El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Humberto Edel Álvarez Peña, informó que en una primera evaluación de lo realizado por la última administración pasada en esta instancia, encontró que fueron nombrados jueces, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, actuarios y defensores de oficio “al vapor”; se lastimaron los derechos de los trabajadores y hay deudas con proveedores y con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) incumplió con entregarles recursos.
Explicó que esto se conoció luego de que el Consejo de la Judicatura analizara la situación administrativa heredada por el ex magistrado presidente del TSJ, Alberto Sosa Hernández, y que esta revisión continuará en los siguientes tres meses.
“Veracruz quiere la verdad y se está haciendo una auditoría muy seria, porque no es posible que no se cumplió con el Sistema Penal Acusatorio”, refirió.
Álvarez Peña aclaró que no podría calificar como “un cochinero” lo que encontró en el TSJ, porque se construyó un edificio nuevo y hubo avance en la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
“No es un cochinero, siento que hay cuestiones muy delicadas; hay una deuda a Pensiones que lastima al trabajador, se pudo haber evitado; un nombramiento último de jueces que siento que fue al vapor”, indicó.
Expuso que el Consejo de la Judicatura valoró la situación por la que atraviesa el TSJ y acordó evaluar a los jueces, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, actuarios y defensores de oficio.
“Se dejó de dar capacitación a los empleados del TSJ y deberá aplicarse medidas necesarias que permitan salir de esta situación ‘tan crítica’ que es parte de un todo: Veracruz”, señaló.
Aclaró que su intención como presidente del Tribunal no es llevar a cabo una “cacería de brujas”, pero sí evaluar a todos los trabajadores, para que quienes no tengan los conocimientos, se capaciten, y de ahí serán evaluados nuevamente.
Otro de los cambios que se verán en los siguientes días en el TSJ es que se reconocerá la labor y habrá ascensos para aquellos empleados capacitados que no fueron valorados por la anterior administración.
“También se trata de reconocer a muchos secretarios de estudio y cuenta o proyectistas que están bien preparados, pero que por no tener una palanca, por así llamarle, nunca han sido estimulados, trascendidos; no se trata de hacer una cacería, sino de hacer lo justo, cuidar al ciudadano con buenos servidores públicos“, dijo.
Parte de su plan de trabajo para los próximos tres años, dijo, es evaluar, capacitar y estimular a los trabajadores del Poder Judicial.
Entre los pasivos detectados, informó que la deuda del TSJ con el IPE asciende a 240 millones de pesos, dinero que se descontó de la nómina del trabajador y se entregó a la Sefiplan, pero esta dependencia estatal no lo depositó al Instituto.
El magistrado expuso que hay quejas por la construcción de algunas ciudades judiciales, como la de Cosamaloapan, que “está pesima, está en un pantano”.
Además, sólo fueron construidas ocho, por lo que se debe establecer mecanismos financieros para edificar las que faltan, porque es necesario que los ciudadanos que acudan a los juzgados lo hagan de manera digna.
Finalmente expuso que la Sefiplan adeuda al TSJ recursos de años atrasados, que suman más de mil 400 millones de pesos, lo cual equivale al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal actual.
Además, el Poder Judicial tiene un pasivo de 500 millones de pesos por deudas a proveedores, impuestos y al Fondo Auxiliar, que prestó un recurso en algún momento, dijo.