Antes de entrar en tema, aunque ya chole con el triunfo de Trump, otra declaración interesante de José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay: “El problema no es Donald Trump, sino toda la gente que lo apoya, que es mucha.”
Bien. La senadora Sandra Luz García Guajardo propone que se imponga una multa administrativa a los ciudadanos que no voten, para así combatir el alto porcentaje de abstencionismo que se da cada vez que se celebran comicios en nuestro país.
Me parece que sería una buena medida que además tiene sustento constitucional pues nuestra Carta Magna señala en su artículo 36 fracción III que es obligación del ciudadano “Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley.” Y más aún, el artículo 38 en su fracción I prescribe que el ciudadano pierde sus derechos como tal “Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36.”
O sea que, en teoría, quien no vota pierde sus derechos como ciudadano. Pero es una de tantas disposiciones legales que al gobierno no le interesa ejercer.
El que todos acudiésemos a votar en elecciones y consultas populares tendría muchas ventajas. Evitaría, por ejemplo, que los candidatos perdedores, de manera mañosa, utilicen los altos niveles de abstencionismo pretendiendo descalificar el resultado.
Existe la percepción falsa de que el gran número de ciudadanos que no acuden a votar, no lo hace por hartazgo hacia el sistema, o porque no le satisfacen las propuestas de ninguno de los partidos. Esta es – reitero – una idea falsa porque aquellos que no votan de manera consciente, por rechazo a un sistema político estéril y caduco de partidos, constituyen un porcentaje ínfimo del electorado.
Políticos, periodistas y gente pública en general, por quedar bien ante las masas, suelen alabar y elogiar al pueblo. Pero lo cierto es que el pueblo mexicano, considerado masivamente, es tremendamente inculto y voluntariamente desinformado. Los enormes niveles de abstención en las elecciones se deben a que las mayorías no tienen ni la mínima consciencia cívica; personas que no saben ni les interesa lo que sucede en su ciudad, su estado, su país ni el mundo, fuera de cómo quedaron los Pumas y el América o en qué va la telenovela de las nueve. La mayoría no sabe quién los representa, quién es su diputado local y el federal, ni quiénes son sus senadores, y algunos, por increíble que parezca, ni quién es su presidente municipal. Gente que ni en sueños acuden a las urnas, a menos que los acarreen en camiones como ganado y los sobornen con una torta y un refresco. Personas que en su vida han leído, leen ni leerán un artículo periodístico.
Recuerdo que en un negocio en el que trabajé siempre teníamos el periódico sobre el mostrador. El mecánico del local contiguo llegaba todos los días: “¿Me presta su periódico jefe?” Luego que le decía que sí, tomaba la sección policiaca, la deportiva, y ya; se las llevaba. El futbol y los accidentes y hechos de violencia local era lo único que le interesaba del periódico. Y por mucho que algunos se resisten a admitirlo, así son la mayor parte de los que tienen derecho a votar en México. Así que se parte de una premisa falsa cuando se atribuye a una razón consciente el abstencionismo electoral.
Aquí cabe hacer un paréntesis y preguntarnos de paso qué tan bueno podría ser el obligar a ejercer su voto a quienes cuando acudan a las urnas van a votar con los pies; pero bueno.
Sin embargo, en general, la propuesta de la senadora García Guajardo es positiva para instilar por lo menos algo de civismo en la sociedad. El que todos votáramos daría, mal que bien, legitimidad a los resultados. Y el pequeñísimo porcentaje de ciudadanos que efectivamente no acuden a votar en rechazo consciente al sistema, tienen la opción de votar por el “menos malo” de los partidos u opciones o tachar su boleta incluso.
Mientras no se imponga una sanción o multa monetaria a quien no ejerza su derecho y obligación constitucional de votar en elecciones y consultas populares, el nivel de abstencionismo va a seguir siendo mayúsculo. En Argentina, por ejemplo, al elector que deje de emitir su voto se le aplica una multa de 50 a 500 pesos argentinos que equivalen a de dos a 20 pesos mexicanos. La sanción es pequeña pero sí motivaría a acudir a los comicios a los reticentes. Así somos; nos tienen que obligar.

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La democracia electoral, el sufragio universal, no es la panacea para un pueblo, ni mucho menos, porque como alguien dijo “Es imponer el peso muerto de las masas ignorantes y cobardes sobre el genio y valor que siempre serán atributos de tan solo unos cuantos individuos.”
Sin embargo las alternativas no parecen ser mejores. Se me ha ocurrido que se debería requerir por lo menos el certificado de secundaria para tener derecho a votar. Pero entonces algunos quisquillosos protestarán que así se excluiría a los más pobres que al mismo tiempo son quienes menos escolaridad poseen. Pero entonces son los miembros de la base de la pirámide quienes deciden – como efectivamente sucede – las votaciones, por su número, guiados por la propaganda electoral, las falsas promesas, y peor, por despensas y otras dádivas, ya que no tienen ninguna capacidad intelectual para discernir entre un candidato u otro; y tal vez, como decía en líneas anteriores, ni siquiera tienen el interés de participar en los procesos electorales.
Empero, la propuesta de la senadora García debe tomarse en cuenta – reitero – por lo menos para impulsar la noción de civismo entre los mexicanos, y para que ese gran vacío, ese gran boquete que es el abstencionismo deje de ser una incógnita.
Y hasta el próximo sábado, si Dios lo permite.

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