y por lo tanto, permanecerá libre hasta en tanto no culmine el periodo gubernamental para el cual fue electo.

Si la sola licencia para separarse del cargo, le anularía la protección constitucional, entonces también se daría el caso de que si Miguel Ángel Yunes Linares, resultara responsable de los acusaciones que se le han estado haciendo durante los recientes meses, también podría ser detenido, a pesar de que también posee fuero constitucional, en su carácter de diputado federal, con licencia.

Ambos casos, se tienen que estudiar a la luz del derecho, porque de ejecutarse la orden de aprehensión que se ha girado en contra de Javier Duarte de Ochoa, se estarían violentando sus derechos como gobernante con licencia y se entraría, en otro problema de carácter jurídico que en este momento, no convendría para las acciones del gobierno federal, quien lo busca a través de la Procuraduría General de la República. Esto, de ninguna manera, es una especie de defensa de quien ha generado las peores condiciones económicas, políticas y sociales de la entidad.
Lo que, probablemente, en este momento este realizando la Procuraduría General de la República, sean pesquisas preventivas, es decir, ubicación del presunto delincuente para tenerlo a disposición para cuando termine el periodo gubernamental para el cual fue electo.

Así, de esta manera, en el primer minuto del día primero de diciembre próximo, la dependencia federal, podría ejecutar la orden y proceder a su detención con la finalidad de continuar con el proceso de aplicación de la justicia.

Visto esto, salvo que las autoridades apresuren el famoso desafuero, el Señor Javier Duarte de Ochoa, seguirá gozando de su libertad, moviéndose, incluso, por lugares visibles.

Desde luego que esto, tampoco lo haría, ahora que se ha ausentado, prácticamente, de su domicilio habitual y ha decidido esconderse para no ser ubicado, puesto que esto lo pondría en manos de las autoridades que lo reclamaran a partir de las cero horas del día primero de diciembre.

En términos generales, esta parece ser la situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa, quien sigue siendo protegido ante la ley, en razón de que su cargo no proviene de una designación, sino de una elección popular.


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