Irineo Pérez Melo
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Xalapa, Veracruz, 8 abril 2024.- Ante la nula respuesta del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez de atender sus demandas, y luego de mantenerse en plantón permanente por más de un año en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada de la ciudad de Xalapa, militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), informó que a partir de este martes trasladaran su plantón a la Ciudad de México, para buscar la intervención de las autoridades federales en la solución de sus demandas.A través de un comunicado hecho llegar a este medio de comunicación, expusieron a la opinión publica su decisión al no encontrar eco en el gobierno estatal a la exigencia de libertad inmediata e incondicional del compañero Higinio Bustos Navarro.
De igual manera, a la demanda nacional a la que le antecede la exigencia de presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de Fidencio Gómez Santiz, y la exigencia de juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz de la Cruz y alto a la represión contra el FNLS.
En el comunicado recuerdan que se instalaron en plantón permanente desde el 20 de febrero de 2023, nunca recibieron el compromiso de resolver sus peticiones por el contrario, la represión fue la constante para que declinaran en sus pretensiones.
“Ante la cerrazón del gobierno morenista de Veracruz de no atender nuestra exigencia, ni de respetar el derecho de petición, ponemos a nivel nacional la exigencia de libertad inmediata e incondicional del compañero Higinio Bustos Navarro, preso político de la presente a quien se le ha violentado el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia” se añade en el documento.
Se destaca que la política de gobierno se centra en violentar el derecho a la organización del pueblo, el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de protesta; libertades políticas que en un Estado democrático deberían estar garantizados, sin embargo, por experiencia propia afirmamos que los derechos políticos son anulados y a quienes los ejercemos somos criminalizados, incriminados con delitos del fuero común y estigmatizados.

El ejemplo está a la vista, a casi 17 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez su desaparición forzada sigue su cometido, a pesar que existe una orden judicial que ordena a las diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno se investigue y se busque bajo la presunción de vida a ambos, con la política de gobierno se da largas al proceso, para mantener en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales. Corresponsabilidad que el gobierno actual comparte con los anteriores, al obstaculizar el avance en la investigación y la búsqueda de las víctimas e impartir justicia, devela la intensión de perpetuar el crimen cometido hace más de 16 años en la humanidad de dos hombres que por decisión consciente y libre decidieron emprender la lucha por transformarlas condiciones de vida a través del método revolucionario.

Similar situación guarda el caso de desaparición forzada del Fidencio Gómez Sántiz, que, a 8 años de su desaparición forzada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, ha hecho perdidizo el expediente del caso para borrar el crimen de la desaparición forzada del compañero, lavarse las manos en el asunto y negar el derecho a ser buscado bajo la presunción de vida.
Esto es considerado por el FNLS como una actitud indolente y perversa porque en lugar de restituir los derechos violados a la víctima y a sus familiares lo que hace es anularlos y extender el manto de impunidad para los perpetradores. En los hechos se comprueba la política de gobierno para atender los casos de desaparición forzada: impunidad e inmunidad para los responsables.

Hacen alusión también que el discurso presidencial quedó rebasado con los hechos de violencia que a diario vivimos los trabajadores del campo y la ciudad, ningún gobierno que ha llegado a la silla presidencial ha garantizado el respeto a los derechos humanos, en cada gobierno se garantizan los intereses privados y la violencia institucional cobra más víctimas del pueblo trabajador.
La tortura y posterior ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz muestra la saña y dolo con la que se cometen las graves violaciones a los derechos humanos contra luchadores sociales, activistas políticos y defensores de los derechos humanos; en los hechos se castiga la disposición y capacidad del pueblo a organizarse por medios independientes, fuera de la lógica burguesa.
Crimen de Estado que pretenden dejar en la impunidad y endosarlo en quienes durante décadas nos organizamos para dignificar al hombre como ser genérico. Desde los tres niveles de gobierno se nos criminaliza e incrimina con la finalidad del cometido de nuevos crímenes de lesa humanidad en nuestra contra, se señala.

Los motivos por los que ejercemos el derecho a la protesta popular son suficientes para instalarnos en plantón, desde el inicio del gobierno actual pusimos sobre la mesa las demandas políticas que tienen que ver con el derecho a la justicia, verdad, libertad, presentación con vida y el derecho a la protesta. Demandas que no han sido resueltas, al contrario, en nuestra contra continua el hostigamiento, la represión y persecución política, con el cometido de violaciones a los derechos humanos como la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz, se pretende desviar nuestra lucha y sepultar nuestras exigencias.

De acuerdo al sistema interamericano de derechos humano, la protesta es un derecho directamente relacionado con los derechos constitucionales de reunión, manifestación de las ideas, libre expresión, asociación y petición; a través del ejercicio del derecho a la protesta expresamos nuestro desacuerdo y la inconformidad ante la política de gobierno que violentan los derechos individuales y colectivos de quienes integramos el FNLS.
Ante la cerrazón, oídos sordos, descalificación, ataques ilegales a nuestra honra y reputación, exigimos sean atendidas y solucionadas nuestras demandas ya señaladas, por lo que nuestra protesta es legítima, apegada a derecho. Cualquier acto de hostigamiento, intimidación, represión… será responsabilidad del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, se indica por último.

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