Los cuatro diputados federales involucrados en el caso de las empresas fantasma de Veracruz acudieron el jueves, sin ningún problema, a la sesión del Congreso de la Unión donde se aprobó la Ley de Ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2017.
Lo hicieron con la tranquilidad de contar con el fuero constitucional que les brinda su cargo y que la PGR no los busca. La dependencia ni siquiera ha solicitado una entrevista con ellos.
El diputado Edgar Spinoso Carrera, del Partido Verde, aseguró que la PGR no le ha hecho una solicitud o un llamado formal para explicar su participación en el otorgamiento de recursos a empresas fantasma.
Spinoso se desempeñaba como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y se encuentra vinculado con el otorgamiento de contratos a las empresas fantasma en Veracruz.
“No me han hecho ningún requerimiento, pero en el momento que nos sea requerido lo haremos y tendremos que coadyuvar en el desahogo de cualquier cuestionamiento que exista”, expuso.
Entrevistado por Animal Político, el legislador dijo sentirse “tranquilo” a pesar de los señalamientos en su contra.
“Estoy en mi trabajo legislativo, trabajando por Veracruz, aprobando la miscelánea fiscal, queremos aprobar la Ley de Ingresos, pero finalmente quiero dejar claro que estamos sujetos a la rendición de cuentas y no tenemos otro ánimo que llevarla adelante”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Ricardo Rodríguez Nieto, del PRI, presidente de la Sección Instructora de la Cámara, dijo que la PGR no ha hecho ninguna solicitud formal para retirar el fuero constitucional a los diputados vinculados con las empresas fantasma de Veracruz.
“Esos temas se manejan directamente por parte de la autoridad persecutora hacia la Secretaría de la Cámara (de Diputados) y la Secretaría es la que turnaría la solicitud a la Sección Instructora… hasta el momento no nos han turnada nada”, dijo.

SE NIEGAN A HABLAR

Animal Político buscó entrevistarse con los otros tres diputados federales veracruzanos vinculados con los contratos otorgados a empresas fantasma, quienes se negaron ofrecer una declaración periodística.
Adolfo Mota, diputado del PRI y ex secretario de Educación de Veracruz en el periodo en que la dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT, se limitó a responder: “Cuando tenga algo qué decir, lo haré”.
Por su parte, la diputada del PRI, Noemí Guzmán Lagunes, ex secretaria de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma, evadió la entrevista argumentando que tenía cosas importantes que atender.
El diputado del PRI, Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas presupuestarias para las empresas fantasma por un monto que, según la auditoría de Veracruz, asciende a casi mil millones de pesos, dijo a través de su oficina que no daría comentarios, pues se trata de investigaciones y procesos penales en curso.

DUARTE VACIÓ DEPARTAMENTO EN CDMX

Animal Político visitó ayer el departamento que ocupaba Javier Duarte cuando viajaba a la ciudad de México (CDMX) y de acuerdo con diferentes fuentes, el inmueble fue vaciado desde principios de septiembre.
Mes y medio después, ninguna autoridad se ha presentado en el edificio, localizado en Polanco, para buscarlo.
El departamento se encuentra en la octava planta de un edificio de trece pisos, en el número 71B de Campos Elíseos. Cada departamento ocupa una planta entera, o sea que sólo hay 13 condominios residenciales.
En el papel, dicho departamento es una oficina y pertenece al empresario Moisés Mansur (quien ya también es prófugo de la justicia); se trata de una de las propiedades que Mansur heredaría a Duarte, como lo asentó en su testamento.
Desde julio pasado la PGR investigaba esa propiedad, que fue denunciada ministerialmente.
“No es un secreto que él viviera aquí, todos lo saben y lo veían cuando llegaba y se iba”, dijo un empleado del edificio, quien por cuestiones de seguridad pidió el anonimato.
Por separado, un integrante del equipo de seguridad del ex gobernador confirmó a Animal Político la misma información en torno a la ubicación del departamento y la orden de desocuparlo.
“Ese departamento se vació por orden del jefe (Duarte) desde hace mes y medio y nos dieron la instrucción de que no nos acercáramos a la zona porque ya sabía de la investigación”.