Es una salida fácil asegurar que el paro de trabajadores de la Sefiplan es ilegal, cuando hay irregularidades administrativas en el manejo de los ingresos a través de multas al estado, afirmó el economista e investigador de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata Chávez.
Explicó que como parte de las prestaciones laborales de los trabajadores de la Subsecretaría de Ingresos, se les otorga un estímulo por su participación en la recaudación de algunos ingresos extraordinarios para el gobierno.
Detalló que la administración estatal recauda impuestos y multas por esos gravámenes, con lo que se financia parte del gasto de las dependencias estatales.
“Pero aquí son recursos adicionales que vienen de la participación del gobierno federal, que les da una participación por colaboración administrativa, porque el estado le ayuda a cobrar a los contribuyentes y a cambio se queda con las multas, es un incentivo económico para el gobierno estatal y a veces lo reparte entre los trabajadores”.
Explicó que esos ingresos se acumulan en un fondo que incluye el 100 por ciento de las multas, lo mismo que el 2 por ciento de impuestos estatales y las multas por derechos vehiculares, “y luego se distribuye entre los trabajadores”.
Sin embargo en este momento no se ha transparentado el manejo de los ingresos y a pesar de que se ha requerido una explicación al subsecretario Ingresos, Arturo Jaramillo, no ha explicado cómo se ha manejado el dinero.
Consideró que en este momento no se está declarando los ingresos por multas, ni cómo es el procedimiento de reparto para los más de 930 trabajadores de la dependencia, “es una cosa muy opaca y los trabajadores ya se dieron cuenta, porque ellos son los que hacen las recaudaciones, que el fondo lo están constituyendo con menos del dinero que se ingresa”.
Expuso que se reportan multas por más de 80 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año y sólo se les quiere repartir un millón de pesos, y ante los cuestionamientos de los trabajadores, el subsecretario de Ingresos, Arturo Jaramillo, inicio acoso laboral y la intimidación entre los trabajadores.
El economista afirmó que ante la escasez de recursos que tiene el estado, evidentemente se está tomando dinero que se ingresa para el financiamiento de otras cuestiones, “pero no se puede comprometer porque es un derecho de los trabajadores a lo largo de los años”.
El investigador indicó que los trabajadores calculan un bono de poco más de 30 mil pesos, en cambio les han dado un monto mucho menor y a algunos otros no se les ha hecho la transferencia que les corresponde.
Dijo que se tendría que revisar si se configura algún delito, pero existe una falta administrativa por parte del subsecretario, que está decidiendo una nueva forma de reparto, y no está cumpliendo con una prestación.
“Yo he estado con algunos trabajadores, los conozco de manera personal y he tenido la posibilidad de darle seguimiento al asunto desde antes que esto estallara, sólo que no sabían bien cómo entrarle al asunto legalmente”.
Acusó que el secretario de Finanzas y Planeación está buscando motivos distintos al conflicto para no responder a la demanda laboral “y no atender el pago de esta prestación (…) es una justificación (decir que es ilegal), me parece que es algo muy delicado porque los trabajadores afectados son desde secretarias hasta jefes o directores de área y de Hacienda estatal. No es cosa menor esto que está sucediendo”.