Francisco Cabral Bravo

Es importante recordar la influencia que tienen las redes sociales en la política y en los procesos democráticos. Las redes sociales se encuentran en un espacio intermedio entre lo público y lo privado. En efecto son empresas privadas pero que desempeñan una función claramente social que debe ser considerada de interés público. Deben ser consideradas empresas de interés público por la naturaleza del trabajo que hacen y por su enorme impacto social. Pero no solamente es el uso que le den las personas a las redes; es también su posición cada vez más dominante en el mercado publicitario y en concreto, en la publicidad política.

El poder de las redes sociales se basa en que son servicios aparentemente gratuitos e inmensamente populares; también a que no enfrentan competencia ni entre ellas ni frente a los medios tradicionales. Hoy por hoy, todos los medios de comunicación (diario, revistas, televisión), se encuentran claramente subordinados a las redes sociales.

El éxito en la difusión e influencia de un artículo o un reportaje en televisión se mide en cuanto a sus impactos en redes sociales y en las métricas que las propias redes han impuesto (likes, hits, engagements, retweets).

Las redes sociales lograron crecer tanto y tan rápido porque la naturaleza innovadora de la internet y sus herramientas hicieron que nacieran desreguladas, ¿cómo se regula algo que no se sabe aún qué es o en qué se va a convertir? Las redes nunca estuvieron atadas a mecanismos de regulación comparables con los que tuvo la televisión en sus inicios, además de que gozaron de una patente de corso cultural defendida por muchos, sustentada en la idea fundacional de que la internet debía ser libre, neutral y con contenidos gratuitos para todos.

Las redes operan en un espacio de ambigüedad que les permite funcionar sin rendir cuentas.

Cuando alguien publica contenido difamatorio, engañoso o dañino, las redes sociales actúan como simples proveedoras de un servicio, ubicando la responsabilidad en el usuario; cuando censuran o activamente deciden qué contenidos publicar y cuáles no, tampoco suelen ser llamadas a cuentas.

Hay casos especiales, como Instagram y Snapchat, que permiten publicaciones que se borran, sin dejar un rastro como evidencia.

El problema central es el riesgo de que en un entorno desregulado, las redes sociales pueden imponer una agenda política propia y dar vos de forma selectiva a quienes se ajustan a su ideología. Desde luego, las redes cuentan con “community standards” que definen qué es lo publicable; pero esos criterios van cambiando con el tiempo y las pautas que definen qué es contenido dañino pueden expandirse hasta acomodarse a una visión política particular.

Es notable por curioso, cómo muchos análisis actuales sobre impactos mediáticos se siguen haciendo como si estuviéramos en los años 70s, cuantificando notas de periódicos e ignorando la tremenda influencia de las redes sociales.

Lo cierto es que las redes sociales han adquirido demasiada influencia como para no abordar una discusión sobre cómo va a regularse su funcionamiento, cómo va a ser la interacción de las redes con la política y cuáles van a ser los principios y códigos que definen los límites de lo publicable.

Su capacidad de ser un factor de inestabilidad política y cambios sociales hace que este sea un tema de la mayor relevancia para el futuro de la democracia.

La estrategia de comunicación importa. Importa y mucho.

El mundo de los estafadores no es el mismo que el de los políticos y los estadistas, aunque a veces desgraciadamente se parezcan.

Vivo es un país en el que somos muy buenos para las palabras. Se nos da esto de hablar, nos gusta el sonido que produce todo aquello que decimos, como rima, encaja, se sucede y se completa. No somos distinguidos oradores, vayan ustedes a creer. Porque quien mucho habla se enamora más de sus dichos que de sus contenidos, más del envase que del líquido, más del adorno que de la esencia.

Y dándole vuelta a la página, con todo el dolor de las familias y las enormes pérdidas económicas que deja a su paso, la pandemia del Covid-19 ha puesto al desnudo lo que el país requiere para corregir el rumbo y salir fortalecido. Las pérdidas en materia de vidas han sido desproporcionadas para el tamaño del país y de su población. Ya llegamos a una cifra escalofriante, más de 150 mil muertos.

La publicación del libro de Laurie Ann Ximénez, “Un daño Irreparable”. “La criminal gestión de la pandemia en México”, ha despertado gran polémica. La investigadora de la UNAM, ha realizado un trabajo que si es una recopilación de datos duros del propio gobierno mexicano, conforme los hechos se fueron presentando. Su lectura te atrapa.

Es irrefutable lo que argumenta, por eso provoca tanto encono. Los ataques continuaran pero los hechos prevalecen.

La Doctora Ximénez se dice indignada por las primeras declaraciones de López-Gatell, en el sentido de que el Covid no era más grave que la influenza. Y afirma que hay acciones que con o sin dolo resultan imperdonables. La pandemia era inevitable, las miles de muertes no, sentencia la autora. El mundo ha cambiado.

En México, como lo señala la Doctora Ximénez la gestión gubernamental ha sido criminal, no por la falta de buenos deseos, sino por la soberbia. Es irreparable el daño que ha causado a instituciones, empresas y empleos. Es irreparable la decepción. No cesa la corrupción, los contratos se adjudican, y se reserva información. Se busca acabar con entidades autónomas y concentrar el poder para justificar una única verdad. Como dice Ximénez “tarde o temprano vendrá la rendición de cuentas”. Y a confesión de parte relevo de pruebas.

Las pérdidas económicas también son desproporcionadas, el país resulta peligrosamente vulnerable a eventos catastróficos que, vistos a la distancia, no son tan únicos ni tan espaciados.

Las elecciones de junio son una oportunidad preciosa para deliberar y cambiar el rumbo, para bien.