Teresa Carbajal

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Esta semana conocí a Samuel un joven al servicio de la Secretaría de Educación de Veracruz ocupado en labores de servicios generales o intendencia, el motivo de su visita fue la solicitud de ayuda para contestar la demanda mercantil que días antes le hizo llegar la financiera Edilar SA de CV a su domicilio, en donde le reclamaba el pago de una deuda.

Lo que resaltaba de este curioso caso de cobranza, era que los documentos, contratos, pagarés y facturas que exhibía la demandante en juicio correspondían a una compraventa de libros y materiales educativos digitales diversos, como causa generadora de la deuda; mas curioso resultó, que el reclamante señalaba en sus hechos que al demandado se le había otorgado una “beca” o subsidio para poder adquirir dichos materiales.

Y que todo ello se derivaba de un programa nacional de bibliotecas magisteriales, citando incluso la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) en la operación del programa de subsidios al magisterio para su actualización y apoyo en el desempeño de su trabajo; programa “avalado” mediante convenio firmado por el Sindicato de Samuel.

Pues la aparente vendedora de libros requería de tal autorización para llevar a cabo el descuento de su pago quincenal directo de la nómina del ahora demandado, a quien pregunte, si los libros fueron de utilidad en su función; a lo que me respondió ¿Cuáles libros, si yo soy conserje?, y remató, “no fue lo que ahí dice, fue un préstamo en efectivo de poco mas de cinco mil pesos que me hizo la financiera”.

Conocemos de sobra la operación de las financieras que tienen convenios con la secretaría, le prestan un poco de dinero a los trabajadores para descontarlo con altos intereses de su nómina quincenal, lo que es posible por la firma -de por medio-de un mandato dirigido al patrón para que retenga el pago y lo entregue a la financiera.

Pero ahora, lo que sorprende, es el descaro de ésta empresa para generar una deuda, que mediante contrato de compraventa disfrazan de financiamiento de un paquete de libros o materiales, para cuya adquisición otorgan un “subsidio” beca o apoyo, que en sí es la cantidad que están dando en préstamo; y que por lo regular son pequeñas cantidades para, partiendo de ahí, hacerles firmar un pagaré que respaldará la obligación de pago, y garantizará el cobro de intereses mensuales en una tasa cercana al 60% anual. Y esa suma total de capital e intereses generados y cobrados (o bueno, agregados) en el pagaré, generará además un 4% mensual más, en caso de moratoria, es decir la cuenta “inflada” generará además ¡un 48% anual!

Planeando todo de tal suerte que resulta creíble, para quienes no conocen la versión de los afectados sobre la forma en que les fueron ofrecidos los préstamos y que por ignorancia, desconocimiento, exceso de confianza o necesidad (subrayada) acceden a un poco de liquidez creyendo que la firma de tales documentos simulados es un requisito y no les generará algún día problemas.

Mucho se ha llamado la atención a las autoridades por acceder a la firma de convenios con las financieras, pero en este caso en particular conviene dirigirse a los Sindicatos, ¿en verdad desconocen lo que esta financiera disfrazada de vendedora de libros está haciendo con sus agremiados?, ¿consideran justo que se explote de esa manera a los trabajadores al servicio de la educación, quienes de por sí, cobran sueldos paupérrimos que apenas sí les son suficientes para mantenerse ellos y a sus familias?, ¿Cuándo será el día que se decidan a dejar de guardar silencio ante esta criminal y voraz forma de explotación moderna de sus representados?

Afortunadamente Samuel llegó al lugar indicado para su defensa, el caso ya está en manos de un juez de oralidad mercantil en el puerto de Veracruz, a cuyo tribunal se le han dado las pruebas suficientes para que valore el caso, e imparta justicia.

¡Únanse ya, a la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar!

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