Javier Roldán Dávila 

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Gracias al gatopardismo, ya se incuban los nuevos García Luna  

La extradición de Honduras a Estados Unidos, del expresidente del país centroamericano, Juan Orlando Hernández, es una circunstancia que no debemos perder de vista, por una razón: quizá sea un ensayo de la justicia norteamericana para futuras ocasiones.  

El político hondureño está acusado, por la Corte Federal, de haber recibido millones de dólares de “una red que canalizaba cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. Usó el dinero, dice la acusación, para enriquecerse, financiar su ascenso político y posteriormente permanecer en el poder”.  

En pocas palabras, el fiscal general, Merrick Garland, señaló: “Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado”.  

¿Les suena familiar la acusación?  

Hay que recordar que, en México, la relación de los políticos con los narcotraficantes es añeja, no obstante, durante los procesos electorales concurrentes de 2021, la complicidad alcanzó niveles insospechados, al grado que la alianza PAN-PRI-PRD, denunció ante la OEA, la supuesta participación del crimen organizado en las elecciones.  

Esta ‘supuesta intervención’, fue documenta periodísticamente, sobre todo en entidades de la vertiente del Pacífico, para más precisión: Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora.  

Así pues, para justificar el título de este comentario, cerramos con lo dicho por Anne Milgram, funcionaria de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés): “Si acepta sobornos, si trafica con drogas mortales, si protege los cárteles, si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los cárteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerlos responsables de sus crímenes. Si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado”. Trompo a la uña.