Agustín Contreras Stein

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DESDE que se inició este gobierno de la cuarta transformación, tanto a nivel nacional como estatal y hasta municipal, se ha venido diciendo que Miguel Ángel Yunes Linares, así como su familia, estaban en capilla, sencillamente, porque el gobierno actual los estaría investigando y vigilando de muy cerca, principalmente por diversas actividades realizadas en puestos públicos y que los habrían hecho ricos.

La verdad es qué al propio ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, lo señalaron en tiempo forma como responsable de muchas anomalías administrativas de cuando fue director del ISSSTE, y luego como gobernador de la entidad veracruzana, sin que, en ningún momento hayan salido las pruebas contundentes de su mal proceder y que por ello tuviera que ser sancionado, o puesto a disposición de alguna autoridad.

Hoy, nuevamente, se registran nuevos rumores de que toda la familia Yunes Linares y Yunes Márquez, estarían al borde de ser llamados a sentarse en el banquillo de los acusados, porque desde la federación se instrumentan las ordenes necesarias, después de que la unidad de inteligencia financiera, ha reiniciado las indagatorias y que se presume que de ellas están saliendo los datos o pruebas suficientes como para poner en serios aprietos a esta familia, que cierto es, siempre han estado poseyendo el poder político de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, como un bastión de su entera propiedad, sin que nadie, hasta el momento se haya atrevido a disputarle, salvo los Rementaría, que tampoco han hecho nada y menos el gobierno del Estado, que por alguna razón se ha quedado solamente en la pura observación.

Los Yunes, identificados como habitantes del estero, no se preocupan en lo más mínimo, ya que por más que les rasquen, no les encuentran nada, principalmente, porque lo que hayan hecho de mal como se presume, o han sabido hacer y muy bien, de tal manera que tanto para el gobierno federal, como estatal, será muy complicado, podría decirse imposible, para poder detectar el enriquecimiento ilícito, más en este momento en que las mismas autoridades federales, anuncian investigaciones al respecto, porque si de verdad tuvieran las intenciones necesarias y los elementos para poder proceder, no lo avisan, pues sencillamente actúan. Los Yunes, seguirán siendo intocables, aún cuando se diga que hay investigaciones y que éstas son en verdad serias, porque están fundadas y respaldadas por suficientes pruebas.

Y es que, la verdad de las cosas, ganas, quizá, no le falte al gobierno para poder proceder en su contra, pues independientemente de lo que pudiera encontrarse para castigarlos, hay incluso, cuestiones de carácter personal que el presidente ha perdonado, pero que no ha olvidado.

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TEATRO J.J. HERRERA, PARA ESTRICTOS ACTOS CULTURALES.

HACE BIEN EL AYUNTAMIENTO de Xalapa, en no permitir que empresas de espectáculos que no tengan una plena identificación con la cultura de esta capital, utilicen los espacios que están dedicados a la presentación de actos y obras que contribuyan a fortalecer la vida cultural de Xalapa, menos que éstas tengan como finalidad obtener beneficios económicos como los anunciados para el próximo once de marzo.

De esta manera, el ayuntamiento ha negado autorización para la presentación de un espectáculo, que volvemos a insistir, no aporta nada a la vida cultural de la ciudad, el cual se llevaría a cabo en el Teatro J.J. Herrera, y que se promociona a través de las redes sociales, lo que resulta fraudulento en virtud de que los empresarios no cuentan con el permiso correspondiente. El espacio que se pretendía utilizar es dedicado para eventos artísticos y culturales, preferentemente de manera gratuita.

La decisión de las autoridades municipales, ha sido bien recibida por la sociedad, en virtud de que se trata de preservar estos espacios solamente para las actividades netamente culturales como las que ya se programan entre el ayuntamiento y la universidad veracruzana, precisamente, para esas fechas en que se han estado promocionado las actividades empresariales a las que se les ha negado la autorización desde el pasado veintiocho de enero de este mismo año.

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DEROGACIÓN DEL DELITO “ULTRAJES A LA AUTORIDAD”, DETENIDA.

TAL VEZ, LOS MÁS RECIENTES acontecimientos políticos, impidan, aún más, la posibilidad de que el congreso local pueda acceder a terminar con el problema generado entre el gobierno estatal, y algunos actores políticos, representantes de la sociedad civil, organizaciones de abogados, académicos y muchos otros que se encuentran interesados en que este numeral del código penal, desaparezca, evitando que haya más casos en los que se pudieran integrar algunas conductas como actos de ultrajes a la autoridad.

No se trata, como dice la opinión pública, de favorecer encuentros o desencuentros políticos, sino de establecer la pacificación social y dar paso a la tranquilidad del pueblo, sin que esto signifique dejar de observar estrictamente las leyes y menos de permitir que haya, en determinado momento, detrimento al estado de derecho.

Aunque ya ha sido enviada la correspondiente iniciativa gubernamental para reformar el articulado que contiene esta ley, ésta ha sido detenida, quizá en espera de tomar las cosas con mayor calma y prudencia, pero que no debe quedarse paralizada por más tiempo, ya que los problemas que han surgido pudieran recrudecerse desfavorablemente para el propio gobierno.

No es, también, cuestión de ceder y perder, porque muchas veces, se gana perdiendo y si eso fuera, lo cierto que los ganadores serían los mismos gobernados, es decir, el mismo pueblo que ordena y manda.

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.

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