El coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, indicó que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Contraloría General del estado, deberán responder por no detectar la creación de las 25 empresas fantasma durante este sexenio y que recibieron más de 600 millones en contratos de adjudicación directa.
Precisó que es responsabilidad de estos dos entes verificar la autenticidad de las empresas con las que el gobierno del estado hace tratos, y aunque digan que esto compete al Servicio de Administración Tributaria (SAT), también es su responsabilidad.
"Por eso se tiene un padrón de contratistas para que se revise que las empresas estén al corriente y cumplan en otros estados o lugares en donde tienen compromisos, o si fueron vetadas".
En ese sentido señaló que el SAT determinó que las acusaciones contra el gobierno estaban fundadas, por lo que consideró que el dinero que se les entregó debe ser reintegrado a las arcas del estado.
Además, dijo que se debe fincar responsabilidad a quienes aprobaron otorgar contratos de hasta cuatro y medio millones de pesos por obras y acciones que no se concretaron en esta administración.
El diputado local externó que también se tendrá que revisar la patente que se otorgó a los notarios públicos que validaron la creación de esas empresas que entregaron y cobraron facturas apócrifas.
Guzmán Avilés agregó que se debe investigar si existe complicidad entre el gobierno estatal con el federal, pues dijo que esas empresas fueron dadas de alta en el SAT.
"Es importante ver qué pasa, porque el gobierno dice que no, que todas estaban en orden y ellos tenían la responsabilidad de investigar por qué las facturas son apócrifas (...) se benefició a empresas dadas a sus cuates que tenían seis meses de conformadas y les daban contratos", abundó.