Francisco Cabral Bravo

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Siempre he desconfiado de las organizaciones políticas sociales, civiles o incluso deportivas que se construyen y edifican en torno a un personaje. Una sola personalidad que convoca, organiza, aglutina y sienta las bases fundadoras para cualquier organización. En el sector social, las asociaciones filantrópicas se concentran y trabajan por años en conseguir la "institucionalización" que les permita sobrevivir y crecer, más allá de sus fundadores.

Recordemos que se requiere por lo menos el 3% de firmas de la lista nominal de 17 de las 32 entidades federativas, además, el mismo porcentaje de la lista nominal nacional, esto por lo que hace a la solicitud de los ciudadanos que, por supuesto, en este caso, sobrepaso, dicho mínimo indispensable con 6 millones 127 mil firmas recabadas, equivalente al 6.6% de electores y con casi 3 millones validadas por el INE. Ahora, por llevar a cabo la validez del proceso de revocación se requiere la participación mínima del 40% de electores, es decir poco menos de 38 millones de mexicanos que deben votar y la mayoría de ellos en un mismo sentido.

Este 10 de Abril coinciden dos fechas históricas para nuestro país, la  primera es el cobarde asesinato de un transformador revolucionario, el Caudillo del Sur, el general Emiliano Zapata, la segunda, es el inédito ejercicio de revocación de mandato que podrá realizarse cada 3 años, tomando en cuenta que puede darse también en cada entidad federativa con los titulares de las gubernatura, si  así la ciudadanía lo decide  mediante el procedimiento señalado. Sería deseable que este mecanismo fuera un hábito de trienio y forme parte del Presupuesto de Egresos de la Federación y de los estados. Incluso, este ejercicio debiera equiparar el piso mínimo de votos qué le da vinculatoriedad con porcentaje de los votos obtenidos por el mandatario calificado, demostrando si aún cuenta o no con la legitimidad que colocó al gobernante en el cargo.

La revocación de mandato debe fomentarse a nivel nacional, pues ratifica también la presencia electoral y de operación política de regidores, alcaldes, gobernadores y liderazgos de organizaciones políticas que integran el movimiento de regeneración nacional, mismo que es sabido se compone de múltiples expresiones y no necesariamente sólo de militantes, de hecho, estos últimos son la minoría.

Los liderazgos locales se ponen a prueba, es un laboratorio electoral donde también se definirán, de manera anticipada, quién es quién en la influencia política nacional y, sin duda, beneficia la legitimidad que requiere el Presidente para que su legado se garantice al 2024 y, por qué no decirlo, al 2030, es avalar las becas a los jóvenes y los apoyos a los adultos mayores, entre otros, traducidos hoy en derechos constitucionales.

Sin duda, beneficia a la economía interna, ya que las campañas que realizan los ciudadanos y su movilización utilizan la infraestructura operativa que se requiere en una elección con las magnitudes casi similares a la de una federal. La revocación de mandato beneficia a la cultura y a la historia de la democracia en México, donde una vez más la innovación de un movimiento social escribe una página junto al pueblo de México.

Según la página oficial del (INE), "la revocación es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza". Han dicho que "la revocación es un derecho de los agraviados", no de seguidores. Pese a que el debate ha sido acalorado, lo cierto es que, hasta el momento, la revocación de mandato no ha logrado emocionar a la sociedad ni a convertirse en la gran batalla que muchos pretendían que fuera. La pregunta flota en el ambiente, ¿Cuánta gente participará? El más reciente sondeo publicado por El Financiero indica que la participación en la consulta podría estar entre 18 y 27%.

Los posicionamientos a favor y en contra siguen presentes.  Habrá que esperar el resultado final de este ejercicio. Dejemos a un lado ideologías, seamos pragmáticos: todo gobierno democrático tiene la obligación de ver primero por el bienestar de su país.

En algún momento el tigre (o águila calva) reaccionará, si México no hace lo primero.

En otro orden de ideas vivimos hoy una realidad en la que es muy fácil perder la objetividad, ya que en ocasiones, sostenerla es ir en contra de las creencias más extendidas. Sin embargo, es precisamente en esas circunstancias cuando es más útil preservar la objetividad, con independencia de lo que piensen otros. Le explico algunas de esas  percepciones que hoy dentifico. Dice el canciller Marcelo Ebrard que la reforma eléctrica es un tema del Congreso, de política en interior, no exterior, interrogado durante su gira por Oriente Medio, respecto a las declaraciones del embajador Ken Salazar, quién manifestó su preocupación por la aprobación de la reforma eléctrica y demandó respeto a los contratos ya firmados para evitar el retiro de inversiones por parte de empresarios estadounidenses. El embajador sostuvo que percibe una situación "difícil", donde "no sé a qué vamos a llegar".

No fue una queja aislada. Empresarios y legisladores, que de éste y del otro lado de la frontera han expresado su preocupación por las leyes aprobadas en 2021 y cuya constitucionalidad estará a debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que se suma a la propuesta de reforma constitucional que el Presidente quiere que esté aprobada antes del feriado de Semana Santa.

Katherine Tai, representante comercial del gobierno de Estados Unidos,  expresó serías preocupaciones sobre las políticas energéticas en México, que "dañan el medio ambiente y a los intereses de negocios e inversionistas".  Lo dijo en un encuentro virtual con legisladores, empresarios y asociaciones medio ambientalistas de su país.

Katherine Tai habló de los cambios aprobados en 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México, que han ocasionado, dijeron empresarios y legisladores, "retrasos crónicos en los permisos para las instalaciones de energía renovable y los cierres abruptos de numerosas terminales de combustible cerca de la frontera con los Estados Unidos".

En el boletín difundido por la oficina comercial se dice que los participantes en la reunión virtual señalaron que "estas situaciones están debilitando la confianza de los inversionistas en México, a expensas del medio ambiente, restringiendo las exportaciones de combustible a Estados Unidos y perjudicando los esfuerzos para mejorar la competitividad de América del Norte". Estás políticas, agregaron, "paralizan la expansión del desarrollo de energía renovable en México y obstaculizan los esfuerzos para lograr los objetivos ambientales y climáticos para las comunidades en toda América del Norte". Tai concluyó la reunión diciendo que el USTR continúa analizando el cumplimiento de México con sus obligaciones en el T-MEC.

Se equivoca Ebrard al considerar que éste es un tema de política interior. Golpea a lo más profundo de la relación de México con el mundo y en particular con los Estados Unidos y la Unión Europea. El eje, debería ser, de nuestra inserción en el mundo.

Para finalizar, como lo he comentado en columnas anteriores el INE somos todos. Los ciudadanos son quienes con capacitación y supervisión del INE presiden las casillas, cuentan los votos, y emiten los resultados que publican en la misma casilla y hacen llegar al INE. Despolitizar este ejercicio electoral, hacerlo independiente de los partidos para contar con un árbitro confiable fue un proceso largo de recorrer. Se logró tras décadas de negociaciones en diversas reformas políticas.

Se buscaban equilibrios que funcionaran con legitimidad y confianza ciudadana. Hoy, el INE es modelo mundial para celebrar elecciones sin conflictos post electorales y resultados aceptados por partidos y ciudadanía.

Ponernos de acuerdo en cómo construir órganos autónomos, independientes del gobierno, para realizar elecciones, profesionalizar su persona y emitir las nuevas credenciales electorales, hoy utilizadas como identificación nacional, no fue fácil, pero al final expulsar la presencia del gobierno en el proceso electoral se logró. El otro reto era elegir consejeros. Tomó tiempo y muchas discusiones entre partidos y gobierno. Lograr la imparcialidad de los consejeros era difícil pues no hay nadie políticamente puro, es decir, por desarrollo profesional, de vida, de logros, siempre había un sesgo hacia alguna ideología o posición política. Por tanto, se estipuló la no militancia partidista en la elección de consejeros, pero se respetaron los perfiles, se prefirió analizar honestidad, capacidad, reconocimiento, trayectoria, por parte de los partidos.

El árbitro electoral para legitimarse debía cumplir el requisito de que se podría desempeñar como profesional, con apego a la legalidad y por lo tanto a la imparcialidad. Fue el mejor método que se logró por consenso y se acordó que debían ser electo en la Cámara de Diputados por 2/3 partes del pleno, lo que significa que por lo menos de dos a tres partidos deberían otorgarle su voto. El método funcionó, Jose Woldenberg fue Presidente del Consejo durante la transición d2000, y el entonces IFE cumplió su papel con la primera alternancia del poder en la Presidencia, sin conflictos postelectorales. Desde entonces ha cumplido su labor. La iniciativa de reforma electoral es un retroceso. Nuestra esperanza para 2024 es un INE autónomo, fuerte y confiable. La opinión pública si se expresa pesa en defensa del INE. Titánica tarea tienen los diputados federales para comenzar a perfilar una enésima reforma electoral. Ya se dio un primer choque entre morena y la oposición en una reunión de la Comisión de Reforma Política-Electoral, creada desde esta legislatura como instancia ordinaria la ruta se ve larga y sinuosa.