Aquiles Córdova Morán

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Desde el inicio del Gobierno actual, los antorchistas dijimos que la forma de acabar con la corrupción no puede ser la pura persecución y el encarcelamiento de los corruptos del pasado, mientras quedan impunes los del presente. Lo decisivo, afirmamos, son medidas de control, supervisión y transparencia en el manejo de los recursos públicos y la mano firme para el cese fulminante de los infractores. Esto es lo único que puede impedir que el fenómeno de la corrupción siga medrando y floreciendo en el presente para luego ser “castigado” en el futuro. Tenemos claro que las medidas administrativas con candados de seguridad para cortar de tajo el rebrote, no son excluyentes con la persecución y el castigo de los infractores del pasado; pero que sí es inadmisible, algo que huele a simulación y a farsa, centrarse en la persecución de los corruptos de antes mientras se perdona y hasta se encubre y protege abiertamente a los ladrones actuales. Tal política convierte el problema en un cuento de nunca acabar.
Desde su recorrido por el país agradeciendo la confianza y el voto popular a su favor, el presidente difundió, “urbi et orbi”, lo que sería la viga maestra de su combate a la corrupción: eliminar de tajo a todas las organizaciones que, fingiendo defender los intereses del pueblo pobre, exigen recibir, administrar y repartir los recursos destinados a atender las necesidades más urgentes de ese mismo pueblo con el único propósito de quedarse con la mayoría del dinero (“moches”, “piquete de ojos” les llamó), mientras a los verdaderos necesitados solo les entregan migajas. El presidente repitió cientos de veces que “eso se acabó”; “no vamos a permitir ninguna clase de intermediarios”; “nada de que dame tanto porque soy de la organización fulana, del zapatismo o de la antorcha mundial”. Ahora, la ayuda se entregará directamente a los beneficiarios. El discurso sonaba bien y mucha gente lo creyó. Pero, como dice el refrán, “en los detalles está el diablo”.
Primero. Nunca existió (ni existe) un estudio serio y documentado sobre cada una de las organizaciones que López Obrador se propuso desaparecer metiéndolas en el mismo saco. Hoy mismo, muchos siguen pensando que el presidente tenía razón, porque a simple vista se puede ver que todas ellas vivían del negocio de la “defensa de las causas populares”. Pero nosotros seguimos sosteniendo que, al menos en el caso del Movimiento Antorchista, había y hay diferencias que no nos permiten ponernos ese saco. Y la prueba irrefutable de esto es que, a pesar de ser los más atacados e infamados por el presidente, y a pesar de habernos cerrado a piedra y lodo las puertas de su gobierno, seguimos intactos y nuestra labor de educación y organización en el seno de las masas continúa sin interrupción, salvo las que nos impone la pandemia. Con hechos le hemos demostrado a López Obrador que nosotros no vivíamos ni vivimos de “moches” ni de estafar al pueblo humilde, como él asegura sin pruebas.
Aunque no sea el tema de hoy, me desvío un poco para referirme a la última acusación presidencial. En nombre de los antorchistas, hice pública mi oposición al cierre de las escuelas de tiempo completo porque deja sin enseñanza de calidad, sin educación física, deportiva y cultural, sin protección contra la violencia y la descomposición social que reina en las calles y sin el apoyo alimentario que brindan esas escuelas, a 3.6 millones de escolares. La secretaria de la SEP, Delfina Gómez, justificó esa injusticia social alegando que hay muchos planteles sin drenaje, sin agua y sin luz, y que había decidido dedicar todos los recursos del programa “La Escuela Es Nuestra” (del que se deriva el presupuesto para las escuelas de tiempo completo) para dedicarlos a atender esta emergencia. Llamé a recordar que esas carencias “prioritarias” se habían hecho públicas en lo más duro de la pandemia, cuando el presidente hablaba de volver a clases presenciales, y que padres y madres de familia, estudiantes, profesores y organizaciones populares, exigieron a la secretaria Gómez que las atendiera antes del regreso a clases, por ser cuestión de vida o muerte, sin que ella hiciera el menor caso. Por esta razón, dije, no es sincera su prisa por hacer ahora lo que se negó a hacer entonces.
Me referí también a que el presidente daba una versión diferente: no se trata de falta de dinero, dijo, sino del combate a la corrupción que hay en el manejo de esas escuelas. Las estamos auditando y limpiando, pero no desaparecerán; solo que ahora el dinero se entregaría directamente a los beneficiarios. La vieja canción que ya conocemos que, en este caso, resulta simplemente absurda porque no hay intermediarios que se queden con los “moches”. Todo lo maneja la misma SEP; de donde se deduce que es el mismo truco de siempre para justificar la supresión de un programa más de beneficio popular. Ambas “explicaciones” son falsas, concluí.
No sé si fue una respuesta o no, pero el hecho es que, poco después, en su mañanera desde Tapachula, Chiapas, el presidente lanzó el disparate de que Antorcha Campesina recibía diez mil millones de pesos anuales de la antigua SEDESOL. No sé tampoco si esta primera cantidad le pareció insuficiente para escandalizar a su público y moverlo a condenar con más energía a los antorchistas, pero el caso es que seis días después, ahora desde Palacio Nacional, dobló la apuesta: ya no son diez mil sino veinte mil millones de pesos lo que se llevaban los antorchistas. Es obvio que la misma desmesura de la acusación la hacen no solo evidentemente falsa, sino absolutamente imposible; pero detrás de ella se esconde una verdad irrefutable: la desaparición de las escuelas de tiempo completo es un hecho y tanto el discurso de AMLO como el de la secretaria de la SEP son una cortina de humo para esconder el desaguisado.
Una prueba segura de esto es que el presupuesto para su funcionamiento fue eliminado del PEF desde el año pasado, y que fueron las denuncias y las protestas de la gente las que obligaron a la SEP a remendar el entuerto con parte del recurso del programa “La Escuela Es Nuestra”, como dijo la secretaria Gómez, aunque ocultando la parte más importante de la verdad. Los renovados ataques presidenciales contra Antorcha buscan quitar todo crédito a una voz solidaria con los niños y niñas que quedan en la calle gracias a su medida autoritaria contra esas escuelas.
Retomo mi tema de hoy. Segundo. El discurso de entrega directa del recurso a los beneficiarios ha resultado otra farsa que la práctica se ha encargado de desnudar. Esa “entrega directa” está en manos de un ejército de morenistas disfrazados de “servidores de la nación” y a sueldo del gobierno, que entregan el recurso a la gente junto con el mensaje de que todo se lo deben al presidente y a Morena, por lo que quedan obligados a apoyar a ambos y a votar siempre por sus candidatos: de esto hay múltiples testimonios de primera mano que omito hoy por falta de espacio. Así, el combate a los intermediarios y a los “moches” ha devenido en una simple y desvergonzada maniobra clientelar y electorera. Pero los daños no acaban aquí. La batida morenista contra la organización popular dejó a las clases más humildes en la más absoluta impotencia para ejercer sus derechos de organización, petición y protesta pública y para exigir la atención de sus legítimos reclamos. Ahora, quieran o no, deben atenerse a lo que decidan los funcionarios y esperar pacientemente a que estos se acuerden algún día de hacerles justicia. El progreso de pueblos y colonias marginados, urbanos y rurales, está totalmente paralizado.
AMLO destina casi todo el presupuesto nacional a solo dos conceptos “prioritarios” para él: 1) los programas sociales de transferencia monetaria directa; y 2) las llamadas “obras emblemáticas” de la 4T (el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Ferrocarril Transístmico y el Aeropuerto Felipe Ángeles), sin importarle si el PEF alcanza para todo lo demás o no. Resultado: tenemos aeropuerto nuevo pero faltan vacunas, medicinas, material y equipo para hospitales y clínicas; se cerraron los comedores comunitarios, las estancias infantiles, los albergues para mujeres violentadas; se cancelaron las despensas, se gastaron el dinero de los fideicomisos que protegían proyectos esenciales de los vaivenes de la política sexenal; las víctimas de la pandemia rondan el medio millón y las del crimen organizado rebasan con mucho las 100 mil; la economía no crece, el desempleo y la pobreza laboral aumentan; la inflación rebasa el 7%; la educación está en crisis y ahora van contra las escuelas de tiempo completo.
Según datos del INEGI, en el país hay un millón, 482 mil 785 manzanas que forman el entramado urbano nacional. De este total, había en el 2020 un millón 170 mil 612 manzanas (el 79%) que no contaban con rampas de acceso para discapacitados en sus vialidades; un millón 170 mil 612 no contaban con pasos peatonales; 420 mil 459 carecían de banquetas; 268 mil 962 carecen de alumbrado público; 488 mil 620 carecen en absoluto de vegetación; un millón 461 mil 414 carecen de semáforo para peatones; un millón 91 mil manzanas están sin drenaje pluvial y un millón 78 mil carecen de transporte público. En casi todas, el ambulantaje y los puestos semifijos desbordan las calles por falta de empleos bien remunerados. (Los datos están tomados del artículo “La otra infraestructura” de Mario Luis Fuentes, 20 de marzo). En su día, la gran mayoría de estas carencias formaban parte de la agenda de lucha de pueblos y colonias organizados y dirigidos por los líderes antorchistas.
Otro ejemplo. La comunidad de Sarabia, Zacatecas, es la “zona cero” de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los habitantes del lugar cuentan que los delincuentes “llegaron como gente del gobierno y se miraban como soldados”. Un adulto mayor afirma que “hasta se sentían cuidados pensando que los delincuentes eran del ejército y por eso no los reportaron”. Pero “Tras algunas semanas de haber estudiado el terreno, comenzaron las agresiones a la población”. Entonces se quejaron a las autoridades, “pero nunca tuvieron respuesta”.
“Los habitantes denuncian que decenas de campesinos, hombres jóvenes en su mayoría, fueron desaparecidos. «Al principio comenzaron a llegar y a agarrar gente, a levantar gente y llevársela, chavalos que se los llevaron, nunca regresaron, no sabemos qué pasó, si les quitaron la vida o los traen trabajando con ellos, realmente levantaron muchos chavos de todos los ranchos y eso es lo que hicieron con toda esa gente». Al final llegaron los saqueos generalizados y las amenazas directas…” Por el miedo, una tarde de hace dos semanas, la población se reunió en forma clandestina y decidió huir masivamente, dejando todo en el abandono”. Solo entonces la autoridad dio señales de vida.
Los dos ejemplos dejan claro el desamparo y la indefensión total que señalo. Los antorchistas siempre hemos sostenido que, contra esos abusos, indiferencia y peligros, el arma más eficaz es la organización popular, como lo descubrieron por casualidad (y empujados por el miedo) los habitantes de Sarabia, Zacatecas. Pero AMLO, en nombre del combate a la corrupción, ha despojado al pueblo de esa arma de defensa que no solo es la más poderosa, sino también la única que tiene a su alcance. Antorcha buscaba y busca la organización del pueblo, estrictamente pacífica y defensiva pero no casual ni de corta duración, sino absolutamente consciente y permanente, lista y dispuesta a actuar siempre que sea necesario. Los bloqueos y ataques infundados de López Obrador en contra de organizaciones populares como Antorcha Campesina desarman al pueblo de lo último que le queda y lo dejan inerme ante sus enemigos: la delincuencia, la marginación y la pobreza, como lo prueban los dos ejemplos citados. El error y sus consecuencias.