El presunto desvío de recursos por la operación de una red de empresas fantasma que recibió recursos públicos del gobierno de Javier Duarte creció. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga al área de Comunicación Social y a la Secretaría de Desarrollo Portuario por operaciones facturadas en 2014, realizadas con al menos dos compañías fantasma denunciadas en el reportaje que Animal Político dio a conocer en mayo pasado.
Hasta ahora el monto del fraude ya confirmado por los auditores locales a diversas dependencias, entre ellas Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF, supera los mil 600 millones de pesos, pero se espera que esta cantidad continúe incrementándose tras las nuevas investigaciones.
Datos oficiales proporcionados por el SAT a este medio, así como documentos a los que se tuvo acceso, revelan que se ampliaron las indagatorias con el objetivo de presentar ante la PGR una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios o ex funcionarios que resulten responsables por delitos fiscales.
La investigación inicial confirmó que al menos 20 compañías fantasma recibieron contratos de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Protección Civil además del DIF Estatal, entre 2012 y 2013. Animal Político dio a conocer que estos pagos estaban amparados en contratos otorgados a las empresas vía adjudicación directa o con licitaciones cerradas donde se simuló la competencia.
Pero el SAT cuenta con datos fiscales de que al menos dos de estas compañías, Mercacarrey SA de Cv y Publicidad Akkira SA de CV, facturaron nuevas operaciones en 2014 a nombre del gobierno de Veracruz por conceptos relacionados con publicidad de actividades gubernamentales. En el caso estaría involucradas al menos dos dependencias más.
Al responder un cuestionario sobre el avance de las investigaciones de este caso, el SAT indicó a Animal Político que la indagatoria se había ampliado a todas las operaciones que habrían realizado las compañías denunciadas (además de lo dado a conocer públicamente) e incluso de otras compañías también.
El SAT confirmó que hasta el momento ya ha comprobado la inexistencia de 30 empresas proveedoras del gobierno de Veracruz.

El fraude repetido

Los documentos a los que tuvo acceso Animal Político advierten que al menos dos de las compañías fantasma que realizaron operaciones con las dependencias del estado en 2012 y 2013, repitieron el mismo mecanismo para desviar recursos en 2014.
La Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT inició, en octubre pasado, una investigación en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de Veracruz y en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) por la facturación de servicios con Publicidad Akkira SA de CV y Mercacarrey SA de CV, efectuados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de ese año.
El 1 de noviembre pasado la dependencia federal ordenó a una docena de funcionarios adscritos a la Administración Central de Fiscalización Estratégica la práctica de una visita domiciliaria a la CGCS para verificar y comprobar las operaciones con Publicidad Akkira SA de CV.
Por eso el 10 de noviembre, en la sede de la dependencia en Xalapa, los visitadores del SAT requirieron a Comunicación Social de Veracruz todos los elementos que integran la contabilidad, así como la documentación e información relacionada con Akkira.
El mismo procedimiento realizó el 11 de noviembre pero contra la Sedecop y su operación fiscal con Mercacarrey SA de CV.
Durante todo el 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, Alberto Silva Ramos, actualmente diputado federal, quien en 2013 procuró los contratos con esas mismas empresas fantasma, pero desde la Sedesol del estado, dependencia de la cual era titular.
Los documentos de la investigación del SAT revelan la existencia de al menos cuatro facturas de la Sedecop con Publicidad Akkira por la “difusión de actividades del gobierno del estado de Veracruz”, pese a estar impedida para contratar servicios relacionados con publicidad por ser propia de la Coordinación General de Comunicación Social.

Funcionarios bajo la lupa

La ampliación de las investigaciones pone bajo la lupa a dos funcionarios del gobierno de Javier Duarte: Alberto Silva y Humberto Benítez Pérez.
En 2014 Silva ocupó por primera vez la Coordinación de Comunicación Social, cargo que dejó en 2015 para competir por una diputación federal la cual obtuvo. En 2016 pidió licencia en el congreso para ocupar de nuevo la titularidad de Comunicación Social, a la que renunció después de que Javier Duarte pidiera licencia y escapara de las autoridades.
Silva se llevó a Comunicación Social a Benítez Pérez para el cargo de jefe Administrativo, que ocupa actualmente.
Hasta ahora las denuncias penales por delitos fiscales presentadas por el SAT en PGR corresponden a los representantes legales de las compañías fantasma, sin embargo, tras la confirmación de que realizaron operaciones simuladas, la dependencia confirmó a este medio que se denunciará a los servidores públicos que resulten responsables por la complicidad en estos hechos.