José Luis Amaya Huerta

El informe de resultados de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación dado a conocer hace unos días, sobre el ejercicio de los recursos federales, confirma la importancia de las contralorías internas en el organigrama gubernamental, como entes de control y supervisión para arraigar una cultura de las buenas prácticas de gobierno.

Es decir, de lo que se trata es que las contralorías de cada órgano e instancia gubernamental cumplan con su función de detectar errores o fallas en los procedimientos administrativos y corregirlos de manera preventiva, como un ejercicio de profilaxis en la administración pública, antes de que se conviertan en problemas mayores que impliquen observaciones o eventuales sanciones por parte de los órganos de Fiscalización.

Lo anterior permitiría, incluso, evitar el ruido político y mediático como el generado por los resultados de la Cuenta Pública 2019 de la ASF que, como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo dice, terminó siendo información de uso político en manos de los opositores y adversarios.

En ese sentido, el trabajo previo, escrupuloso y cotidiano de las contralorías de los órganos de gobierno, permitiría no solo corregir a tiempo las deficiencias o insuficiencias de carácter administrativo, sino que cumpliría con una función de mayor alcance, al proteger o incluso blindar políticamente a cualquier administración, ante un posible manejo tendencioso de la información resultado de las auditorías de los órganos de fiscalización.

Por lo anterior, una manera de evitar el golpeteo político y mediático frente a las prácticas administrativas relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos es pedirle a las contralorías de cada instancia de gobierno que cumpla con su labor de vigilancia y supervisión, para detectar a tiempo situaciones que de no corregirse en su momento podrían provocar un eventual daño patrimonial o administrativo.

Para que las contralorías internas cumplan con su labor preventiva se requiere necesariamente revalorar su trabajo y la importante función que desempeñan en el organigrama gubernamental, lo que a la postre redundará en un beneficio mayor para la administración pública en su conjunto.

En un ejercicio democrático de rendición de cuentas una administración ordenada y eficiente siempre será premiada políticamente por los electores a los que debe responder.

En contraparte, el desorden administrativo implica un mayor costo en términos de credibilidad, lo que políticamente significa mucho en tiempos electorales.