Javier Roldán Dávila

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Acá, Watson sería un aprendiz  

Esta semana, el gobierno de Veracruz promulgó otro decreto contra ‘la tercera ola’ de COVID, el objetivo: reducir los contagios, ya que, en un lapso de tres semanas, pasamos de cuatro a 131 municipios en riesgo máximo.  

Queda claro que, la ciudadanía debe asumir el compromiso de contribuir a ralentizar la propagación del coronavirus, sin embargo, también es evidente que, los tres niveles de gobierno deben vigilar que se apliquen sus ordenanzas, de lo contrario, no sirven.  

En este sentido, las medidas de restricción a la movilidad son inviables, porque están diseñadas para una entidad que no tiene que ver con la nuestra. Veamos tres casos.  

Uno de los puntos estriba en ‘cerrar’ el primer cuadro de las demarcaciones en semáforo rojo, para ello, instalan retenes en los puntos de acceso, pero, si los comercios funcionan, el respetable llega caminando. Ayer, el centro histórico de Xalapa estaba a ritmo normal.  

Otra de las estipulaciones, radica en impedir que el transporte público circule con más del 50% de su capacidad, preguntamos: si los conductores ganan por boleto vendido ¿quiénes harán cumplir la prohibición? ¿los agentes de vialidad?, por favor, no se rían.  

Que antros y cervecerías sólo puedan admitir un 25% de aforo, es otra vacilada de risa loca: ¿acaso los mandamases ignoran cómo se gana el favor de los inspectores?  

Este es el meollo del asunto, cuando el Estado abdica de aplicar la ley y simula para fingir que cumple su papel, los de abajo simulan el doble.