El Tribunal Electoral de Veracruz dio un plazo de tres días a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD para determinar si es procedente la solicitud de expulsión de algunos perredistas, entre ellos Enrique Romero Aquino.
Los magistrados analizaron los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que presentó Rogelio Franco Castán, ante la omisión de dar cauce a las quejas contra militantes veracruzanos, ya que sólo se recibieron de parte de la autoridad partidaria.
El magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los juicios, explicó que si bien la Comisión tiene un plazo de 180 días para resolver la petición de la dirigencia estatal y sólo han transcurrido 50 días, se ha dilatado el proceso administrativo al no darles cauce a las quejas, pues sólo se admitieron.
Por lo anterior se emplazó a revisar las denuncias para que no se queden en el “limbo” o en el cajón del recuerdo los procesos contra Enrique Romero, Érika Lizbeth Romero, Guadalupe Málaga, Tomás Arrieta Vázquez y Héctor Málaga, entre otros.
Las quejas se presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, los magistrados federales los remitieron al órgano jurisdiccional local.
Los proyectos fueron aprobados por unanimidad, los magistrados locales coincidieron en que se busca que el acceso a la justicia, en este caso intrapartidaria, sea pronto, completo, imparcial y expedito, tal como lo establecen los artículos 17 de la Constitución federal y 17 de la propia normativa interna del PRD.