Maria M. Garayoa / Barcelona 

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La Caja de Solidaridad recoge donaciones solidarias de miles de personas anónimas que dan apoyo a las víctimas de la represión con la que España persigue las acciones democráticas y no violentas que caracterizan el movimiento independentista catalán. La crearon las organizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en el momento que España encarceló sus presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ahora, cuando hay 3.300 represaliados, la gestiona una asociación independiente. Desde el 2017 hasta ahora, la Caja de Solidaridad ha pagado 640.000 euros en multas y abogados de militantes de base y 14,4 millones de euros en fianzas impuestas por tribunales y órganos administrativos. Aparte de la desproporción de las fianzas y multas, veamos un ejemplo del abuso injustificado: la Caja de Solidaridad ha tenido que cubrir 4,1 millones de euros exigidos al gobierno catalán por el Tribunal Supremo por supuesta malversación en el referéndum de 2017 pero también 6 millones de euros exigidos por un juzgado de Barcelona a altos cargos por exactamente el mismo concepto!