RENÉ DEL VALLE BOSAS

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No es la primera vez que se habla de un eventual relevo en el Poder Judicial, donde todavía despacha como presidenta la magistrada Isabel Inés Romero.

Y tampoco es la primera vez que aparece el nombre del magistrado Esteban Martínez Vázquez  como un insistente aspirante a presidir el Tribunal Superior de Justicia.

Incluso se han atribuido a Esteban campañas y otras acciones que llevan la intención de evidenciar el mal trabajo de doña Inés como presidenta.

Los comentarios ubicando a Martínez Vázquez en la presidencia de ese Poder  arreciaron meses atrás luego de que el gobernador Cuitláhuac García ponderara públicamente su decisión de reducirse el sueldo.

Algo similar a lo que ocurre con la magistrada Ailett García Cayetano, quien no hace mucho fue mencionada en una conferencia de prensa de García Jiménez también porque accedió a apoyar la economía del TSJ.

El nombre de Ailet, hermana de la secretaria del Trabajo, Dorheny García Cayetano, y esposa del titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, ha sido incluida como una posible sucesora en la presidencia del Poder Judicial.

Pero más allá de quienes operan para que Isabel Romero se vaya de la presidencia del TSJ está la imagen nada positiva que se construye doña Inés por su aparente sometimiento a los dictados del gobernador.

Seguramente los lectores recuerdan que la señora presidenta adoptó y anunció medidas de austeridad luego de que recibió una “sugerencia” pública de Cuitláhuac en conferencia de prensa.

La misma Isabel decidió desaparecer juzgados también en aras de la austeridad, después de recibir otra “sugerencia” pública de García Jiménez, quien incluso le dio datos del poco rendimiento de dichos juzgados.

La más reciente medida adoptada por el Consejo de la Judicatura que preside Romero fue la destitución del juez José Alberto Cobos Hernández, quien concedió la libertad provisional al exdiputado del PRI Antonio García Reyes, a pesar de que mató a una menor luego de atropellarla por conducir en estado de ebriedad.

La decisión del cese del juez fue tomada por el Poder Judicial pocas horas después de que el gobernador diera a conocer que se reunió con doña Inés para pedirle que revisara el caso del juez Cobos y que tomara medidas al respecto.

Es decir, en ninguno de los casos hasta ahora mencionados se ha visto una decisión por iniciativa propia de Isabel Romero, sino por “sugerencias” del gobernador, lo que la hace ver como una funcionaria “autónoma” sometida a uno de sus pares, en este caso, al Poder Ejecutivo.

Nada bien le hace a la institución una presidenta que parece no tener voluntad propia y en cambio se le ve como si estuviera a la espera de las indicaciones de su jefe político para actuar.

Esta actitud hace ver mal no solo a la presidenta sino a todo el Poder Judicial, incluidos, por supuesto, los demás magistrados. Y por lo que se ve, ninguno de estos tiene la intención de corregir esa mala imagen que están dando.

¿Así van a continuar?

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