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- Samuel Aguirre Ochoa
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Hoy quiero tratar la problemática que se viene presentando en el municipio de Coetzala, ubicado en la sierra de Zongolica, a partir de la muerte de ex presidente municipal, Gerardo Tirso Acahua Apale, por contagio de Covid, el 28 de junio del año pasado.
Al siguiente día de este lamentable suceso, la síndica única y la regidora única del ayuntamiento pidieron al Congreso del Estado llamara al suplente, Joaquín Fortino Cocotle Damián, para que asumiera el puesto de presidente municipal.
El 14 de julio se llevó a cabo la sesión de cabildo en donde tomó protesta, acordando no hacer cambios en el personal que laboraba en el Ayuntamiento, sin embargo, el día 27 de ese mismo mes, violando los acuerdos anteriores, sin respetar el orden del día establecido previamente y la Ley Orgánica del Municipio Libre, corrió a la secretaria del ayuntamiento, al tesorero municipal, al director de obras públicas y al contralor municipal, imponiendo a otras personas.
Ni la síndica ni la regidora firmaron el acta de esta sesión de cabildo, por lo que no tienen ninguna validez legal tales acuerdos, pues conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 35 fracción XII, el cabildo debe resolver de manera colegiada, es decir, por mayoría de votos. Más bien interpusieron una queja ante el Congreso del Estado pidiendo su intervención.
Como consecuencia de esto, el alcalde Joaquín Fortino cambió las chapas de las oficinas de la sindica y de la regidora, impidiéndole realizar sus labores conforme a derecho y por la fuerza obligarlas a firmar el acta de cabildo, con la cual pretendía imponer a sus incondicionales en los puestos claves de la administración, al mismo tiempo que inició una campaña de hostigamiento y agresiones en su contra.
Ante esta situación violatoria de todo derecho, las CC. María Josefina Gallardo Hernández, síndica única, y Brenda Flores Apale, regidora única también, interpusieron dos recursos legales: 1. Denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, por los delitos de violencia política por razón de género y 2. Un juicio de derechos civiles ante el Tribunal Electoral del Estado Veracruz por el delito de violencia política en razón de género.
Ante la indiferencia de las autoridades encargadas de resolver dichos recursos legales, el 7 de septiembre pasado, ambas funcionarias iniciaron una huelga de hambre frente al palacio municipal, lo que obligó al gobierno del estado y a la Comisión de Derechos Humanos a intervenir y firmar una minuta para que se respetara el estado de derecho en ese municipio. Pero tan pronto se retiraron estos funcionarios, el alcalde rompió la minuta y de nuevo impidió el ingreso de la regidora y de la síndica al inmueble municipal.
La actitud de Joaquín Fortino Cocotle tiene irritada a la mayoría de la población del Coetzala, pues sabe del gran trabajo en beneficio de sus habitantes que realizó el difunto Tirso Acahua Apale, del progreso que trajo para su pueblo; él y Alvaro Zepahua, hicieron lo que ningún otro alcalde había realizado en cuanto obras de beneficio colectivo, desarrollo educativo, impulsó al deporte y a la cultura, entre otras cosas.
El pueblo de Coetzala respalda a la síndica y a la regidora, quienes inteligentemente han seguido el camino legal para defender su trabajo, y, gracias a ello, tienen atrapado al reyezuelo de este municipio. Veamos: el pasado 17 de diciembre el pleno del Congreso del Estado acordó se interviniera la tesorería de Coetzala debido a los malos manejos que viene haciendo el actual presidente municipal y el 22 de febrero pasado el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz emitió la sentencia en el expediente TEV/JDC/544/2020, en la que señala que existe violencia política en razón de género y ordena al alcalde Fortino Cocotle reponer todo el procedimiento conforme a la ley.
Lo que implica que los nombramientos que hizo del secretario del ayuntamiento, del tesorero, del director de obras públicas y del contralor son ilegales, que siguen vigentes los nombramientos de los funcionarios que trabajaron con Tirso Acahua. También son ilegales todas las acciones en las que hayan participado dichos funcionarios.
Como Joaquín Fortino se siente atrapado en el terreno legal, ahora está recurriendo a las amenazas en contra de estas dos valientes mujeres de este municipio serrano. Hace unos días llegó al municipio un tipo de nombre Franklin Villegas Olivares, quien de palabra dice ser enviado por el Congreso del Estado para fungir como tesorero del municipio, no lleva nada por escrito, y les ha exigido, tanto a la síndica como a la regidora, que le firmen un acta de cabildo en donde le otorgan tal nombramiento. Se dice enviado por el Secretario de Gobierno y por diputados del Congreso, que de no firmarles las meterá a la cárcel o las desaparecerá y que tengan cuidado porque no conocen de lo que es capaz.
Preocupadas por esta situación, en días pasados, las funcionarias convocaron a rueda de prensa en la cabecera municipal, para denunciar estas amenazas y pedir al gobierno del estado su intervención. La prensa de la región le dio cobertura a su comunicado, pero la mano poderosa que protege al virrey de Coetzala, Joaquín Fortino, de inmediato mandó publicar una nota en un periódico estatal inventando delitos en contra de ambas mujeres y filtrando documentos sin ningún valor legal. Así se gobierna hoy en Veracruz.
