Héctor Raúl Rodríguez

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Desde una perspectiva política y social, algo no se debe estar haciendo bien en Veracruz o de plano se debe estar haciendo muy mal, como para que algunos círculos mediáticos y ciudadanos de a pie hayan comenzado a ver como una esperanza el sorpresivo fortalecimiento del grupo político del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a raíz de la victoria de Federico Salomón en la dirigencia estatal del PAN el domingo pasado y de la ratificación del triunfo de Patricia Lobeira de Yunes en la alcaldía del puerto de Veracruz.
Lo anterior refleja, por lo menos, un estado de ánimo que subyace en algunos sectores sociales de la entidad luego de tres años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación y que denota un mal humor social ante la forma de gobernar de los actuales inquilinos del Palacio de Gobierno, pero también por las expectativas de cambio no cumplidas y algunas políticas públicas francamente impopulares.
Entre estas últimas podría señalarse al menos dos, que si bien tienen que ver con una deficiente procuración e impartición de justicia, sea por inercias burocráticas o por consignas políticas, también han contribuido a generar una percepción negativa sobre la forma en que se conduce la actual administración estatal, pues ponen en tela de juicio, en términos llanos, el estado de derecho, y han dejado entrever que el cumplimiento de la ley y el respeto y colaboración entre los poderes públicos, estaría subordinado a los intereses políticos. Justo lo que hicieron las administraciones anteriores del PRI y PAN, y que los actuales ofrecieron cambiar.
Tales políticas negativas son, la primera, la reforma y aplicación a diestra y siniestra del delito de ultrajes a la autoridad, que ha hecho mucho ruido político en las últimas semanas luego de que el senador Ricardo Monreal, líder del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, retomara el caso de los seis jóvenes detenidos durante cuatro meses en Xalapa, hasta que un juez federal ordenó su liberación la semana pasada. Y no es que Monreal haya venido a agitar el avispero con la intención aviesa de encabezar una escalada de ataques a Veracruz, como lo han dicho los defensores a ultranza, en realidad lo que ha hecho es defender un derecho de los veracruzanos establecido en la Constitución, hacer visible que el delito de referencia ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y poner en la mesa del debate público algo que los expertos han sostenido desde hace meses: que el delito de ultrajes a la autoridad legaliza el abuso policiaco y criminaliza la protesta pública.
La segunda política pública negativa se refiere a la propensión del gobierno de Cuitláhuac García a desacatar las atribuciones que la Constitución Política local le confieren al Gobernador del Estado, en el artículo 49, fracción XIII, para cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los tribunales y disponer de lo necesario para que se cumplan. Un ejemplo de ello es el incumplimiento de los laudos laborales, donde en lugar de ceñirse al citado artículo constitucional, se ha apoyado en un Acuerdo administrativo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Atención de Pasivos Laborales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, publicado en el número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado de fecha 12 de marzo de 2019, mediante el cual se ha adoptado una estrategia dilatoria, que afecta la esfera de derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo decente.
Se trata solo de dos ejemplos que dan cuenta de situaciones que explican el clima social y político que enfrentan los veracruzanos en tiempos de la Cuarta Transformación y que no se corresponden con las expectativas de un gobierno democrático, cuyas raíces se supone se encuentran en las luchas progresistas e igualitarias de la izquierda.
Por eso llama la atención que desde el domingo pasado haya surgido en el escenario público local la opinión de que el eventual triunfo del grupo político del ex gobernador Yunes Linares tanto en la dirigencia estatal del PAN, como en la principal alcaldía del estado, la del puerto de Veracruz, pueda ser un motivo de esperanza para el golpeado y desalentado pueblo veracruzano, sobre todo porque es más que conocida la forma de operar y la línea dura con la que ese grupo hace política.
En síntesis, habría que reconocer, que en 2018 los veracruzanos no advertimos los rasgos autoritarios y de concentración de atribuciones, con los que lamentablemente hoy se conduce la administración estatal, los cuales han afectado el buen desempeño y los necesarios contrapesos de la división de poderes, pero quizá valdría la pena analizar que en el otro extremo también se incuba el huevo de la serpiente, una expresión que se popularizó a finales de los años 70 y principios de los 80 para alertar sobre inminentes peligros que se ciernen sobre una determinada sociedad.
En el caso de la película homónima del director del cine sueco Ernst Ingmar Berman, estrenada en 1977 y ambientada en el Berlín de los años 20, se explica que el futuro próximo de Alemania era predecible como un huevo de serpiente, a través de cuya fina membrana se puede distinguir el pequeño reptil ya formado.
Al alertar sobre el peligro que encierra una vez salido del huevo, el cineasta establecía un simbolismo con una sociedad alemana en la que ya se vislumbraba el totalitarismo nazi, algo que entonces nadie quería admitir a pesar de la virulencia del lenguaje que se utilizaba contra quienes no pensaban igual.
De vuelta a Veracruz, el problema es que si la actual administración estatal sigue como va, endureciendo sus políticas públicas y sin corregir el rumbo, es muy probable que en 2024 los veracruzanos vean a los Yunes efectivamente como una opción viable – ya lo hicieron en 2016 tras el desastroso gobierno de Javier Duarte – y entonces la entidad continuaría sumida un sexenio más en la lógica perversa de las vendettas políticas y de anteponer los intereses de las élites por encima de los intereses colectivos de los veracruzanos.