En enero y lo que va de febrero, tres periodistas más recibieron amenazas, a los que suman los casos del reportero de Tierra Blanca, Pedro Tamayo Rosas, que huyó a Oaxaca por su propio pie, y la privación forzada e ilegal de la reportera del Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, la madrugada de este lunes.
El integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Jorge Morales Vázquez, explicó que tres periodistas en el estado recibieron "amenazas graves" que no han trascendido en los medios de comunicación y la opinión pública, porque estos casos son tratados con secrecía.
Detalló que los tres casos son atendidos por la CEAPP.
Aclaró que posiblemente la CEAPP tenga en su haber más casos de inseguridad de trabajadores de la comunicación, que llegan directamente a la Secretaría Ejecutiva del organismo, pero que a él no le informan.
El comisionado consideró que la inseguridad en Veracruz aumentó su nivel de riesgo, porque tras el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, a los que se les sumaron más denuncias, se conoció públicamente que autoridades están vinculadas a la delincuencia organizada.
Al suponer que hay autoridades vinculadas con delincuentes, aumenta el nivel de riesgo, "porque no sabes con quién te vas a enfrentar, creemos que ahora está muy contaminado todo", señaló.

IRRESPONSABLE, DIFUNDIR QUE REPORTERA TENÍA NEXOS CON LA DELINCUENCIA
Por otra parte, Morales Vázquez reprobó que la Fiscalía General del estado actúe irresponsablemente al decir que se investigan los nexos de Flores Salazar con la delincuencia organizada.
Reprochó la información vertida en el boletín emitido por la Fiscalía, en el que señala que tras la desaparición de la reportera, se agotan las líneas de investigación y nexos de ella "como el del 30 de agosto de 2014, en Acultzingo, cuando se encontraba en compañía de Víctor Osorio Santacruz, ‘El Pantera’, que fue detenido en ese momento por elementos del Ejército mexicano por sus probables nexos con un grupo de la delincuencia organizada".
Cuestionó por qué si la Fiscalía estaba enterada de presuntos nexos con la delincuencia desde agosto de 2014, no lo hizo saber o inició una investigación, por lo que dijo que hay que pedirle cuentas al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras sobre estas acciones.
Morales Vázquez agregó que la Fiscalía no debe buscar pretextos para justificar su trabajo, e hizo un llamado a no manipular la información que da a conocer con respecto a este caso.
Indicó que lo urgente es dar con el paradero de Anabel, quien fue sustraída de su domicilio en Mariano Escobedo durante la madrugada de este lunes, y posteriormente, si es necesario, hacer una investigación sobre sus actividades, pero de manera separada a la investigación que se realice para dar con ella.

CEAPP, PARALIZADA ANTE SALIDA DE NAMIKO; URGE NUEVO SECRETARIO
La salida de la secretaria ejecutiva de la CEAPP, Namiko Matzomoto Benítez –actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz–, generó un caos por dejar truncados los planes ya avanzados en materia de protección y atención a periodistas.
Morales Vázquez señaló que de manera inmediata, los demás integrantes tuvieron que votar para que Geiser Manuel Caso Molinari asumiera la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.
A un mes de la salida de Matzumoto Benítez y su recién designación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los pocos avances gestionados por la CEAPP se fueron abajo.
Actualmente, la CEAPP sigue integrada por un titular de un noticiario, Rogerio Pano Rebolledo; la ex directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana, María del Rocío Ojeda Callado, y cinco comisionados más, aparte de Benita González Morales, presidenta.
De acuerdo con la página web de la Comisión, carecen de director de Procesos, jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, directora jurídica y contralor interno.
Matzumoto Benítez laboró desde 2013 en la CEAPP, y fue criticada por periodistas y fotoperiodistas de toda la entidad veracruzana, donde han muerto 16 reporteros y cuatro siguen desaparecidos durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.