José Luis Ortega Vidal

____________________________ 

(1)  

El Estado Mexicano se fundamenta en un Pacto Federal que deviene República y se integra por entidades federativas aglutinadas en torno a un gobierno central dividido en tres Poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.  

Existen en el mundo otros modelos de Estado y formas de gobierno; incluso hay casos semejantes de división de Poderes en el ejercicio estructural e institucional del Estado y su gobierno como el sistema parlamentario -por ejemplo-. En México, empero, nuestra estructura es ésta, basada, entre otros elementos, en la democracia representativa.  

Para efectos prácticos, el lenguaje popular determina estados a las entidades federativas: ejemplo el de Veracruz, como estado de Veracruz, aunque no es tal en el sentido profundo del concepto pues si bien posee una Constitución propia y una división del poder bajo el mismo esquema de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hay normas y condiciones de Poder Político Federales con alcances mayores que los llamados Poderes locales.  

Al conformar un Pacto Federal puede haber diferencias entre las Constituciones de cada entidad federativa pero sobre éstas sólo hay una Constitución Federal que las condiciona y las unifica.  

Un delito común puede castigarse de diversas formas en distintas entidades pero si la gravedad del caso implica la atracción del delito por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) se ha de aplicar el Código Federal respectivo y ahí ya no hay variedad en cuanto a condiciones jurídicas.  

Pongamos otro ejemplo: el seis de junio del 2021 coincidieron elecciones federales y estatales en el caso veracruzano.  

De este modo se eligieron diputados federales y diputados locales así como alcaldes.  

En casos como Jesús Carranza, Acayucan, Oluta, Soconusco -del sur veracruzano- entre otras decenas de municipios se han generado impugnaciones a los resultados de los comicios.  

El proceso electoral 2020-2021 tuvo como organismos responsables -árbitros, entre otros de sus papeles- al Instituto Nacional Electoral -INE- para los comicios de diputados federales y al Órgano Público Local Electoral -OPLE- para la elección de legisladores locales y Ayuntamientos.  

Los casos donde no hay impugnaciones están definidos con triunfadores y derrotados.  

Ahí, no hay más que hacer al respecto, salvo iniciar el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales y concretar la toma de protesta de la LVI Legislatura Veracruzana.  

Empero, en los casos donde existe inconformidad con el resultado de la elección se han presentado ya las impugnaciones respectivas ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), una suerte de supervisor jurídicamente con mayor solvencia jerárquica constitucional y por ende, un Poder de decisión ajeno al OPLE.  

Aquí aparece el nexo entre lo Estatal y lo Federal: pues una vez resueltos los casos presentados ante el TEE, las partes no conformes con su decisión tendrían la oportunidad de solicitar la intervención de una jurisdicción con mayor alcance; a saber: el Tribunal Federal Electoral (TFE)  

Determinar si el demandante en efecto ha sido o es víctima de una violación a sus derechos electorales por el OPLE y por el órgano jurisdiccional especializado en el tema electoral de la entidad correspondiente, el TEE, será labor del TFE tomar en sus manos el caso.  

Obvio, para que el Tribunal Federal Electoral admita una impugnación que cuestiona el trabajo y decisión del Tribunal Estatal Electoral, hay requisitos de peso en términos de argumentación legal bien probada y correctamente sustentada en tiempo y forma.  

El Tribunal Federal Electoral representa la última instancia para resolver estos diferendos.  

Es la parte del Estado mexicano especializado en impulsar el respeto al estado de derecho denominado democracia; cuyo contacto común con el ciudadano de a pie suele representarse en las llamadas elecciones; aun cuando el concepto DEMOCRACIA representa mucho más elementos en la vida y convivencia sociopolítica de una sociedad determinada.  

(2)  

Al dar inicio a este texto partimos de un cuestionamiento:  

¿Se generaron elementos de Elección de Estado en los comicios 2020-2021 en la entidad veracruzana?  

Las detenciones de:  

Rogelio Franco Castán en Tuxpan  

Ramón Ortiz Cisneros en Coatzacoalcos…  

Gregorio Gómez en Tihuatlán…  

Nicolás Ruiz Rosete en Minatitlán  

Generan este cuestionamiento por el contexto de sus capturas: el desarrollo pleno del proceso electoral; las campañas federal y local.  

La presunción de inocencia o los elementos para presumir su culpabilidad no inspiran en absoluto los nexos de estas capturas con el papel del Estado/Gobierno en los comicios 2020-2021.  

El vínculo estriba en el contexto: ¿Por qué en plenas campañas? ¿Por qué el empleo de carpetas de investigación, de un delito a todas luces cuestionable como el de ultraje a la autoridad? ¿Por qué la eficiencia sospechosa de jueces para vincular a proceso a detenidos candidatos de partidos opositores en tres casos y lider partidista en un caso?  

Hemos escrito textos previos bajo la hipótesis de intervención del crimen organizado en los comicios de referencia.  

Aclaremos: observamos dos variables distintas en una misma complejidad político-electoral: El crimen organizado ha tomado parte en el desarrollo previo al proceso electoral institucional, así como durante su desarrollo.  

Institucionalmente el proceso electoral dio inicio el 15 de diciembre del 2020 y concluyó el 6 de junio del 2021.  

Antes de ese período hubo un papel directo de cárteles que en su lucha por hacerse del control de partidos políticos, de precandidaturas y candidaturas generaron hechos violentos con la muerte de ciudadanos cuyo objetivo específico era tomar parte de la lucha legítima por el Poder.  

Ya durante el período 15 de diciembre-6 de junio, ocurrieron más hechos violentos traducidos en amenazas, secuestros, ataques violentos, renuncias generadas por el miedo, muertes y en general elementos suficientes para alimentar unas elecciones teoricamente democráticas, en una pugna donde se mezcló la búsqueda del poder por el poder.  

Este elemento: la búsqueda del poder por el poder aparece en la definición teórica del Estado.  

Es importante, empero, no confundir la definición científico social de la Teoría del Estado con la delincuencia organizada.  

En la primera desde su faceta antigua -Feudal, pre Capitalista, Capitalista, Moderna, Contemporánea- se define la guerra como un elemento necesario para la generación de Paz que a su vez genera condiciones propias para el nacimiento de la nueva guerra.  

Empero, aquí hay elementos ideológicos de por medio.  

En el caso de la lucha delincuencial por el Poder Político hablamos de un sector poblacional que originalmente sirvió al Estado en la manutención de la Paz interna y posteriormente salió de control y busca nuevos espacios para alimentar su fuerza no institucional, alejada del Estado de Derecho y por tanto incapaz de generar Paz, sino una dinámica de violencia-violencia-violencia.  

(3)  

¿Qué ha ocurrido en los comicios 2020-2021 en Veracruz?  

• Se aprecian elementos de Elección de Estado  


• Se aprecian elementos de crimen organizado en funciones de Estado paralelo; es decir papel marginal a la Ley, violatorio del quehacer institucional y presente, cada vez más, como fuerza controladora de territorios específicos vía Ayuntamientos en entidades federativa, en este caso la veracruzana.